Nombramiento de representante sindical paraliza Junta Directiva de CCSS en plena pandemia

Institución envió consulta a la Procuraduría General de la República para verificar legalidad de la designación de Martha Rodríguez como representante de los trabajadores; mientras tanto la sesiones están suspendidas

El nombramiento temporal de la experimentada líder sindical, Martha Rodríguez González, como representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) paralizó las sesiones de ese órgano desde la semana anterior.

Ese hecho ocurre en momentos que el sistema sanitario lucha para evitar el colapso de clínicas y hospitales por los contagios de covid-19.

La sindicalista indicó que Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, expresó dudas sobre la legalidad de su designación, pues la Ley Constitutiva de la Caja establece, en el artículo 7, que los miembros de la Directiva no pueden ser empleados de la institución.

Rodríguez, de 61 años, ocupa una plaza de diplomado en laboratorio clínico en el Hospital de San Carlos, pero mantiene un permiso sin goce de salario para ejercer como dirigente sindical en la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

Ante esa situación, los directivos acordaron enviar una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si Rodríguez puede ser o no parte de ese cuerpo colegiado.

“La Junta Directiva acordó enviar una consulta a la Procuraduría relacionada con el hecho de ser funcionaria de la Caja, si procedía (el nombramiento). Sin embargo, la experiencia es que ha habido otros funcionarios de la Caja nombrados como miembros de la Junta Directiva, como el caso de Ileana Balmaceda”, manifestó Rodríguez.

Balmaceda ocupó la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).

La oficina de prensa de la Caja confirmó que están a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría para retomar las sesiones.

Las reuniones de Junta Directiva son claves para la toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento del sistema hospitalario nacional.

Según la normativa, dicho órgano sesiona una vez por semana de forma ordinaria y tiene la potestad de programar jornadas extraordinarias para la discusión de asuntos urgentes, lo cual ha sido usual desde marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de covid-19 en el país.

A la espera de respuesta

La dirigente sindical indicó que el objetivo de acudir a la Procuraduría es evacuar las dudas de sus compañeros de Junta Directiva y garantizar la legalidad de los acuerdos futuros.

Dicha entidad confirmó que recibió la consulta. No existe un plazo establecido para brindar una respuesta.

“La Procuraduría General de la República recibió una consulta el 13 de enero anterior por parte de la CCSS y la misma solicita el criterio jurídico sobre nombramiento provisional de miembro de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sobre la existencia o no de una prohibición absoluta para que un funcionario de la CCSS sea miembro de la Junta Directiva”, declaró el abogado del Estado por medio de su oficina de prensa el pasado 15 de enero.

“Yo estoy a la espera de lo que decida la Procuraduría, creemos que esa consulta debía darse para que se aclare en definitiva el asunto, aunque ya existen pronunciamientos de la Sala Constitucional en otros temas, pero si la consulta le da tranquilidad a otros miembros de Junta Directiva yo no veo inconveniente”, agregó Rodríguez.

La sindicalista es funcionaria de la Caja desde 1979, pero desde el 2001 está al frente de organizaciones sindicales. Llegó al puesto en sustitución del economista, Mario Devandas Brenes, quien falleció el 25 de diciembre anterior.

Por otra parte, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social está integrada por el presidente ejecutivo, el cual es nombrado por el Consejo de Gobierno.

Además, la conforman dos representantes del Poder Ejecutivo, tres representantes del sector patronal y tres representantes de los trabajadores.

De acuerdo con la legislación vigente, para sesionar se requiere la presencia de cinco miembros. Cada integrante gana una dieta de ¢52.058 por sesión.