Ángela Ávalos.   22 agosto
El Secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) Rodrigo López, reconoció que gracias a "colaboradores ocultos" quienes no quisieron elaborar informes sobre la situación en los hospitales durante la huelga, evitaron las órdenes sanitarias qu habrían puesto fin al movimiento. Foto captura de video

El Ministerio de Salud presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía por el supuesto ocultamiento de información durante la huelga en la Caja, para impedir órdenes sanitarias que habrían puesto fin a las protestas en hospitales públicos.

La denuncia está ahora en manos de la fiscala general, Emilia Navas, y es contra persona ignorada, aunque surge de las declaraciones hechas por el secretario general de la Asociación de Profesional en Enfermería (ANPE), Rodrigo López García.

Este dirigente sindical reconoció públicamente, en una asamblea general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), del 13 de agosto –un día después de que finalizara la huelga–, que gracias a “colaboradores ocultos” evitaron las órdenes sanitarias.

"(...) el Ministerio de Salud ha puesto la denuncia ante el Ministerio Público para que haga las investigaciones respectivas puesto que esto se constituye en un delito penal y está poniendo en riesgo claro la salud de la población”, manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza.

Esos “colaboradores” no suministraron los informes necesarios sobre la situación de los hospitales durante la huelga.

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"La denuncia MS-DM-3544-2019 busca que se determine responsabilidades y la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos al encubrir supuestamente información, obstaculizando la labor que debe desempeñar el Ministerio para procurar la salud pública.

“En esa línea, los datos sobre la afectación real de los servicios esenciales de salud resultan evidencia vital para girar las órdenes sanitarias correspondientes”, informó Salud en un boletín de prensa.

La huelga en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se prolongó durante ocho días – del 5 al 12 de agosto, inclusive–, y dejó 82.000 citas pendientes, más de 1.600 operaciones sin hacer y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos sin realizar.

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“Debido a la supuesta obstrucción en la reciente huelga de los servicios de salud por parte de algunos colaboradores del sindicato, el Ministerio de Salud ha puesto la denuncia ante el Ministerio Público para que haga las investigaciones respectivas puesto que esto se constituye en un delito penal y está poniendo en riesgo claro la salud de la población”, manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza.

Para finalizar esta protesta, Gobierno, autoridades de la Caja y sindicatos suscribieron un acuerdo el 12 de agosto en donde se comprometen a elevar un diferendo por el pago de anualidades y pluses a la vía judicial, lo cual podría implicar cinco años o más en un tribunal contencioso administrativo en espera de una sentencia definitiva.

Mientras llega ese fallo, la CCSS acordó respetar otro acuerdo, del 20 de febrero, para mantener el pago porcentual de las anualidades y pluses acumulados al momento de entrar en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, en diciembre del 2018.

Ante consultas reiteradas de La Nación, la CCSS solo ha informado de que “se encuentra en el proceso de análisis y elaboración del documento que será remitido a las instancias correspondientes. Una vez que se proceda con la presentación formal, estaremos dándolo a conocer al país”.