Miles de citas y decenas de operaciones fueron suspendidas el lunes 25 de junio para que los funcionarios de la CCSS se incorporaran a la primera manifestación contra el plan fiscal.
Esta afectación de los servicios de salud fue tomada en cuenta por el Juzgado de Trabajo de San José para declarar ilegal ese movimiento, casi cinco meses después de que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitaran la declaratoria.
LEA MÁS: Reforma procesal laboral aumentó conciliaciones
Este movimiento fue el primero de este tipo en Costa Rica desde la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, el 25 de julio de 2017.
Según informó la institución en un comunicado de prensa, la jueza Peggy Corrales Chaves enfatiza en el “carácter de prohibición” que existe sobre la realización de huelgas en servicios públicos esenciales, como la salud.
“El sector salud es un servicio público esencial, por lo que encaja dentro de la prohibición del derecho a huelga, toda vez que no se puede privar a la población costarricense de tales derechos. Por todo lo expuesto y de acuerdo con la Constitución Política, normativa laboral, jurisprudencia, tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, por ser servicios públicos esenciales se debe declarar la calificación de huelga solicitada como ilegal”, sostiene la sentencia, según la CCSS.
Wady Vega Solís, jefe de la sección notarial de la Caja, aclaró que esta es una sentencia en primera instancia judicial.
“Falta ver si se va a a pelar. Esperamos que la sentencia quede en firme”, manifestó el abogado.
LEA MÁS: Huelga realizada hace cuatro meses sigue en espera de sentencia final
La notificación de la sentencia se recibió este lunes. Se esperará la declaratoria en firme para proceder a aplicar las medidas administrativas que correspondan, informó la CCSS.
La firmeza dependerá de si hay apelaciones por parte de los sindicatos que deba conocer el Tribunal de Trabajo.
Otras tres instituciones, además de la Caja, plantearon la solicitud de ilegalidad ante los tribunales.
Quedaría por resolver la del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Otro juzgado de Trabajo declaró ilegal la huelga contra el plan fiscal que afectó los servicios de salud en los hospitales públicos desde el 10 setiembre.
En una sentencia del 1.° de octubre, la jueza Susana Porras Cascante concluye, entre otras cosas, que las huelgas están prohibidas en servicios esenciales, como los que se brindan en clínicas y hospitales públicos, pues así lo establece el Código de Trabajo y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo adoptadas por Costa Rica.
Cinco días después, un arreglo entre autoridades de la CCSS y dos de los sindicatos más importantes en esa institución, puso fin a la paralización de servicios, que costó, según cálculos preliminares, pérdidas por ¢12.000 millones.
En 26 días de esta huelga, se habían perdido 129.935 citas y 3.706 operaciones.
Esta declaratoria no ha quedado aún en firme.