Por: Ángela Ávalos.   12 julio
La mesa de diálogo inició funciones el 3 de abril del 2017. La primera reunión se celebró en el Centro de Desarrollo Social, en San José. Esa mesa estaba integrada por representantes laborales, estatales y patronales, con apoyo técnico de instituciones como la Supén. Foto: Albert Marín.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó más estudios técnicos para tener claros los escenarios que le permitan garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Siete directores acordaron este jueves, de manera unánime, acoger las recomendaciones de la mesa de diálogo que se integró hace un año con el encargo de eleborar propuestas de reforma. No se presentaron a la sesión ordinaria dos directores.

Por ahora, no se ha discutido ni tomado ningún acuerdo para variar la edad de retiro (actualmente, 65 años), el número de cuotas mínimo (300) y los beneficios (una tasa de reemplazo cercana a un 60% del promedio salarial de los últimos 20 años).

El gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes Espinoza, dijo que de las 33 recomendaciones planteadas por representantes estatales, patronales y laborales a inicios de noviembre, la Junta acogió todas las 29 relacionadas con acciones para mejorar la gestión de los recursos de ese régimen.

Entre esas 29 propuestas de la mesa de diálogo están las estrategias para aumentar la cobertura de afiliados; el fortalecimiento de la relación con la Superintendencia de Pensiones (Supén), y las campañas de educación para que los más jóvenes entiendan la importancia de cotizar para la seguridad social.

Estas medidas trasladarían el primer momento crítico del IVM para el 2038. Originalmente, se tenía previsto que la primera reserva estratégica del régimen entraría en crisis en el 2032.

También la Junta Directiva acordó establecer cinco años como plazo máximo para realizar los estudios actuariales independientes que permitan vigilar la condición del régimen, todo en el marco de una mesa de diálogo entre los diferentes sectores sociales.

Del resto de las propuestas, dos son de resorte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, porque implican reformas de ley para el traslado de fondos provenientes del Banco Popular y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Entre las dos fuentes, se inyectarían ¢85.000 millones anuales. Para hacer esos traslados, se requieren proyectos de ley que pasen en el Congreso.

Los directivos, explicó Barrantes, además decidieron lo siguiente:

- Solicitar a la Gerencia de Pensiones la política y estrategia de inversiones para mejorar los rendimientos del fondo del IVM.

- Acelerar el escalonamiento de las cuotas del régimen de IVM, que actualmente es de un 0,5% cada cinco años, y reconocer un 1% (cuantía adicional) no cada 20 sino cada 25 años. Sobre estas medidas se está pidiendo a la Gerencia de Pensiones y a la Dirección Actuarial elaborar escenarios sobre sobre posibilidades de gradualidad para ver el efecto de estas medidas en la población trabajadora.

- Estudiar los impactos de la robotización en el mercado laboral.

- Presentar opciones de retiro gradual para las personas.

Estas dos últimas no están dentro del pliego original de 33 propuestas, sino que fueron sugeridas a posteriori por Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja.

"La Junta Directiva quiere tener más información sobre el impacto de las recomendaciones de la mesa. Nosotros estaríamos presentando lo que nos han solicitado a finales de agosto, como máximo.

“Además, se quiere analizar más profundamente algunos cambios y retos que se están presentando en países que van más avanzados en el tema del envejecimiento, específicamente los europeos”, explicó Barrantes.

“En gran medida, se está acogiendo el informe de la mesa. Esto no excluye que la Junta siga analizando estos temas y eventualmente quiera agregar o plantear medidas adicionales, y a las de corto plazo que se han ejecutado, como el aumento en la cuota obrera y estatal”, agregó el gerente.

Actualmente, el IVM es el régimen de pensiones más importante del país. Tiene 238.644 beneficiarios y alrededor de 1,4 millones de trabajadores cotizando.