El cáncer es una de las enfermedades más caras de tratar. Por esto, países con sistemas públicos de salud deben seleccionar la oferta terapéutica basados en pruebas científicas, y no responder solo a las innovaciones farmacéuticas.
La clave es que el medicamento dé resultados, sobre todo, en calidad de vida para el enfermo. Esta es la propuesta del economista español Jaime Puig, experto en financiamiento de políticas de salud y profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona.
El cáncer hoy es más una enfermedad crónica que una sentencia de muerte, por la detección temprana y los tratamientos.
Depende del tipo de cáncer y del momento de la detección. Debe tenerse cuidado, pues no toda innovación es eficaz. Ha habido innovaciones terapéuticas que han representado un cambio dis-ruptivo, pero son minoritarias. La mayoría son innovaciones muy marginales, que añaden muy poquito a cambio de un precio muy alto.
¿Cuánto podría costar a un país la atención del cáncer?
Lo primero es saber cuánto nos cuesta hoy y con qué resultados atendemos los casos de cáncer; si tenemos un sistema que permite detecciones tempranas o las descubrimos en la puerta de las urgencias. Esto es gestión.
”Uno puede tener recursos, pero la forma en la que se gestionan influye mucho.
”Lo mejor que se podría hacer es poner orden estableciendo criterios basados en las pruebas sobre cuándo y cómo un tratamiento es adecuado: pautas, recomendaciones, guías de práctica clínica basadas en pruebas...: esto es gestión clínica del cáncer”.
¿Cuáles serían esos criterios básicos que describirían una adecuada gestión?
Cuántos casos conseguimos con detección temprana o cuántos detectamos en la puerta del servicio de Urgencias... También es importante la prevención, que es la inversión más productiva. En bastantes países, eso funciona como la línea de fast track .
”En cáncer, debe haber una línea de gestión en sanidad desde que se realizan las pruebas del diagnóstico. Debe hacerse una interpretación y una buena prescripción en el tiempo más corto posible”.
¿Hay cálculos económicos de lo que esto le cuesta al sistema?
Sí los hay, pero aquí, lo importante es medir la supervivencia y la calidad de vida. El impacto en términos de costo económico reside en que, cuanto más se deteriore el paciente en la lista de espera, en peor situación está porque la intervención tendrá un costo superior. Permanecer en la lista de espera no sale gratis. Todo esto supone un incremento de costo importante.
¿Se ha medido cuánto puede costar esto en términos de la producción de un país?
Casi solo los Estados Unidos tienen estudios de costo del cáncer en sus dos grandes componentes: lo que le cuesta al sistema de salud, y –la parte mucho menos visible– los costos indirectos: tiempo de trabajo perdido, reducción de productividad, muertes prematuras... El cáncer genera costos indirectos altos.
Nuestro sistema de salud afronta el reto de priorizar porque no puede dar todo a todos, y tampoco todo a unos pocos.
Cuando se habla de financiación selectiva en sistemas de salud universales pagados con impuestos, aparecen varios problemas. Uno es: ¿con qué criterios se establece esta selectividad?; el otro es: ¿no será esto una barrera al acceso?
”Empecemos por lo segundo. Un buen sistema de salud pública debe garantizar –especialmente en cáncer– a todos los ciudadanos condiciones de acceso a un tratamiento efectivo. Un sistema público de salud no puede permitirse gastar en un tratamiento de eficacia no probada o dudosa”.
¿Podría quebrar?
Sí, y afrontaría un costo de oportunidad altísimo: lo que se deja de hacer por haber decidido usar $1 millón en tratamientos para diez pacientes. Este millón de dólares pudo utilizarse en otro tipo de tratamiento con mejores resultados.
”Un sistema público de salud no puede rehuir la necesidad de fijar prioridades. No es que deba dejarse a alguien sin tratamiento, sino que debe priorizarse, pues no puede financiarse todo. Insistir en financiar todo sería la peor ayuda para un sistema público de salud. Esto es lo que el sector privado prefiere porque es una garantía de fracaso del sistema público de salud”.
No hay ninguna fuente de recursos infinita.
El cáncer puede consumir todos los recursos de un sistema de salud. Este es un coctel explosivo: una enfermedad con una altísimo impacto social.
”Hay una rapidez tremenda en la introducción de innovaciones, para las que se toleran precios más altos. Si se está dispuesto a financiarlo todo, se irá a la bancarrota; pero, además, no se garantiza el conseguir buenos resultados en salud”.
Aquí tenemos un fenómeno, la “judicialización” de la salud.
En otros países también existe ese problema.
La gente pretende cualquier medicamento y se lo exige a la Caja del Seguro.
Esto no va en favor de la equidad. En primer lugar, se focaliza la asignación de recursos en el tratamiento y no en la prevención; en segundo, no hay garantía de que se dé el mejor tratamiento.
”Una forma de abordar este asunto, y que aplican algunos países, es tener organismos dotados de una cierta independencia del poder político, lo más técnicos posible, que funcionen como una agencia de evaluación de tecnologías y de medicamentos”.
Eso suena lógico, pero, volviendo a la judicialización, cuando la Sala Constitucional dice que por encima de todo está el derecho a la salud, y condena...
Sí, eso es un problema. En el caso de Brasil, lo que han hecho es crear una agencia y emitir informes de evaluación, de tal forma que la Corte los puede utilizar como el equivalente de los informes periciales”.
Eso implica la sensibilización de la Corte de Justicia.
Eso es fundamental. Hay que concienciar; incluso, poner a participar a los pacientes.
Sin embargo, muchos de esos pacientes han sido “tomados” por las empresas farmacéuticas.
Eso ocurre aquí y en todo el mundo. Los pacientes se convierten en grupo de presión financiado por industrias farmacéuticas.
”No obstante, contra eso está la lógica de la evaluación: que usted, industria, aporte un resultado con ensayos clínicos que me demuestren una mayor ganancia de supervivencia y una baja pérdida de calidad de vida”.
”Hay países que pasan a los hechos: condicionan el pago a resultados. Admiten que deben pagar tratamientos, pero con reglas. Se le llama ‘acuerdos de riesgo compartido’: si usted es la industria y viene para que yo financie un tratamiento, pondremos condiciones: ‘Estoy dispuesto a pagar tantos casos, pero seguiremos los resultados’.
”De ese modo, se acepta un indicador de resultado: si hay pacientes que no lo consiguen, no se paga. Se paga por un valor”.