El transporte de pacientes en microbuses u otros vehículos que no sean ambulancias, pero que estén debidamente acondicionados, no está regulado, reconoció el Ministerio de Salud.
Este vacío legal afecta los traslados que realizan instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Solo en tres de los hospitales nacionales más importantes (México, San Juan de Dios y Calderón Guardia), alrededor de un centenar de pacientes debe acudir diariamente a citas y tratamientos, mediante el traslado en las ambulancias de la Caja.
En estos vehículos llegan a viajar hasta 10 personas, entre pacientes y acompañantes.
Esta es una modalidad de transporte de enfermos, la única que está normada por el Reglamento para la atención extrahospitalaria de pacientes en Costa Ric a, del 16 de setiembre del 2005.
En el INS, la cantidad de pacientes que viajan en ambulancia al Hospital del Trauma, en La Uruca, San José, y a unidades ubicadas en otras provincias, ronda los 500 semanales.
Según voceros de ambas instituciones, hay quienes requieren el transporte y estarían en condición de hacerlo en otro tipo de vehículos, como los microbuses, que tienen mayor capacidad.
Este tipo de transporte también tiene un fin: lograr que el enfermo más estable llegue a su cita o reciba su tratamiento.
Hay casos como el de Ángela Reyes Reyes, de 78 años, que se quedarían sin el seguimiento médico porque no tienen capacidad económica para viajar por sus propios medios desde sitios tan lejanos como isla Venado, en el golfo de Nicoya.
Disputa. El vacío legal se descubrió cuando el INS realizó una adjudicación para este tipo de traslados. El Consejo de Transporte Público (CTP) le negó la autorización para dar un servicio con estas características a las empresas de microbuses que ganaron este año el concurso.
La Nación intentó conocer las razones del CTP, pero no fue posible que su director, Mario Zárate, devolviera las llamadas.
En criterio de Róger Arias, subjefe de la División de Seguros Solidarios del INS, el freno es porque estos vehículos transportarían a pacientes o personas que requieren atención médica.
En el Ministerio de Salud, por su parte, informaron de que se tramita una consulta en la Dirección Jurídica para aclarar a quién le compete regular este tipo de transporte y las características de esa regulación. La respuesta aún no ha llegado.
“Esos vehículos que se usan para transportar pacientes colectivamente, no están regulados en este momento. Están utilizando un vehículo para hacer transporte colectivo: es el mismo principio de la microbús. La legislación no contempla esa modalidad”, dijo Allan Varela Rodríguez, jefe de la Unidad de Servicios de Salud, en el Ministerio de Salud.
“Es una modalidad nueva, para la cual hay que hacer una norma específica. Ninguna persona cuya salud amerite algún tipo de intervención, debería usar estos servicios”, dijo.
Varela explicó que apenas se está definiendo a quién le toca la obligación de regular.
“Si le toca a Salud, lo haremos nosotros. El asunto es que no queremos comenzar a regular sin tener el criterio del CTP. Esto tiene que quedar bien claro para no meternos en la competencia de otra institución”, aclaró.
Secuelas. De acuerdo con datos de Salud, en el país hay 829 ambulancias autorizadas. De ellas, 250 son de la Caja, informó Giorgianella Araya Araya, jefa del área de Servicios Generales de esa institución.
Araya dijo que hace tres años se planteó la necesidad de reforzar el transporte colectivo debido a la demanda, un dato que aún están en proceso de precisar, pero que se supone alto.
Debido a la importancia del servicio, la Caja está invirtiendo hasta ¢5.000 millones al año en la sustitución de las ambulancias para cumplir con el reglamento.
De las 111 ambulancias que se compraron recientemente, 13 están dedicadas al transporte colectivo de enfermos. En toda esta compra, se invirtieron alrededor de ¢3.000 millones.