Ángela Ávalos.   2 agosto
En una imagen del 26 de setiembre del 2018, un grupo de empleados públicos entre los que hay funcionarios de la Caja, realizaron una marcha contra el entonces proyecto de plan fiscal, hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Foto: Alonso Tenorio

Los pacientes de la Caja todavía están sufriendo los efectos de la huelga que mantuvo paralizados durante 26 días los servicios de salud como parte de las protestas contra el plan fiscal, en setiembre del año pasado.

Por atender las 4.000 operaciones y las 114.000 citas que se dejaron de hacer durante esos días, el plan para bajar los tiempos de espera que impulsa la institución sufrió un rezago, y las consecuencias aún se sufren casi un año después.

Antes del movimiento de protesta, los asegurados debían esperar para operarse un promedio de 360 días. En ese momento, se tenía el objetivo de bajar el plazo en 30 días. La huelga impidió cumplir la meta.

En una audiencia ante la Sala IV, este jueves, la CCSS reveló que en el caso de las operaciones programadas el tiempo de espera a julio de este año es de 369 días. Este plazo, no obstante, es menor al registrado en el 2017, cuando se tardaban 451 días.

La coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Marny Ramos Rivas, confirmó que las operaciones canceladas durante la protesta se efectuaron entre noviembre y enero.

“Sin embargo, esta reprogramación afectó la marcha del Plan de Atención Oportuna y la reducción de los tiempos de espera que se tenía planeada para el mes enero del 2019, puesto que se tuvieron que postergar las cirugías de otros pacientes que tenían operaciones programadas”, aclaró la funcionaria.

La UTLE es una unidad que pertenece a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Sala IV ordenó a la Caja, en abril, preparar en un plazo de seis meses un plan que reduzca los “irrazonables” tiempos de espera para algún tipo de atención.

En seguimiento, este jueves, la magistrada instructora del fallo, Marta Esquivel, recibió un informe de avance donde las autoridades de la Caja, encabezadas por su presidente ejecutivo, Román Macaya Hayes, le presentaron resultados de un conjunto de acciones que han permitido bajar los tiempos desde que echó a andar el Plan de Atención Oportuna a las Personas.

Sin embargo, y de cara a una nueva amenaza de huelga para el próximo lunes 5 de agosto, Macaya advirtió a la magistrada sobre los efectos negativos de este tipo de movimientos en los esfuerzos institucionales por mejorar la gestión de estas listas.

Solo con la más reciente protesta, que alteró los servicios por un día, el jueves 4 de julio, se dejaron de hacer 198 operaciones y se perdieron 1.200 citas en todo el país.

De acuerdo con datos de la Caja suministrados pocas semanas después de acabado el movimiento de setiembre, la institución tuvo que invertir ¢12.000 millones por la reprogramación de todos los servicios que se vieron afectados, el pago de tiempo extraordinario, compra de ropa y contrataciones a terceros de servicios de lavandería, entre otros.

Protesta en ciernes

La huelga del 2018 cerró lavanderías y quirófanos por varios días, además de dejar a los enfermos apenas con el personal básico para sus atenciones tanto en consulta externa, como en Emergencias y hospitalización.

Los empleados que no se sumaron al movimiento, tuvieron que recargarse con jornadas de hasta dos y tres turnos consecutivos para intentar cubrir la demanda. Esto sucedió, por ejemplo, con el personal a cargo de los tratamientos de quimio y radioterapia, para enfermos con cáncer.

Entre los hechos sonados que trascendieron durante esos 26 días de protestas estuvo la toma de los quirófanos del San Juan de Dios por un grupo de trabajadores, que suspendió las cirugías programadas durante la mañana del 27 de setiembre.

La Caja abrió una investigación administrativa por este caso que, según la conclusión del Hospital San Juan de Dios, “no se encontró mérito”; es decir, no hubo daño porque las operaciones finalmente se hicieron, aunque con retraso.

Aunque un fallo de diciembre, en segunda instancia, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de San José, confirmó la ilegalidad de la huelga, la sentencia eximió a los trabajadores del rebajo salarial retroactivo y de sanciones.

Estos fantasmas vuelven a acechar a los hospitales.

Los sindicatos de la Caja han anunciado un nuevo movimiento de huelga a partir del 5 de agosto, si la Caja y el Gobierno no convocan antes a un diálogo para definir qué va a pasar el pago de anualidades y pluses.

La molestia sindical tiene como germen un acuerdo firmado el 20 de febrero, que se logró con las autoridades de la CCSS después de tres días interpretando la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal.

Pero, un decreto ejecutivo de mayo, cambió dos de las diez medidas acordadas, relacionadas con anualidades y pluses, y esa es la principal razón que hoy tiene al filo de una nueva protesta indefinida a la CCSS.

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El presidente ejecutivo reconoció que ese riesgo existe y volvió a hacer un llamado a los trabajadores para resolver estos asuntos en otras instancias, y no con una huelga.

"La de setiembre del año pasado atrasó la lista. Inclusive, hoy estamos sintiendo ese atraso. Alguien que entre a la lista de reemplazo de rodillas hoy, tiene un tiempo de espera más largo que si hubiera entrado hace un año.

“Por el contrario, en otras especialidades, los tiempos de espera se han acortado. Pero las huelgas tienen un impacto inmediato en los tiempos de espera. Hago un llamado a la cordura para lograr acuerdos, no a un diálogo vacío”, dijo Macaya la tarde de este miércoles, y reiteró ese pedido a los trabajadores minutos después de su comparecencia ante la Sala IV.

El gerente médico de la institución, Mario Ruiz Cubillo, externó a la magistrada Esquivel su preocupación por la inminencia de una huelga.

“Este es un programa (refiriéndose al Plan de Atención Oportuna a las Personas) que está reactivándose. Indudablemente, un nuevo movimiento de huelga tendría un alto impacto. Nuestra consigna es mantener a toda costa y hasta donde se pueda la atención de los pacientes a partir de la próxima semana”, dijo Ruiz.

La institución, mientras tanto, ha mantenido las estrategias para bajar los tiempos. Entre ellas, explicó Marny Ramos, las llamadas campañas de alto impacto, como las realizadas en los hospitales de Quepos, Puntarenas y Pérez Zeledón.

El involucramiento de 24 hospitales y diez áreas de salud en las jornadas de producción para sacar operaciones con largo plazos de espera con programas que funcionan después de las 4 p. m.

El plan incluye más de una decena de acciones que están en curso y que coordina la UTLE.

El siguiente, es un panorama de la situación de los tiempos de espera publicados en mayo anterior:

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