La comparecencia de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la semana anterior en la Asamblea Legislativa, se recibió con optimismo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Fue ahí donde Aguilar dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno salde la millonaria deuda por el aumento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal para las pensiones, pendiente desde setiembre del 2016.
A la fecha, esa deuda asciende a ¢130.000 millones, según cálculos de la Gerencia de Pensiones de la Caja.
Las manifestaciones de Aguilar se dieron ante una consulta del diputado de Frente Amplio, José María Villalta, quien le preguntó cuándo presupuestarían fondos para pagar a la Caja la obligación pendiente.
Fue entonces cuando la jerarca aseguró que esperaba incluirlo en el plan de gastos para 2019.
Así lo destacó la CCSS en un comunicado de prensa, este martes.
Según la CCSS, la ministra adelantó que procurará un diálogo con directivos y jerarcas de la institución para analizar el tema.
En el mismo comunicado, Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones, explicó que esta deuda así como los montos acumulados en años anteriores, deben ser evaluados en conjunto con las autoridades de Hacienda.
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"Esto es una señal positiva en el sentido de que ya el Ministerio de Hacienda va a reconocer este importante traslado de recursos, para financiar la diferencia entre el monto de pensión y la pensión mínima, esto es un gran aporte para la sostenibilidad del régimen del IVM", manifestó Barrantes.
El incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal entró a regir en setiembre del 2016.
Corresponde a una medida de corto plazo para fortalecer las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Con el incremento, la cuota estatal pasa de 0,58% a 1,24%.
El IVM es el principal régimen de pensiones del país.
Para él cotizan 1,5 millones de trabajadores, y tiene alrededor de 250.000 beneficiarios.
El último estudio actuarial sobre su estado financiero, realizado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), advirtió de una eventual crisis para el 2030 si no se toman medidas en variables como edad, cuotas y beneficios.
Su sostenibilidad financiera ha sido cuestionada por diversos informes e instituciones, incluida la Superintendencia de Pensiones (Supén), en los últimos años.
En noviembre pasado, la mesa de diálogo que se instauró para evaluar una posible reforma propuso 33 medidas que no incluyen elevar la edad, las cuotas o cambiar los beneficios.
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Su principal recomendación consiste en trasladar los fondos que van al Banco Popular y a Fodesaf para que alimenten el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Entre las dos fuentes, se inyectarían ¢85.000 millones anuales: ¢60.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ¢25.000 millones del aporte sobre los salarios que hoy se queda en el Popular.
Estas propuestas no han podido ser discutidas por la Junta Directiva de la Caja, que se encuentra paralizada desde marzo por falta de cuórum estructural.