La Fiscalía investiga un presunto tráfico ilícito de órganos en el Hospital México.

La información fue confirmada este martes por la oficina de prensa del Ministerio Público, ante consulta de La Nación.

La investigación se inició el 9 de agosto y se sigue bajo el expediente 19-023036-0042-PE. Está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas.

Por el momento, se tramita contra ignorado, lo cual quiere decir que todavía no hay personas a quienes se les impute el delito.

“La Fiscalía trabaja en la recolección y análisis de pruebas y, por encontrarse el caso en una etapa que es privada para personas ajenas al proceso penal, no es posible brindar mayor información, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

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Autoridades del Hospital México, por medio de su oficina de prensa, manifestaron que no se referirán al asunto por estar en manos de la Fiscalía.

La misma respuesta dio el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz Cubillo, según informaron los voceros de prensa en un correo electrónico.

“La institución brindará todo el apoyo a la Fiscalía siempre resguardando la protección a la vida”, indicó la Dirección de Comunicación de la Caja.

El Hospital México, que recientemente cumplió 50 años de creación, es el centro responsable de la red de servicios más grande de la Caja, con más de dos millones de asegurados a cargo en comunidades de Guanacaste, Puntarenas, Heredia y Alajuela.

Ahí, se realiza un importante volumen de trasplantes renales, pero también se efectúan –aunque en menor medida– de hígado y otros tejidos y células.

Crisis en curso

La investigación por presunto tráfico de órganos trasciende en momentos en que el programa de trasplantes de órganos y tejidos de la CCSS está en crisis.

La Junta Directiva de esa institución aprobó un plan de fortalecimiento del programa luego de que este diario hiciera públicos, desde febrero, datos que revelan una caída en el número de trasplantes, la muerte de enfermos que esperaban esas cirugías y los problemas de gestión en todo el sistema de donación y trasplantes.

El 31 de octubre, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra la Caja, en la cual le da un plazo de 25 días hábiles –que vencen el 28 de noviembre– para que ordene la gestión de trasplantes.

Ante la llamada de atención, la entidad respondió con el plan de fortalecimiento el cual, según el gerente médico, se venía trabajando desde hace seis meses.

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La CCSS también aceptó la renuncia de quien fuera coordinador de trasplantes institucional en la última década, Marvin Agüero Chinchilla.

El nuevo responsable es el médico experto en trasplante de hígado y cirugía hepatobiliar, José Pablo Garbanzo Corrales.

Entre las anomalías que han salido a la luz pública está el desperdicio de riñones de donantes cadavéricos debido a un pulso entre los equipos quirúrgicos y la CCSS por un tema de pago. Esta situación se habría resuelto nueve meses después de que este diario reveló la dramática reducción en el número de trasplantes renales por esa causa.

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La semana anterior, además, trascendieron los resultados de una investigación de la Auditoría Interna de la Caja en trasplantes de hígado, que halló una alta mortalidad de los pacientes sometidos a esta cirugía: un 25% de los trasplantados de hígado que fallecen, mueren durante el primer mes posterior a la operación.

Caso con condena

Hace dos años, un médico fue condenado por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, específicamente riñones.

Se trata de quien fuera jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, Francisco José Mora Palma, quien recibió una sentencia de 12 años de prisión, en diciembre de 2017. Para entonces tenía 68 años.

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La sentencia 989-2017 fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Los jueces, también le impusieron ocho años de cárcel al comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis por el mismo delito.

Entretanto, los médicos Maximiliano Mauro Stamati, Fabián Fonseca Guzmán y Víctor Hugo Monge Monge resultaron absueltos por dudas.

Pacientes consternados

Sandra Chanto, de la Fundación de Nefrología para pacientes del Hospital San Juan de Dios, no ocultó su sorpresa ante esta nueva investigación de la Fiscalía. Lamentó que, a pocos años de la situación que se vivió en el Calderón se abra estas pesquisa en el México.

"Después del amargo trago que pasamos en el 2013, cuando escuchamos de que había tráfico de órganos en el Calderón, esto es algo que no se puede digerir tan fácil. Pensar que podría haber alguien que esté lucrando con la vida humana no es sencillo.

“Es algo tan reciente (lo del Calderón), como para que alguien vuelva a eso. Jamás nos lo imaginamos y llena de tristeza saber que algo así podría pasar”, dijo Chanto.

Por su parte, Rosibel Arrieta Alvarado, de la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplantes, externó su “conmoción por la noticia”.

“Nos duele mucho lo que está pasando en la CCSS; en especial, porque esta circunstancia está generando mucha angustia y miedo entre los pacientes que están en listas de espera para trasplante”, dijo Arrieta.

Estas dos organizaciones de pacientes han manifestado, en reiteradas ocasiones, su desconfianza con el funcionamiento del sistema de donación y trasplante.

El 11 de noviembre, cinco agrupaciones de pacientes acudieron a la Fiscalía a presentar una denuncia penal contra la CCSS por el descalabro del programa de trasplantes.

La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que todavía están en el proceso de análisis para definir si amerita o no la apertura de una investigación penal.