El caso del cirujano del Hospital de Niños, quien supuestamente abandonó el quirófano mientras operaba a un bebé para atender a otro paciente en una clínica privada, cumplirá en enero dos años sin que se haya hecho efectiva alguna sanción.
Este médico ha gestionado varias apelaciones, a las que tiene derecho como parte del proceso y que podrían retrasar aún más la ejecución del despido sin responsabilidad patronal que se decidió luego de la investigación interna de la Caja.
La gerenta médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María Eugenia Villalta Bonilla, reconoce que el cumplimiento del debido proceso al que tiene derecho todo funcionario puede consumir meses y hasta años para llegar a ver alguna sanción.
Un caso típico es el de cuatro médicos radioterapeutas del Hospital México, a quienes una auditoría interna de la Caja relaciona con un supuesto conflicto de interés.
Estos profesionales, aparentemente, referían pacientes de la consulta pública a un centro de radioterapia privada donde también trabajaban.
El caso lo reveló este diario desde el 2002, pero no fue sino hasta junio del 2014 cuando la CCSS interpuso la denuncia ante la Fiscalía, donde el asunto apenas está en la recolección de pruebas.
“Uno tiene que tener cierta dosis de tolerancia porque muchas veces, el propio investigado mete apelaciones y apelaciones, y la fase de recepción de prueba y de citar a los testigos llega muy tarde”, dijo la gerenta.
”Hay que respetar toda la normativa. Se da la sensación de que no se va a sancionar, se da la sensación de que nosotros, tal vez, estamos alargando el tiempo, pero eso no es así.
”Estamos respetando la normativa de la institución, y lo que se le está validando al funcionario es que él está haciendo uso de todos sus derechos para nosotros poderlo sancionar respetando el debido proceso”, agregó la funcionaria de la Caja.
Trámites. En esa institución, muchas de estas investigaciones las desarrolla el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), despacho que en un solo año manejó 200 casos complejos.
El debido proceso incluye, entre otros trámites, apelaciones ante los jefes inmediatos del investigado, ante la comisión local de relaciones laborales y luego ante la comisión nacional.
“Documentar algún grado de responsabilidad lleva mucho tiempo. No solo en la institución. Por ejemplo, el tráfico de órganos a nivel judicial ha llevado muchísimo tiempo. Fundamentar bien y tener sustentados los hechos es bastante difícil”, dijo.
La Nación consultó a la Fiscalía el estado de varios casos, y la mayoría de ellos está aún en la fase preparatoria, informó la oficina de prensa.