Otra denuncia por incumplimiento de deberes contra el presidente ejectivo de la CCSS, Román Macaya, se acumula en la Fiscalía.
La gestión fue presentada al mediodía de este viernes por representantes de tres cámaras empresariales, para quienes Macaya habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes al firmar dos acuerdos con los sindicatos del sector salud.
El primero de los acuerdos se firmó el 20 de febrero para mantener el pago porcentual de anualidades y pluses y no nominal como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635). El segundo, se suscribió el 12 de agosto para poner fin a una huelga de ocho días y establecía el respeto al primero de los convenios.
En ese segundo pacto además se resolvió acudir a los tribunales contencioso administrativos para aclarar el conflicto sobre la forma de pago de los sobresueldos, sin embargo, el proceso podría tardar más de cinco años.
“Los patronos pagamos cargas sociales para que nuestros trabajadores reciban un buen servicio en la CCSS, no para que se lo mal gasten en pluses exagerados”, manifestó Julio Castilla, vicepresidente de la Cámara de Comercio, en un comunicado.
La decisión de solicitar que se investigue penalmente a Macaya fue aprobada por el Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en la sesión del 28 de agosto, aunque ese acuerdo aún no quedó firme.
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”La reactivación económica no se va a dar mientras no exista confianza, y situaciones como esta, en donde algunos abusan, lo que generan es desconfianza”, argumentó Roberto Fiatt, II vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.
También el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, se pronunció en ese sentido. Para él, dijo, hubo una “disposición de los bienes públicos como si fueran de su propiedad".
Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias indicó “No es posible que jerarcas de instituciones del Estado dispongan de los bienes públicos como si fuera de su propiedad”.
Gestiones contra Macaya
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la recepción de la denuncia de los empresarios, la cual será sometida a análisis para determinar “la posible apertura de una causa penal”
Sin embargo, actualmente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita la causa 19-000198-1218-PE, que acumula otras dos denuncias contra Macaya Hayes.
Por el momento, la información no es pública.
Una de esas gestiones sería la presentada por el exdiputado Otto Guevara, quien el 21 de agosto planteó una querella como presidente de la Asociación Pro Derechos de Consumidores Contribuyentes Asegurados y Propietarios (Aprodecap).
Guevara no solo apuntó a Macaya sino también contra tres gerentes y dos líderes sindicales. Los primeros son Roberto Cervantes (gerente general), Rónald Lacayo (gerente administrativo) y Carlos Alfaro (gerente financiero).
Los sindicalistas querellados son Marta Rodríguez , secretaria general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca); y Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).
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Según el querellante, los funcionarios públicos habrían actuado de manera ilegítima al firmar el acuerdo con los sindicatos en el cual “interpretaron, reglamentaron, redefinieron, modificaron, evadieron las disposiciones y los alcances de la Ley 9635, sustrayendo a los funcionarios de la CCSS, del alcance de tal normativa legal”.
De acuerdo con el artículo 339 del Código Penal, incurre en incumplimiento de deberes, el funcionario público que “ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función".
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La conducta se castiga con pena de inhabilitación de uno a cuatro años.