Los representantes de la empresa de jardinería y la chatarrera que vendieron miles de mascarillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comparecieron este jueves 14 de enero ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Ese foro legislativo investiga, desde el año anterior, varias compras de emergencia de mascarillas realizadas por la CCSS durante la pandemia por presuntas irregularidades.

Una de ellas es la adquisición de 2.890.000 tapabocas a la firma Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, empresa dedicada a la limpieza de jardines, charrales y vías públicas por $1,1 millones (unos ¢640 millones) el 14 de abril de 2020.

Del total de cubrebocas encargados, IBT entregó un lote de 699.850 unidades no médicas, las cuales fueron recibidas por la Caja, distribuidas en centros médicos y luego retiradas ante quejas del personal sanitario.

De acuerdo con los registros de la Seguridad Social, IBT solo repuso 450.347 y quedaron pendientes otras 249.503.

A pesar de ese incumplimiento, Adrián Herrera Ramos, representante de IBT, sostuvo ante los legisladores que entregaron el producto como lo exigía la contratación.

“IBT importó (desde China) la cantidad de 2.890.000 unidades de mascarillas adjudicadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, sufrimos demoras en el embarque debido a los cambios en las regulaciones aduanales del Gobierno de la República Popular China y por la escaza disposición de medios de transporte en el país de origen, lo que implicó que IBT buscara medidas alternas de abastecimiento para cumplir con las obligaciones con la institución”, declaró Herrera.

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En medio de esas circunstancias, según el vocero, entregaron las 699.850 no médicas.

“Esas son las que nos tienen acá (la comisión legislativa), las entregas fueron llevadas en apego al procedimiento establecido, tanto que las mascarillas fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración.

“Posteriormente fue conocido el tema de empaques con la leyenda ‘non-medical’, una vez que la Administración nos comunicó la situación, nuestra empresa procedió, con la mayor anuencia y responsabilidad a realizar un reemplazo total de las mascarillas”, afirmó Herrera.

Además, responsabilizó a la Caja por el incumplimiento de 249.503 mascarillas.

“Esas 249.503 unidades fueron llevadas a la bodega del Área de Almacenamiento y Distribución de la Caja Costarricense de Seguro Social el 11 de agosto del 2020 por un personero de nuestra empresa (...) no fue posible el recibido por parte de la Caja, desconocemos con certeza las razones que mediaron”, añadió sin mostrar pruebas de lo dicho.

Los diputados de la Comisión cuestionaron a Herrera por el despacho de las mascarillas no médicas, por la inexperiencia en el suministro de equipos médicos, entregas tardías y la exposición de médicos y enfermeras por suministrar artículos que no cumplían con los requisitos exigidos en la contratación.

La empresa jardinera enfrenta “un proceso de cobro de cláusula penal” por atrasos en el suministro de los tapabocas contratados, el cual fue abierto por el Área de Almacenamiento y Distribución, a través del sub-área de Sistemas de Información.

La chatarrera

Jorge Durán Rodríguez, presidente de Metales Tosha IP, chatarrera que consiguió un contrato por ¢88 millones para el suministro de 316.000 mascarillas el 4 de junio anterior.

Dicha adjudicación se concretó en solo 48 horas mediante una compra directa, en la que no hubo más oferentes, según el expediente de contratación.

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Esa compañía obtuvo ese contrato a pesar de que se inscribió en la lista de proveedores de la Caja solo un día antes de ganar el contrato y sin contar con experiencia en el suministro de equipo médico.

Desde el 2015 a la fecha esa empresa ganó 58 contratos públicos solo para la compra de chatarra y residuos metálicos, principalmente, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

Así lo constató La Nación luego de revisar las bases de datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y el portal de compras públicas de la Contraloría General de la República, desde el 2007 a la fecha.

Durán rechazó tener “contactos” dentro de la Caja que lo favorecieran con esa contratación.

Relató que una vez inscrito en la CCSS como proveedor empezó a recibir correos con concursos públicos para la venta de equipo de protección médico.

Agregó que para la fecha de la venta, pocos empresarios tenían mascarillas en el país y por eso se dio el procedimiento de forma rápida.

“Yo tengo recicladoras y hago otros negocios; tenía los contactos y el dinero para hacerlo”, alegó el empresario.