La pandemia trajo a la Junta Directiva de la CCSS una pregunta que llevaba años engavetada: ¿Debe flexibilizarse el esquema de cargas sociales en el país para proteger el empleo y facilitar la creación de nuevos puestos?
José Luis Loría Chaves, representante de los trabajadores (cooperativismo) en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijo que esa discusión ya empezó y todo apunta a la flexibilización del esquema de cuotas obrero-patronales con el objetivo de promover el trabajo formal.
Indicó que la comisión de alto nivel, liderada por presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y por el presidente de la Caja, Román Macaya, busca reducir el costo de generar empleo en el país.
En esa comisión participan varios miembros de la Junta Directiva de la Caja, los ministros de Hacienda, Elián Villegas; de Trabajo, Geaninna Dinarte, y de Planificación, Pilar Garrido. También los presidentes ejecutivos del IMAS, Juan Luis Bermúdez, y del Banco Central, Rodrigo Cubero.
“Hay voluntad de parte de la Junta Directiva de hacer una revisión. Las cargas hay que ajustarlas, los patronos están pagando una carga muy pesada sin duda alguna. Por otro lado, en pensiones se paga muy poco y toda esa discusión se está dando en este momento y es una discusión que va a tardar unos meses”, manifestó Loría.
En la actualidad, los patronos y trabajadores aportan, en conjunto, un 37% sobre el salario mensual.
Por ejemplo, según datos de la calculadora patronal de la página web de la CCSS, una empresa con una planilla por ¢5 millones cancela, por mes, ¢1,8 millones, aproximadamente, por concepto de cuotas obrero patronales.
“La pandemia es un riesgo para la salud, pero también es un elemento transformador y está cambiando todo (...) Nos ha llevado a cuestionar el modelo actual. En ese sentido, la Caja va a tener que discutir seriamente el tema de facilitar el aseguramiento. Es decir, las cargas que hay en este país en la seguridad social no son sostenibles para mucha gente y son cargas que, además, tienen problemas en el esquema.
“Por ejemplo, a una persona que trabaja medio tiempo le cobran como si trabajara tiempo completo, eso no tiene lógica. Entonces, la Caja tiene que revisar todo el esquema de aseguramiento y cotizaciones”, agregó Loría.
¿Cómo se distribuyen los aportes de patronos y trabajadores?
En total, las cargas sociales representan un 37% sobre el salario mensual de cada empleado
FUENTE: CCSS || J.C. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Elián Villegas, ministro de Hacienda, confirmó que existe un diálogo con la Junta Directiva de la CCSS para disminuir el costo de producir puestos de trabajo.
“Yo diría que el espíritu (del debate) es buscar cómo extender la cobertura y racionalizar un poco las cargas. En su momento habrá que ver de dónde se pueden obtener recursos para eso. Para explicarlo: si extendemos la cobertura, habrá un mayor costo para la Caja. Entonces, lo que hay que ver es cómo, disminuyendo de alguna forma las cargas para que el empleo no sea tan caro, se puede encontrar una fórmula para soportar ese mayor costo”, dijo.
Una de las posibilidades para conseguir más fondos es ayudar a las personas que trabajan en la informalidad. La idea planteada es llevarlos a la formalidad por medio de tarifas especiales de cotización o subsidios estatales.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al primer trimestre de 2020, un millón de personas económicamente activas, trabajaban en la informalidad. Eso representa el 47,1% de la fuerza de trabajo de Costa Rica.
Sobre ese tema, la comisión analiza que el Gobierno pague una tarifa plana durante tres meses para sacar de la informalidad a un número de personas.
“Estamos hablando de una tarifa plana, que es una tarifa básica, porque la idea no es que estas personas paguen como otros trabajadores, pero sí queremos que estén dentro del sistema. Eso en este momento lo está viendo el departamento Actuarial de la Caja para definir una tarifa que sea muy baja, pero razonable. Además, necesitamos que esa tarifa pueda ser pagada por el Gobierno”, declaró José Luis Loría.
El directivo también comentó que estudian la incursión de la CCSS en el turismo médico o la venta de seguros de viaje para turistas.
Según información suministrada por la Gerencia Financiera de la Caja, el 80% del financiamiento de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte provienen de los aportes de los patrones y trabajadores.
“Nos interesa explorar distintas alternativas que permitan ampliar la capacidad de servicio de la Caja a la población, formalizar las relaciones laborales de la gente y buscar que más gente entre en la cobertura de la entidad. De ahí la importancia de buscar una redifinición de las cargas laborales. Son temas que se han conversado, están sobre la mesa y se analizan. Hay un diálogo profundo entre la Junta Directiva y el Gobierno”.
Agregó que no existe una fecha límite para definir modificaciones en el esquema de cargas sociales o la estrategia para reducir la informalidad, pero aseguró que “están acelerando las conversaciones”.
Crédito para reducir deuda estatal
Otro de los puntos dentro de la comisión es la deuda que mantiene el Estado con la CCSS.
El directivo José Luis Loría afirmó que el Poder Ejecutivo negocia un préstamo por $500 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para amortizar la deuda con la seguridad social.
Hasta abril, el pasivo ascendía a ¢1,95 billones. Esa deuda se acumuló producto de décadas en las que el Estado ha incumplido sus aportes como patrono.
“El BCIE mantiene un proceso de negociación abierto con autoridades nacionales, incluyendo la Caja Costarricense del Seguro Social, para un programa de financiamiento con dicha institución. El monto no se ha definido aún debido a que ambas partes nos encontramos realizando las valoraciones correspondientes”, señaló Mauricio Chacón, jefe oficial del BCIE en Costa Rica.
Por su parte, el ministro de Hacienda, ratificó que existe esa posibilidad, pero que aún no se puede hablar de un monto.
En abril, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, resaltó que la institución está en el deber de cobrar esa deuda, en especial por las complicaciones económicas que enfrentan debido a la pandemia.
Loría añadió que otra opción sobre la mesa es que, una vez pasada la crisis, el Poder Ejecutivo destine un porcentaje del crecimiento económico a amortizar el déficit con la CCSS.
Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), expresó que “por ahora” no hay acuerdos en firme.
“Por ahora lo que podemos decir es que el Gobierno y la CCSS comparten un fin que es garantizar la protección de la población en todo tiempo, pero principalmente en el marco de una pandemia que amenaza a la salud y a la vida. Para alcanzar ese objetivo, la sostenibilidad financiera y la universalización efectiva de los seguros sociales son condiciones que nos retan a trabajar como un solo equipo”.