Directivo pedirá a Junta de CCSS presionar a Gobierno para pago de deuda con IVM

El representante de los cooperativistas ante la Junta Directiva de la Caja, José Luis Loría Chaves, presentará este jueves ante ese órgano una moción para presionar al Gobierno a cancelar su deuda con las pensiones de IVM.

Loría pretende que el Ministerio de Hacienda incluya en el presupuesto del 2018 el pago del incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal, el cual entró a regir en setiembre del 2016.

Ese ajuste corresponde a una medida de corto plazo para fortalecer las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Con el incremento, la cuota estatal pasa de 0,58% a 1,24%.

Hasta marzo anterior, Hacienda acumulaba un pendiente de pago de ¢70.000 millones por ese concepto, según datos de la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el oficio enviado por Loría a sus compañeros de Junta Directiva, y del cual tiene copia La Nación, no es válido que el Gobierno se ampare en un "estado de necesidad".

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"(...) la misma Contraloría General de la República determinó que esta declaratoria es improcedente por cuanto no tiene sustento técnico, legal ni corresponde a la realidad de la finanzas de Gobierno.

"Es reprochable que el Gobierno se opusiera radicalmente al aumento del 1% de la cuota obrera y ahora, además, se niega a cumplir sus compromisos con la seguridad social desobedeciendo un mandato constitucional", sostiene el representante en su misiva.

Loría pedirá a sus compañeros este jueves, en sesión ordinaria de Junta Directiva, que acuerden:

1. Solicitar al Ministro de Hacienda, Helio Fallas, y al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, incluir en el presupuesto todas sus obligaciones con la CCSS.

2. Pedir a los diputados no aprobar el presupuesto del 2018 mientras no se incluya el pago del Gobierno a la CCSS.

3. Si el Gobierno insiste en no presupuestar el ajuste de la cuota estatal al IVM, denunciar al ministro de Hacienda ante el Ministerio Público.

"La Caja está obligada a cobrarle al Gobierno. Aunque la moción no está en agenda, este tema (de la deuda estatal) sí será discutido. Se la envié a mis compañeros la noche del miércoles", explicó Loría, para quien la conducta del Poder Ejecutivo "no es tolerable".

Hacienda defiende 'estado de necesidad'

En su sesión ordinaria del 20 de setiembre, la Junta Directiva conoció oficialmente la respuesta de Hacienda donde admite su incapacidad para pagar la deuda.

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Ese mismo día, se acordó nombrar una comisión para buscar una salida. Este grupo, de acuerdo con el directivo, "no ha producido ningún resultado concreto".

Este miércoles, el principal sindicato de la CCSS, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), presentó un recurso de amparo contra Solís y Fallas para exigir al Estado a pagar sus deudas con la seguridad social.

En respuesta a esta medida, el Ministerio de Hacienda sostiene su compromiso con la CCSS.

"En el Presupuesto Nacional 2018 se incluyen ¢783.062 millones (2,18% del PIB), entre transferencias (¢690.557 millones) y Ley de Protección al Trabajador (¢92.504 millones), de los cuales el IVM recibirá un total de ¢281.762 millones.

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"(...) Este Ministerio entiende la importancia de aquellos rubros de gasto señalados, pero su financiamiento debe ser, en la medida de lo posible, con recursos frescos y no con deuda.

"No se puede seguir endeudando al país sin considerar las consecuencias que esto pueda tener en la población. Por tal razón, reitera el llamado para avanzar en la reforma fiscal y para dar una solución definitiva a la situación de las finanzas públicas", manifiesta el boletín de Hacienda.

El gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, está a la expectativa de la respuesta de la Junta Directiva a la moción de Loría.

"Nosotros, desde el punto de vista técnico, habíamos dicho que hay elementos dentro del sistema que es importante ir ajustando. Uno de ellos es que el financiamiento de la pensión mínima pueda ser asumido por el Estado porque esto corresponde a una obligación de un Estado de bienesttar. El IVM lo ha sostenido durante todos estos años, pero es una parte no contributiva que Hacienda debería asumir", explicó Barrantes ante consulta de este diario.

En estos momentos, la mesa de diálogo para la próxima reforma al IVM se encuentra en sus últimas sesiones de discusión. Deben finalizar el 31 de octubre, tras lo cual está obligada a presentar un informe con propuestas a la Junta Directiva de la Caja.

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El foro, integrado por representantes patronales, estatales y laborales, está en lo más fuerte de la discusión: definiendo si se aumenta o no la edad de retiro de 65 a 67 años, se reduce el monto de pensión del 60% al 40% y si se aumentan las cuotas (actualmente, el aporte mínimo es de 300).

El IVM es el principal régimen de pensiones del país. Para el cotizan 1,5 millones de trabajadores, y tiene alrededor de 250.000 beneficiarios.

El último estudio actuarial sobre su estado financiero, realizado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), advirtió de una eventual crisis para el 2030 si no se toman medidas en variables como edad, cuotas y beneficios.

Su sostenibilidad financiera ha sido cuestionada por diversos informes e instituciones, incluida la Superintendencia de Pensiones (Supén), en los últimos años.