A las 9: 30 p. m. de esta sábado, luego más de 10 horas de reunión, se levantó la mesa de conversaciones entre sindicatos, representantes de CCSS y Gobierno sin ningún consenso.

Los gremios no ceden en sus reclamos y exigen que se mantenga el acuerdo que firmaron en febrero, según el cual no variaría el cálculo de sus pluses, situación que contradice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Exigimos respeto a los derechos adquiridos y respeto a las situaciones jurídicas consolidadas. A la ciudadanía les decimos que el movimiento ha hecho todos los esfuerzos para resolver esta situación, sin embargo el Gobierno y la Caja Costarricense del Seguro Social no ha querido que se pare este movimiento”, dijo Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, al concluir la cita.

Román Macaya, presidente de la Caja, advirtió en un video difundido en el sitio de Facebook de la institución, que cualquier acuerdo que se alcance debe estar fundamentado en “la legalidad”.

Los dirigentes sindicales salieron de la cita y aseguraron que la CCSS había declarado un “cierre técnico” de la mesa de negociación.

Macaya negó algún rompimiento. Según él, decidieron hacer “una pausa para reflexionar” dónde están en el proceso, pues no han llegado a “un punto de encuentro”.

“No hemos roto la mesa, simplemente necesitamos discutir las opciones, y volvernos a juntar”, dijo. Incluso mencionó la posibilidad de que fuera este domingo.

La versión sindical, sin embargo, es muy distinta.

“No ha sido posible, hemos hecho un esfuerzo pero a esta hora, la CCSS está haciendo un cierre técnico de la mesa y no hemos llogrado llegar a un acuerdo”, dijo Marta Rodríguez, secretaria adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

Con este resultado, anunciaron que la huelga continuará. El movimiento entra este domingo a su sétimo día, con casi 70.000 consultas que se han dejado de realizar.

Los sindicalistas integrados en 17 organizaciones se oponen a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal, la cual establece un cambio en el cálculo de los pluses, pues en vez de estimarse de forma porcentual, corresponderían a un monto fijo. La medida se aplica en el sector público para frenar el crecimiento exponencial de estos sobresueldos que pesa en las finanzas del Estado.

Ellos firmaron un acuerdo en febrero, con el cual procuraban mantener el pago como antes de la vigencia de la ley. Ahora, exigen que se cumpla, aunque contradice la normativa.

Según Rodríguez, hicieron una contrapropuesta este sábado, y los representantes de la Caja y Gobierno lo analizaron por varias horas, luego de las cuales “hicieron un cierre” la mesa y dijeron que “avisarán".

Edwin Solano acusó de “intransigente” a la Caja y al Gobierno y reitero en que “la huelga sigue”.

El encuentro de este sábado en las instalaciones de la Unión Médica Nacional, en Sabana Sur, estuvo rodeado de gran hermetismo.

Esta tarde, solo trascendió que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) planteó a los sindicatos la posibilidad de crear un “fondo de garantía” sin que se diera más detalle sobre el objetivo y el financiamiento.

Este es el segundo día de diálogo para tratar de poner fin a la protesta, el viernes fueron otras ocho horas.

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La CCSS planteó el viernes acudir a un arbitraje para resolver el conflicto, pues este mecanismo permitiría tener una solución en un plazo de cuatro a seis meses.

Además propuso acudir a los tribunales contencioso administrativos para que se aclaren las diferencias, pero ambas propuestas fueron rechazadas por los sindicatos. Ellos piden que siga en pie el acuerdo firmado en febrero con Macaya el cual mantenían el cálculo de incentivos sin los cambios que establece la reforma fiscal.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, dijo que hay pretensiones duras de los sindicatos y que deben encontrar maneras de abordarlas dentro del marco de legalidad. Explicó que el viernes se enfocaron en los temas duros que son anualidades y pluses.

Estos sobresueldos crecieron un 25% por encima de la inflación entre el 2010 y el 2018. Durante esos ocho años, el gasto en pluses de la institución pasó de ¢407.000 millones a ¢541.000 millones.

“Hoy continuaremos buscando idealmente esa ruta judicial para que podamos mover un conflicto de la calle a la Corte y que los pacientes vuelvan a ser atendidos. Hay en abstracto un cierto consenso pero no estoy seguro porque al final el diablo está en los detalles. Hay algunas posibilidades que no son por la vía judicial”, explicó Macaya.

La reunión está encabezada por Román Macaya, el ministro de Trabajo, Steven Núñez y representantes de los sindicatos del sector salud.

Región Brunca, la más perjudicada

Según el reporte de la Caja, hasta este sábado se han dejado de brindar 67.632 consultas generales y especializadas en todo el país, lo cual representa un 38% de afectación.

Durante toda la semana la institución programó 178.888 citas, de las cuales realizó 111.256. Además, de las 2.528 cirugías fechadas, solo se realizaron 1.163.

De acuerdo con la información de la entidad, la región más afectada continúa siendo la Brunca, donde algunos hospitales tienen niveles de afectación de más del 70%.