Los 8.824 metros cuadrados de construcción del Hospital del Trauma, con equipo y personal incluidos, se encuentran desaprovechados. El 30% de esas instalaciones están sin usar 14 meses después de inauguradas.
Propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS), el inmueble carece de servicio de emergencias las 24 horas.
Además, el 85 por ciento de las operaciones que debería estar haciendo, siguen a cargo de hospitales privados por falta de insumos, reveló un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Hasta el 9 de febrero empezaron a operar casos complejos de ortopedia, luego de superar una falla en el proceso de compra de material de osteosíntesis.
Esta megaobra de más de ¢42.000 millones, con lo último en tecnología para la atención de las víctimas de accidentes de tránsito y trabajo, lleva un año funcionando cual cascarón.
Desde finales del 2014, directores de hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habían advertido sobre el poco o casi nulo impacto en la atención de traumas en sus salas de urgencias tras la apertura del hospital. Era como si no existiera el hospital del INS.
El informe de la Contraloría , del 28 de enero, refuerza lo anterior y agrega a sus descubrimientos importantes debilidades en la gestión administrativa de un centro que maneja un presupuesto anual de ¢31.000 millones.
Los hallazgos de la Contraloría son contundentes: en el periodo analizado (de diciembre de 2013 al 30 de junio del 2014), se comprobó la falta de planificación en todo: en la gestión de compras, de planes, de administración de personal y equipos.
Agrega la Contraloría: “La existencia de un débil sistema de control interno no permite obtener la seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual pone en riesgo la protección y conservación del patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, usos indebidos o acto ilegal”.
Aceptación. Las actuales autoridades del INS, encabezadas por el presidente ejecutivo, Sergio Alfaro, admitieron las fallas.
Es más: aseguraron que ellos solicitaron la investigación de la Contraloría porque, a su criterio, las autoridades anteriores del Instituto aceleraron la inauguración de un edificio que no estaba listo para operar.
Como resultado de este proceso, en junio de 2014 fueron despedidos el gerente general, el director administrativo, y el gerente médico. El INS les pagó, en total, más de ¢33 millones.
El exgerente del hospital, Alejandro Esquivel, en un documento enviado a La Nación , aseguró que “estas y otras situaciones se han querido presentar como de factura de la anterior administración cuando en la realidad corresponden a la nueva. (...) Todos los hallazgos son deficiencias y ninguno puede ser considerado como una irregularidad administrativa”, aseguró Esquivel.
Sergio Alfaro aseguró que investigará el daño que tales fallas causaron a la institución.