Yeryis Salas. 6 septiembre
Los jueces de familia deben velar por los derechos de pacientes psiquiátricos de forma involuntaria, según estipula la Ley General de Salud. Foto con fines ilustrativos.
Los jueces de familia deben velar por los derechos de pacientes psiquiátricos de forma involuntaria, según estipula la Ley General de Salud. Foto con fines ilustrativos.

Los jueces de familia tienen la obligación de vigilar los derechos de los pacientes psiquiátricos que sean hospitalizados de forma involuntaria; sin embargo, ese deber no se cumple según la alerta que dio la Defensoría de los Habitantes a la Corte Suprema de Justicia.

Una investigación de la Defensoría detectó que los jueces no acatan la Ley General de Salud, según la cual los directores de los hospitales psiquiátricos deben comunicar a esos funcionarios judiciales cada vez que ingresa un paciente en esas circunstancias.

Recibido el aviso, los jueces “deberán cumplir con las obligaciones y los requisitos de la curatela” de los pacientes, al no estar estos con todas sus capacidades mentales. La curatela es la protección de personas mayores de edad que tengan discapacidad mental o intelectual.

El estudio comprobó que el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, sí notifica a los juzgados cuando recibe a personas en esta condición, pero los jueces no cumplen con sus obligaciones.

Según datos de este centro médico, este año, hasta agosto, ingresaron 925 pacientes de forma involuntaria, un 41% del total de ingresos.

“Nosotros enviamos la información y no tenemos respuesta, pero regularmente la Defensoría, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y algunas instancias del Poder Judicial nos pasan visitando, reuniendo y evaluando” declaró Lillia Uribe, directora del Nacional Psiquiátrico.

“Además, nos exigen y tenemos protocolos de manejo que incluyen el respeto a los derechos humanos en todos los procesos”, añadió.

Entre las enfermedades mentales más comunes están la depresión, trastorno bipolar y la esquizofrenia.

Tras el aviso de la Defensoría, la Corte Plena acordó solicitar a dichos funcionarios judiciales un informe que aclare si han acatado la ley. El documento también deberá explicar la forma en la que han tratado los avisos de las instituciones psiquiátricas.

Este medio intentó obtener el criterio de jueces de familia, pero no se obtuvo a pesar de las gestiones a través la oficina de prensa del Poder Judicial.

“La Defensoría se muestra satisfecha ante la adopción de medidas por parte de la jurisdicción de familia, ya que el alto riesgo de esta población a sufrir violaciones a los derechos humanos requiere de una evaluación regular de las garantías a sus derechos”, manifestó el defensor de los habitantes interino, Juan Manuel Cordero.

En abril pasado, el Nacional Psiquiátrico cerró su asilo, como se le llamó al lugar donde llegaron a vivir hasta 1.000 enfermos mentales, que prácticamente eran abandonados y permanecieron décadas sin posibilidad de reinserción social y familiar.

Por otra parte, la Defensoría llamó la atención de las autoridades del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, en La Unión, “al constatar que no cumple con su obligación de comunicar los internamientos involuntarios al Juzgado de Familia respectivo”.

No obstante, Rodolfo Gutiérrez, de la Dirección General, explicó que el centro médico ni siquiera atiende a esta población, pues no cuenta con las condiciones ni con un servicio estructurado para acogerla.