Ángela Ávalos.   20 marzo
Las demencias, entre las que está la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, afectan cada vez más a la población adulta mayor. Su cuidado implica no solo la participación de profesionales sino de cuidadores formados. Estos padecimientos son un problema de salud pública por el impacto en quienlo padece y en quienes rodean al enfermo. Foto con fines ilustrativos: Archivo/ Mayela López

“Yo espero que esto no quede solo en el papel. Si cuesta que piensen en el enfermo, nadie, ¡nadie!, piensa en el cuidador”.

Son palabras de Ileana Porras Rojas, de 53 años, quien cuida desde hace 14 a su hijo, Gabriel, un adolescente con autismo, y que hace casi una década también asumió en solitario la atención de sus dos papás, adultos mayores.

Su mamá, doña Clementina Rojas, falleció a los 93, el 1.° de enero pasado, luego de una larga y dolorosa enfermedad que mantuvo a Ileana a la cabecera de su cama por meses.

Quienes al igual que ella son cuidadores de adultos mayores o personas con discapacidad muy enfermas, que demandan atención las 24 horas los siete días de la semana, es probable que miren con ese mismo escepticismo el anuncio de la primera Política Nacional de Cuidados.

La firmó el presidente Carlos Alvarado, el 3 de marzo. Se viene trabajando desde el 2016, y pretende armonizar, a partir de ahora y por los próximos diez años (2031), la fragmentada oferta de servicios sociales de instituciones, tanto públicas como privadas, para quienes tienen condición de dependencia, y sus familias.

Este grupo representa en su conjunto una cuarta parte de la población nacional; o lo que es lo mismo, poco más de 1,2 millones de personas, con tendencia al crecimiento.

De ellas, 280.000 no pueden valerse por sí mismas para comer, limpiarse, vestirse o hacer sus necesidades fisiológicas.

Gran parte son personas adultas mayores con enfermedades muy avanzadas, como las demencias. También hay personas con discapacidad que requieren mucha asistencia para su rutina diaria.

Francisco Delgado Jiménez, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, entidad bajo la cual quedará la vigilancia del cumplimiento de esta primera política, admite que su arranque es tardío. Pero califica el esfuerzo como “una hoja de ruta que genera esperanza”.

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El presidente tendrá que firmar un decreto ejecutivo con el reglamento que permitirá definir la población objetivo, las competencias de las instituciones involucradas (alrededor de 11), el catálogo de servicios, los recursos económicos, el calendario de implementación y la forma en que se rendirán cuentas.

Delgado Jiménez estima que el reglamento estaría para inicios del segundo semestre de este año.

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Al mismo tiempo, está en trámite en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley bajo el expediente 21.962, para crear el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia. Lo impulsa la diputada oficialista Catalina Montero.

Para el corto plazo se definió un plan de acción. Solo para el primer año (de aquí al final del 2021), se espera echar a andar los primeros servicios de asistencia en la casa para los cuidadores y los enfermos, con el fin de que puedan contar, por horas, con asistentes formados en el cuido.

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Esto no existe hoy. Cada quien se la juega con los recursos –abundantes o escasos– que tenga.

Para el mismo periodo, promete el viceministro, se ofrecerá un servicio de teleasistencia que permita a los cuidadores tener acceso a consultas virtuales para facilitar su labor diaria.

También por plataformas digitales, se pondrán a disposición los llamados ‘espacios de respiro’ para que, entre otras cosas, el cuidador prevenga el temido ‘síndrome del cuidador quemado’.

Inversión a mediano plazo

Implementar esta política costará alrededor de $235 millones al año para 91.729 beneficiarios. Esto representa un 0,48% del producto interno bruto (PIB), según datos al 2018 de los estudios tomados como base para esta estrategia.

Para el 2050, ese costo se incrementaría a $565 millones anuales justificado por el aumento de la población dependiente atendida, de 159.225 a 303.607 personas.

Para Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva de Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis), resulta fundamental conocer cuál es el presupuesto que se va a dedicar a esto.

“Es donde yo digo que tenemos que colocar el acelerador para el mediano plazo (cinco o diez años como máximo) para tener una respuesta a la familia costarricense frente a estas necesidades.

“Es una necesidad. El país, desde mi perspectiva, va un poco tarde. La realidad lo va a golpear muy fuerte. Somos el país con la esperanza de vida más alta de América Latina. Esto irá golpeando a las familias cada vez más, y si las familias no pueden, esto le caerá al Estado”, advirtió Barrantes.

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Es una preocupación que también comparte el presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Dennis Angulo.

“Generar política sin sustento económico dejaría esto solo en el papel. Ya a esto nos hemos referido en la Asamblea Legislativa: se debe tener una política nacional de cuidados sustentada en una fuente financiera que sea sostenible y además logre esa cobertura mayor de este grupo de personas.

En el Conapam ven como una posibilidad con potencial generar empresas asociativas.

“Estoy hablando de la capacitación y formalización de este grupo de gente que está en la parte de cuidado: generar empresas asociativas, cooperativas, las mismas asociaciones y fundaciones, que presten servicios profesionalizados o tecnificados para este mismo cuido”, sugirió Angulo.

El 2050, aunque parece lejano, está a la vuelta de pocos años. Para ese entonces, los adultos mayores serán el 20,7% de la población. El mayor reto, después de lograr que las personas vivan más, es darles calidad de vida, y años de vida con salud. Foto ilustrativa: Archivo/ Melissa Fernández

La directora ejecutiva del Conapam, Emiliana Rivera, cree que el reto es cómo hacer partícipe a las personas que están en medio de esta realidad.

“Ese grupo está en el día a día, pero no la está pasando bien. Esto degenera en el tema de violencia, de abandono, que luego se nos recarga en la parte del Estado.

“Si este grupo tiene apoyo para que pueda seguir viendo a esa persona adulta mayor en su entorno, imagínese lo que nos ahorraríamos. Tenemos una gran cantidad de abandonados en la calle”, advirtió Rivera.

¿De dónde salen los fondos?... por ahora

El viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social confirmó que está descartado, por ahora, que los impuestos sean fuente para financiar esta iniciativa.

“La meta que tenemos es que para 2031, tener ese modelo base con cobertura que alcance al 60% de las personas con algún tipo de dependencia, empezando con los más severos. Eso implicará que ese año hagamos como país una inversión del 0,48% del PIB.

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“Actualmente, las instituciones que ejecutan programas para personas que podrían ser beneficiarias de estos servicios (Conapdis, Conapam, JPS) representan entre el 0,25 y el 0,3% del PIB. Nos queda por cubrir un 0,2% del PIB. ¿Cómo llenar ese faltante? Incorporar otras fuentes de financiamiento; por ejemplo, el fondo de prestaciones sociales de la Caja (Costarricense de Seguro Social)”, explicó Delgado.

Agregó que lo demás se llenaría con lo que las personas puedan aportar al sistema vía copago, o subsidios parciales.

Explicó que la “barrera de ingreso al sistema de cuidados” no estaría definida por la capacidad adquisitiva, sino por la severidad de la dependencia.

Habría mayor prioridad, dijo, para los severos, luego moderados y leves. Y si eso se combina con el estrato socieconómico, aparecerían los subsidios parciales: unas personas recibirían subsidio total (aquellos con ingresos más bajos), y se establecerían copagos o apoyos puntuales para quienes puedan dar algún aporte.