Cuatro meses después de que falleciera una mujer por la presunta intervención de un enfermero del hospital de Turrialba, la Fiscalía secuestró expedientes, pruebas de laboratorio, registros de llamadas y reportes de Enfermería ligados con el caso.
La información la confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un boletín de prensa, donde revela que este martes fueron entregadas todos los documentos.
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Los supuestos hechos ocurrieron en este hospital, en febrero. Está involucrado un enfermero, que la dirección médica reubicó en otro servicio donde no da atención directa a pacientes. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)
María Eugenia Villalta Bonilla, directora del Hospital William Allen, dijo que ese establecimiento de salud ha mostrado la mejor disposición de aportar la información de la que dispone.
A las autoridades judiciales, informó la CCSS, se le entregaron los expedientes médicos de la supuesta víctima (el físico y el digital), el registro de las llamadas que se hicieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las pruebas de laboratorio y el libro de actas con los reportes del servicio de Enfermería.
También se le dio información para contactar a posibles testigos.
También el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos de la CCSS (CIPA), donde hace cuatro meses se abrió una investigación por este caso, tuvo que entregar este martes al Ministerio Público copia del expediente administrativo que se sigue en contra de ese funcionario, informó su directora, Maritza Cantillo Quirós.
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El 25 de junio, la oficina de prensa del Ministerio Público informó a La Nación que había solicitado ese día abrir de oficio una investigación de estos hechos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A ese proceso, informó la Fiscalía, se le asignó el expediente 19-000767-067-PE.
El objetivo es determinar la existencia o no de un delito y, posteriormente, si se determina que hubo una conducta delictiva, individualizar a la persona o personas sospechosas de los hechos.
La Fiscalía fue clara en que no había recibido hasta ese momento “ninguna denuncia de parte de la administración del centro médico ni de los familiares de la víctima”, aunque María Eugenia Villalta reiteró que desde el momento en que a ella se le informó del asunto hizo la comunicación respectiva tanto al OIJ como a la oficina local del Ministerio Público.
La jerarca médica se enteró de la situación en febrero, cuando la directora de Enfermería y los abogados del hospital se lo informaron un día de febrero, a las 10 a. m.
La denuncia, agregó, surgió de los funcionarios del servicio de Medicina, donde el enfermero daba servicio de atención a pacientes.