Ángela Ávalos.   16 agosto
El Área de Servicios Sociales, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, será la responsable de dar seguimiento a la solicitud planteada por siete diputados de la Unidad. Foto: Rafael Pacheco

La Contraloría General de la República revisa la solicitud de nulidad de dos acuerdos firmados entre la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto de este año, planteada por un grupo de siete legisladores de la Unidad.

Menos de un día después de recibir la petición, el ente contralor le confirmó al grupo de legisladores que el caso será atendido por el Área de Servicios Sociales, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

“(...) su gestión se encuentra en la etapa de valoración por parte de este órgano contralor y lo resuelto se comunicará oportunamente”, respondió la Contraloría en el oficio DFOE-DI-1580, del 14 de agosto.

“Estoy muy complacido que la Contraloría lo admitiera en menos de 24 horas. Lo que creo es que está muy ocupada en este tema, por lo que yo esperaría una respuesta muy expedita”, dijo Pedro Muñoz Fonseca, diputado que lidera el oficio con la solicitud, enviado el 13 de agosto.

En ese documento, el FPUSC-016-08-2019 del 13 de agosto, solicitan anular los dos acuerdos que la Caja firmó con los sindicatos este año; el último de esos compromisos, puso fin a la huelga en hospitales públicos a cambio de enviar a un recorrido de varios años por la vía judicial el diferendo por el pago de anualidades y pluses.

La petición fue enviada a la Contraloría General de la República (CGR) el 13 de agosto, pocas horas después de que el Gobierno, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y dirigentes sindicales firmaran el acuerdo que puso fin a una huelga de ocho días.

Los siete legisladores, encabezados por Muñoz solicitan que se declare “la nulidad absoluta, evidente y manifiesta (...) de los dos acuerdos firmados por la CCSS con ciertos sindicatos y, en consecuencia, se ordene la apertura de un órgano director para que se determine definitivamente en vía administrativa la nulidad, absoluta, evidente y manifiesta y todas las consecuencias jurídicas derivadas de esa nulidad y los ilícitos que se hayan cometido, incluyendo delitos penales”.

Según confirmó Muñoz, el interés también incluye revisar si en este proceso se han cometido delitos. Desde incumplimiento de deberes hasta faltas a la ética, sostuvo el legislador refiriéndose a la posible comisión de delitos de las autoridades de la Caja que rubricaron esos compromisos, incluidos el presidente ejecutivo, Román Macaya Hayes, los gerentes y el director jurídico de la entidad, Gilberth Alfaro.

La solicitud también viene firmada por María Inés Solís Quirós, Pablo Abarca Mora, Rodolfo Peña Flores, Erwen Masís Castro, Aracelly Salas Eduarte y Oscar Cascante Cascante.

De acuerdo con Muñoz Fonseca, la vía elegida por la CCSS y los sindicatos es equivocada.

En su acuerdo del 12 de agosto, la CCSS se comprometió a recurrir a la vía contenciosa administrativa para iniciar ahí un proceso de lesividad para declarar la nulidad de los compromisos adquiridos con los sindicatos el 20 de febrero.

Mientras tanto, se respetarán los compromisos firmados con los dirigentes sindicales en febrero; incluyendo el pago de anualidades y pluses y su pago porcentual, pese a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (también llamada reforma fiscal) establece lo contrario.

Según Muñoz, la posibilidad de conseguir la nulidad recurriendo a la Contraloría General de la República (CGR) es más expedita que la de recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo, donde los casos podrían pasar cinco años o más mientras se consigue una sentencia en firme.

En el 2003, contó el diputado, hubo un caso mucho menos importante que el de la CCSS relacionado con un asunto de la Municipalidad de Liberia, en Guanacaste, y sobre el cual la Contraloría resolvió en cuestión de tres meses.

Actualmente, la Caja prepara el documento para solicitar el proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Ese fue el principal compromiso adquirido, de una lista de 15, para acabar con la huelga que generó más de 82.000 citas suspendidas, 1.600 operaciones sin hacer y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos cancelados en todo el país.

Varios juristas consultados por La Nación, cuestionan la vía elegida pues en ella, al menos, se tardará más de cinco años para tener una sentencia en firme.

El lunes, el Gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicalistas, optaron por elevar el caso al Tribunal Contencioso-Administrativo, para que declare la legalidad o ilegalidad del acuerdo firmado por Macaya.

Mientras tanto, la Caja seguirá con el pago porcentual, lo cual contradice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) y también deja en desventaja a miles de funcionarios del Gobierno Central a los que se les eliminó esa forma de remuneración y se les cambió a monto nominal.

De hecho, esa contradicción con la ley abre la posibilidad de que la Contraloría impruebe el presupuesto de la CCSS para 2020.

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