Ángela Ávalos. 3 junio
En una fotografía de archivo, aparece un equipo de rayos X del Hospital San Rafael de Alajuela. La institución maneja un conjunto de seis procesos de compra para sustituir aparatos de Radiología que ya han cumplido o están a punto de cumplir su vida útil.
En una fotografía de archivo, aparece un equipo de rayos X del Hospital San Rafael de Alajuela. La institución maneja un conjunto de seis procesos de compra para sustituir aparatos de Radiología que ya han cumplido o están a punto de cumplir su vida útil.

Una compra por $12 millones para adquirir 72 equipos de rayos X portátiles destinados a los hospitales de la CCSS está bajo revisión en la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano contralor conoce apelaciones a la adjudicación que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la empresa Siemens Healthcare Diagnostics S. A., mediante la licitación pública nacional número 2018LN-000001-3110, del 27 de febrero pasado.

Las objeciones fueron presentadas por las firmas Multiservicios Electromédicos S. A. y Electrónica Industrial y Médica S. A. (Elinmsa).

Según confirmó la oficina de prensa de la Contraloría, se admitió un recurso de apelación que tiene en estudio la División de Contratación Administrativa.

De acuerdo con la información del ente contralor, de entre seis oferentes la CCSS escogió a Siemens para la compra por equipo de $174.312.

Las dos empresas que apelaron esa adjudicación presentaron ofertas por $123.653 (Multiservicios Electromédicos S. A.) y $120.000 (Electrónica Industrial y Médica S. A.) por equipo.

Representantes de ambas compañías, consultados por La Nación, aseguran que la CCSS adjudicó pese a haber diferencias cercanas a los $4 millones (incluyendo todos los equipos) entre sus ofertas y la de la compañía ganadora.

Esta licitación, cuyo proceso se inició en el 2018, establece una entrega según demanda, lo cual quiere decir que aunque el cartel establece la adquisición de 72 equipos, la cantidad final que se adquiera dependerá de las necesidades registradas en su momento por los centros de salud.

La primera orden de compra, informó la Contraloría, es de 34 equipos, con órdenes posteriores o subsiguientes para 38 aparatos más. El costo máximo autorizado por aparato con todos los componentes es de $167.327.

El gerente interino de Infraestructura y Tecnología, de la CCSS, Jorge Granados, confirmó que el proceso se encuentra detenido en espera de la decisión de la Contraloría, que tiene un plazo de al menos 45 días hábiles para resolver, aunque se podría prorrogar.

Granados aclaró que la institución promovió una licitación pública nacional, con trámites que incluyeron la publicación en el diario oficial La Gaceta y la recepción de observaciones de los oferentes, en procedimientos que, según él, cumplen con la ley y el reglamento de Contratación Administrativa.

Pulso por compra

En cambio, Luis Anchía, de Eleinmsa, aduce supuestas irregularidades, razón por la cual solicitaron a la Contraloría revisar todo el expediente.

“Hay un grupo de personas con poder de adjudicar en la Caja que, lejos de defender los intereses de esta institución, parece que están trabajando para otras empresas. Me refiero con eso a que hay equipos en esa licitación, con oferentes más baratos, equipos con más ventajas técnicas, y la Caja lo que hace es buscar los argumentos en contra de la lógica y de la información presentada para descalificarnos”, aseguró el empresario.

Anchía afirma que ellos, en comparación con la empresa que ganó esta licitación, ofertaron precios hasta un 41% más bajos. “Aquí participamos seis de las diez mejores empresas de rayos X del mundo, y la Caja nos descalifica a todos. Nos parece que no solo nos vemos afectados en la parte comercial, sino que también se le hace un daño a la Caja”, aseguró.

Por su parte, Rafael Vargas Arias, director general de Multiservicios Electromédicos, informó de que desde que salió la licitación, su empresa advirtió a la Administración sobre lo que para ellos eran inconsistencias.

“En nuestro caso, actuaremos respetuosos del Derecho. Lo más oportuno es esperar que la Contraloría revise por el fondo. Y dependiendo de lo que diga tomar las acciones que a nuestro mejor juicio y saber podamos hacer. No descartamos cualquier tipo de opción que el derecho nos dé”, informó Vargas.

Anchía no descarta recurrir a los tribunales contencioso administrativos.

“Si la Contraloría le diera la razón a la Caja, obviamente valoraríamos la posibilidad de llevar el caso a los tribunales. Pero como le digo, ya el daño estaría hecho. Aquí el punto más relevante es llamar la atención de los contralores para que revisen esto con lupa”, manifestó el empresario.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís, afirmó que ha investigado la compra desde el año pasado. Según él, “hay mucho qué revisar en materia de contratación administrativa”.

La Contraloría, dijo el legislador, tiene personal especializado y la capacidad para detectar los procesos irregulares. Aseguró que retomará el análisis de esta compra, suspendido por la emergencia de covid-19, y no descarta llevar el caso al Ministerio Público para que se investigue esta contratación.

Defensa del proceso

El gerente interino de Infraestructura y Tecnología, de la CCSS; sin embargo, negó que la empresa adjudicada haya presentado la oferta más cara. “No es correcto cuando se indica que se adjudicó a la más cara. La adjudicada es una oferta intermedia”, aseguró.

“Durante el proceso hubo oportunidad de que las empresas objetaran el cartel. Hubo objeciones y se hicieron cambios, que fueron publicados en La Gaceta. Las empresas ofertaron bajo un cartel que tenía el carácter de firmeza, fue participativo y abierto”, adujo el gerente ante afirmaciones que han emitido los representantes de otras proveedoras.

Un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, de marzo del 2019, descartó eventuales favorecimientos a proveedores, pero hizo recomendaciones para revisar aspectos técnicos vinculados, entre otros, a la capacidad de carga de la batería de los equipos.

Una comisión técnica institucional ad hoc (para el caso específico) emitió a su vez dos informes. En el primero, de mayo de 2019, recomienda a Eleinmsa para la adjudicación. En un criterio amplicado, de octubre, la misma comisión establece la conveniencia de declarar infructuoso el proceso.

Daniel Castillo Libby, director general de Siemens Healthineers Costa Rica, afirmó que la empresa cumplió a satisfacción con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos para la adjudicación.

"La empresa ofertó un precio justo y de mercado por los productos y servicios posventa asociados, los cuales fueron revisados bajo los parámetros de razonabilidad por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Estamos en pleno conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra el proceso licitatorio, el que respetamos y acompañamos al ser un recurso meramente formal. A su vez, tenemos plena confianza en que la Contraloría procederá apegada a lo que se dispone en el ordenamiento jurídico”, manifestó Castillo. El empresario reiteró el compromiso de la empresa con las prácticas comerciales éticas.

Adriana Chaves Díaz, asesora de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, explicó que estas compras, igual que otras promovidas por la Gerencia de Infraestructura, responden a un plan de sustitución de equipo que se ha ido ordenando en los últimos años. Antes, aclaró, cada unidad adquiría por aparte sus propios equipos.

“Negocios tan importantes son bastantes atractivos para el mercado. Hay formas de compras en que la Caja está incursionando como este tipo de contrataciones, que despiertan un interés voraz, porque son grandes negocios. Reiteramos que es una licitación nacional porque son las que permiten ejecutar este ejercicio de derecho en materia de objeciones al cartel”, aseguró.