La Contraloría General de la República (CGR) anuló a la CCSS una millonaria compra de equipos de rayos X, de hasta $12 millones, luego de hallar inconsistencias en el proceso de adjudicación; principalmente, que los aparatos que se iban a adquirir carecen de un requisito básico: el registro del Ministerio de Salud.

La anulación, emitida este 7 de julio, surge al resolver los recursos de apelación interpuestos por dos empresas que participaron en la licitación 2018 LN-000001-3110, para la compra de 72 equipos portátiles de rayos X, que se necesitan con carácter de urgencia en todos los hospitales del país.

Según la Contraloría, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invirtió dos años en un proceso de adjudicación que incluyó dos consultas a su Junta Directiva y la conformación de varias comisiones ad hoc para analizar los detalles técnicos.

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En todo ese tiempo, sin embargo, llama la atención, dijo la Contraloría, que se omitiera consultar al Ministerio de Salud si los equipos ofrecidos por los participantes en la licitación contaban con registro para ser comercializados en el país.

Ese punto, considerado esencial por el órgano contralor, nunca se aclaró en esos dos años. Lo establece el Reglamento para Ia notificación, registro, clasificación, importación y control de Equipo y Material Biomédico (EMB), del 2008.

En varios de los aparatos, advirtió la Contraloría, no tener el EMB apropiado implica, primero, que el equipo no se puede importar y, segundo, que la CCSS se encontraría en una situación de riesgo al no tener seguridad de que Salud dará permiso a la oferta del proveedor.

Los recursos de apelación fueron interpuestos por las empresas Multiservicios Electromédicos S. A. (MESA), y Electrónica Industrial y Médica S. A. Eleinmsa), contra la adjudicación hecha por la CCSS a Siemens Healthcare Diagnostics S. A.

“Ninguno de los participantes, ni los apelantes, ni el adjudicatario, cumplieron con los requisitos cartelarios porque los equipos ofrecidos no se encontraban debidamente registrados ante el Ministerio de Salud conforme a la normativa del país.

“Llama la atención que luego de dos años y muchas revisiones de unidades de la CCSS esta situación no haya sido advertida a tiempo, y ahora lo que corresponde es que esa administración tome las medidas necesarias para adquirir los equipos bajo un procedimiento que se apegue al ordenamiento jurídico”, explicó Allan Ugalde, Gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría.

La Nación solicitó reacciones a los apelantes y a la empresa adjudicataria. Se está a la espera de sus declaraciones.

Por medio de la oficina de prensa de la CCSS, la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de esa institución confirmó haber recibido la notificación de la Contraloría la tarde del martes, la cual se encuentra en análisis.

Pulso por compra

Representantes de ambas compañías apelantes consultados por La Nación a inicios de junio, aseguraron que la CCSS adjudicó pese a haber diferencias cercanas a los $4 millones (incluyendo todos los equipos) entre sus ofertas y la de la compañía ganadora.

Esta licitación, cuyo proceso se inició en el 2018, establece una entrega según demanda, lo cual quiere decir que aunque el cartel establece la adquisición de 72 equipos, la cantidad final que se adquiera dependerá de las necesidades registradas en su momento por los centros de salud.

También a inicios de ese mes, la CCSS confirmó a La Nación el inicio de una indagatoria sobre una reunión informal o convivio entre jefes del servicio de Radiología de los hospitales México y Calderón Guardia con el representante de la empresa Siemens Healthcare Diagnostics.

Esta investigación surge a partir de una fotografía donde aparecen los funcionarios y Daniel Castillo Libby, de la firma de equipos médicos, departiendo, aparentemente, en un restaurante.

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En junio, el gerente de Infraestructura y Logística de la CCSS, Jorge Granados, defendió el proceso que siguió la licitación. Dijo que a todas las empresas se les dio la oportunidad de objetar el cartel, que según él, “tenía el carácter de firmeza, fue participativo y abierto”.

Un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, de marzo del 2019, descartó eventuales favorecimientos a proveedores, pero hizo recomendaciones para revisar aspectos técnicos vinculados, entre otros, a la capacidad de carga de la batería de los equipos.