Una comisión integrada por autoridades de la CCSS y sindicatos de trabajadores discutirá y revisará compras y otras acciones que se tomen para la atención de la pandemia.
A ese acuerdo llegaron siete grupos gremiales y las máximas autoridades de la institución el lunes, tras siete horas de reunión para conversar sobre ocho puntos planteados por los sindicatos, de los cuales solo se pudo avanzar en uno.
Hay más temas sobre la mesa, que todavía no se han tocado, informó la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).
Entre esos asuntos, afirmó ese sindicato, que la CCSS garantice para todos los trabajadores medidas e implementos de protección colectiva e individual; la derogatoria del lineamiento temporal para el uso extendido y reutilización de respiradores filtrantes de partículas (N-95 o su equivalente), y el reconocimiento de una licencia remunerada a los trabajadores que sufran un aislamiento preventivo.
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que la comisión será institucional-laboral y de “alto nivel de gestión de la emergencia sanitaria”. Aclaró que será de carácter consultivo y recomendativo. Se reunirá cada dos semanas, de manera virtual.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, explicó que ahí se abrirá un espacio de discusión sobre la gestión de la emergencia. Además, se compartirán los criterios de los grupos sindicales y los argumentos técnicos de la CCSS.
"Se busca mejorar las relaciones con el sector sindical, crear paz social y paz laboral, que es necesaria en la atención de una pandemia. Tenemos que ver que el enemigo no somos los diferentes grupos en ambos lados de la mesa, el enemigo es un virus que está azotando al mundo. Costa Rica no es la excepción y ha creado una crisis sanitara y económica que hay que ponerles fin”, dijo Macaya.
La próxima reunión será el viernes. En agenda está la deuda del Estado y el fortalecimiento de la CCSS.
Además de Macaya, en la reunión participaron por la CCSS, Ronald Lacayo, gerente administrativo; Wálter Campos Paniagua, director de Administración y Gestión de Personal, y Gilberth Alfaro, director Jurídico.
Por parte del gobierno central participaron el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero.
Los grupos laborales enviaron representantes de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca), Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), y el Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf).
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También acudieron del Sindicato Nacional de Servicios de Salud (Sinass), el Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (Sinasass) y de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE).
Varios de esos grupos han sido especialmente críticos con las compras realizadas por la institución de equipos de protección personal, como mascarillas y batas, que deben usar los trabajadores a cargo de la atención directa de enfermos de covid-19.
A inicios de agosto, La Nación reveló una compra urgente por $4 millones, de 12 millones de mascarillas quirúrgicas para uso en centros médicos públicos que la CCSS adjudicó a un contador y una empresa de comunicación política sin experiencia en suministro y distribución de equipo médico.
Por este caso, ya hay abierta una investigación interna de parte de la Auditoría de la CCSS, otra en el Ministerio Público y las anomalías se discuten en la Asamblea Legislativa, adonde han convocado a comparecer a varias autoridades institucionales y a las empresas adjudicatarias.