La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron este lunes un convenio que busca proteger, en materia de aseguramiento, a los extrabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva), en el marco de la Ley 9764.
El gerente financiero de la CCSS, Luis Diego Calderón Villalobos, detalló que estos exfuncionarios serán cubiertos como asegurados voluntarios y que la cotización de los beneficiarios será para ambos seguros: salud y pensiones.
Además, la cobertura aplica hasta que inicien una actividad económica ya sea bajo una relación de asalariado, como trabajadores independientes, o se pensionen.
El MTSS será la institución que determine cuáles extrabajadores serán los que califiquen para recibir este beneficio y será la que gire los fondos para el pago de este aseguramiento a la CCSS.
Villalobos dijo que el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), como mecanismo de control, informará mensualmente al MTSS sobre los casos en donde se detecte que ha variado la condición de las personas prejubiladas.
Este convenio rige hasta que cese la cobertura de aseguramiento de los exfuncionarios cubiertos por la Ley N° 9764, o cuando se incumplan las obligaciones estipuladas en el acuerdo suscrito como es el pago de las contribuciones.
La ley 9764 de Transformación de los Trabajadores de Japdeva fue aprobada el 15 de octubre de 2019.
Recortes considerables
En diciembre de 2019, Japdeva comunicó nuevos recortes de 400 trabajadores, como parte del proceso de disminución de planilla necesario para el equilibrio financiero de la institución y el replanteamiento de sus negocios.
De 1.200 empleados, la empresa propuso quedar solo con 300. Los primeros 400 trabajadores salieron en noviembre, al acogerse a unas de las tres opciones que brinda la institución. El grueso son los llamados prejubilados, provenientes de diferentes departamentos.
A ese grupo se unieron operarios portuarios con baja carga de trabajo y oficiales de seguridad. De todos ellos, unos 270 optaron por la opción de prejubilarse, para recibir en promedio ¢1,2 millones hasta alcanzar la edad de pensión que establece el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Otros 100 se decantaron por renunciar con el pago de prestaciones más un bono de hasta ocho salarios, mientras que apenas unos 30 prefirieron quedarse en el Estado mediante su traslado a otra institución pública.
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, señaló en diciembre que el proceso requería hacer mediciones en cada uno de los departamentos, con base en el ritmo de trabajo, para determinar en cuáles se debe hacer recortes de personal y el número de empleados del que se debe prescindir.
“Ha sido un proceso muy complejo, muy retador, que va a requerir que vayamos haciendo adaptaciones precisamente por la complejidad que tiene y sobre todo, en la que va a ser muy importante escuchar a diferentes equipos para ir ajustando lo que haya que ajustar. Es un proceso que ha consumido toda la atención de la organización”, afirmó Centeno en su momento.
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