La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enviará a consulta pública una propuesta para ajustar los aportes de patronos privados a la seguridad social cuando contraten trabajadores en jornadas parciales con salarios inferiores a la Base Mínima Contributiva (BMC) establecida por la institución.
El objetivo de la propuesta es que los empleadores coticen de forma proporcional a esos salarios, tanto en el seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) como en el de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), anunció la institución en un comunicado.
Actualmente, la Base Mínima Contributiva del SEM es de ¢303.000 y la del seguro de pensiones es de ¢288.000, informó la oficina de prensa de la CCSS. Los detalles de los ajustes se comunicarán cuando aparezcan en La Gaceta, agregaron.
La consulta pública se realizará por medio de ese diario oficial, acordó este 30 de junio la Junta Directiva de la Caja, en la primera sesión realizada luego de no reunirse desde hace un mes. La propuesta surge de la Gerencia Financiera, informó el presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.
Incluye cambios a las reglas de la Base Mínima Contributiva para trabajadores a tiempo parcial con salarios inferiores a ese umbral. También reforma el artículo 63 del Reglamento del Seguro de Salud, y los artículos 2 y 34 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, asegura que la propuesta fortalecería las acciones para extender la cobertura contributiva, aunque no dio detalles de cómo se alcanzaría esto.
La BMC es un monto base, o mínimo, para cotizar en los dos seguros que administra la CCSS, y es independiente del salario que se reporte.
Por eso, aunque el trabajador tenga un salario inferior a dicha base, tanto empleado como patrono deben calcular su aporte a partir de ese monto base, el cual es establecido por la Junta Directiva de la institución. La Caja tiene algunas excepciones.
En el 2020, primer año pandémico, el máximo órgano de decisión de la CCSS acordó reducir la BMC debido a la crisis económica que generó la covid-19 en un intento de ayudar a patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios.