Ángela Ávalos. 30 octubre, 2017
Actualmente, el FRE tiene 14.523 pensionados y 53.383 trabajadores activos quienes tendrían derecho a una pensión una vez se jubilen.
Actualmente, el FRE tiene 14.523 pensionados y 53.383 trabajadores activos quienes tendrían derecho a una pensión una vez se jubilen.

La Junta Directiva de la CCSS estudia tomar medidas legales contra el Ministerio de Hacienda si no incluye el aumento en la cuota estatal al sistema de pensiones en el presupuesto del 2018.

En su sesión extraordinaria de este lunes, los miembros del máximo órgano de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) instruyeron a su Dirección Jurídica para que les presente opciones.

José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo ante la Junta, confirmó que el acuerdo se tomó de forma unánime.

La Directiva también decidió enviar una carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y al ministro de Hacienda, Helio Fallas, así como a los diputados, para solicitarles la inclusión de ese pago en el presupuesto de la República del próximo año.

De persistir la negativa, se recurrirá a acciones legales, informó Loría.

Los acuerdos responden a una moción presentada, el jueves anterior, por Loría, para quien resulta "reprochable" que el Gobierno se niegue a cumplir sus compromisos con la seguridad social.

Como parte de la medidas para dar aire financiero al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los directores de la CCSS elevaron en 0,66 puntos porcentuales la cuota estatal.

El acuerdo se tomó en julio del año pasado y entró a regir en setiembre. La cuota pasó así de 0,58% a 1,24%.

Sin embargo, el Estado se amparó en un "estado de necesidad" para no pagar ese incremento.

Hasta marzo, la deuda acumulada ascendía a ¢70.000 millones, y es la primera vez que el Estado tiene un pendiente de pago con el seguro de IVM.

La deuda histórica del Estado con la CCSS ha sido por el seguro de enfermedad y maternidad (SEM), que hasta marzo rondaba los ¢700.000 millones.

.
.

Con este incremento, la Caja pretende financiar el pago de las pensiones más bajas.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda asegura sostener su compromiso con la CCSS.

"En el Presupuesto Nacional 2018 se incluyen ¢783.062 millones (2,18% del PIB), entre transferencias (¢690.557 millones) y Ley de Protección al Trabajador (¢92.504 millones), de los cuales el IVM recibirá un total de ¢281.762 millones.

"(...) Este Ministerio entiende la importancia de aquellos rubros de gasto señalados, pero su financiamiento debe ser, en la medida de lo posible, con recursos frescos y no con deuda", sostuvo Hacienda la semana pasada, en respuesta a un recurso de amparo presentado por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) para obligarlo a cancelar sus deudas con la institución.

Luis Chavarría, secretario general de Undeca, confirmó que hasta ahora no han recibido respuesta del tribunal constitucional.

La CCSS también elevó la cuota obrera, que para enero deñ 2018 alcanzará un 3,84%. Aunque el Gobierno quiso frenar dicho ajuste, no lo logró.

Las medidas que darán sostenibilidad financiera al principal régimen de pensiones del país –con 1,5 millones de trabajadores cotizantes– saldrán de la mesa de diálogo que la CCSS integró para hacer la reforma al IVM.

Este lunes, en su última reunión, voceros de esa mesa confirmaron que no se elevará la edad de pensión (se mantendrá en 65 años), tampoco aumentarán las cuotas (300), y no se bajará el monto de la jubilación (alrededor de un 60% del salario).

Este foro, integrado por representantes laborales, patronales y estatales, optó por buscar nuevas fuentes de financiamiento para el IVM, que serán dadas a conocer el 6 de noviembre, en conferencia de prensa.

El último estudio actuarial contratado por la CCSS a la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), planteaba medidas fuertes, como elevar la edad a 70 años y reducir la tasa de reemplazo al 40% del salario promedio de los últimos 20 años.

El escenario de sostenibilidad para esa reforma era un siglo. La mesa optó por dar 20 años más de vida al régimen y revisarlo cada cinco años para realizar eventuales ajustes.

La propuesta será presentada a la Junta Directiva de la CCSS, cuyos nueve miembros serán quienes tendrán la última palabra.