Ángela Ávalos. 31 julio
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, explicó a la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos que el proyecto de ley para fortalecer la gestión de cobro de la Caja, nació en la institución en el 2011.
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, explicó a la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos que el proyecto de ley para fortalecer la gestión de cobro de la Caja, nació en la institución en el 2011. "Es un proyecto necesario", aseguró. Foto: Rafael Pacheco

Técnicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se sentarán con diputados a mejorar el proyecto de ley que, de salir avante en la Asamblea Legislativa, le daría a esa institución más armas para controlar y sancionar a los evasores y morosos.

Ese fue el resultado de la audiencia de Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, ante la comisión de Asuntos Jurídicos, en donde se discute el proyecto de ley 18.329 (Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Cobro de la CCSS y Responsabilidad Nacional con la Seguridad Social).

La iniciativa, originada en la Caja, ingresó al Congreso desde junio del 2011. Ocho años después, Macaya defiende la importancia de este proyecto para mejorar la salud financiera de la entidad.

El jerarca ofreció la ayuda y los diputados la aceptaron, así que pronto esperan sentarse en una discusión técnica para fortalecer el plan y empujarlo hacia otras instancias legislativas, con miras a una eventual aprobación de la ley.

"Este proyecto de ley le da herramientas a la Caja para la gestión de cobro. Queremos un balance de estímulos positivos para quienes quieren cumplir con la Caja, y las herramientas para quienes tienen un comportamiento doloso al evadir sus responsabilidades", dijo Macaya ante los diputados. Foto: Rafael Pacheco

“Nuestro interés es una economía robusta y pujante, pero con herramientas que nos permitan actuar con fuerza cuando hay patrones de comportamiento que demuestran una línea dolosa: querer evadir cuotas”, manifestó Macaya.

“No queremos promover la alcahuetería”, agregó en clara referencia a que la institución ha dado signos de querer ayudar a aquellas empresas que, ciertamente, pueden estar afrontando dificultades para cumplir con la seguridad social.

Hace dos semanas, dijo, la Junta Directiva aprobó un conjunto de medidas para facilitar los arreglos y convenios de pago de compañías morosas (intereses un poco más bajos, plazos más largos y multas menores).

“La Caja no es inmune a la situación económica del país, pero queremos lograr esos balances. Todos los incentivos tienen que ir dirigidos hacia la formalidad”, enfatizó.

Sin embargo, el jerarca de la CCSS reiteró que no están dispuestos a ser permisivos con quienes quieran evadir sus responsabilidades.

Mencionó, por ejemplo, mantener la obligatoriedad de que quienes participen en contrataciones con la CCSS estén al día con sus pagos a la seguridad social y no quitar ese requisito, como pretende el proyecto en discusión.

“Hemos perdido gerentes por morosidad, ¿cómo vamos a ser permisivos con esto?”, preguntó Macaya.

También se pretende establecer que, en las sociedades que sean disueltas, los socios respondan por las deudas ante la seguridad social.

Odilí Arias, directora de Inspección de la CCSS –una de las funcionarias que acompañó a Macaya a la comparecencia–, reconoció ante los diputados que la norma que está vigente “se quedó corta”, pues tiene más de 40 años.

Datos de la institución sobre morosidad patronal revelan que, al 30 de junio, se registraron 15.320 patronos activos que adeudan a la institución ¢71.212 millones. Este monto no incluye intereses.