Salud

CCSS confirma denuncia contra sospechosos por disturbios de antivacunas en hospital de Heredia

Autoridades del San Vicente de Paúl y Dirección Jurídica de Caja respaldarán acciones de Fiscalía ante ataque del 26 de enero, que obligó a cerrar servicios

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “se apersonó” en los procesos penales que sigue la Fiscalía de Heredia contra las siete personas identificadas como sospechosas del ataque antivacunas contra el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, perpetrado la tarde del miércoles 26 de enero.

La Dirección Jurídica de la institución confirmó que la CCSS presentó la denuncia y realizó gestiones para ser parte del proceso que el Ministerio Público abrió de oficio contra los implicados. Lo hace “en resguardo de los intereses institucionales y la protección de los derechos de las personas usuarias”.

“La Caja se encuentra apersonada a los procesos penales que la Fiscalía de Heredia mantiene abiertos con ocasión de los hechos acontecidos en el Hospital San Vicente de Paúl. El día de los hechos, las autoridades del hospital se presentaron ante la Fiscalía a formular la respectiva denuncia inicial.

“Seguidamente, la Dirección Jurídica presentó denuncia en contra de las siete personas que fueron identificadas y detenidas por las autoridades de la Policía. Ambas denuncias contemplan tanto los actos de violencia como la afectación sufrida por el centro hospitalario”, informó esa dirección por medio de la oficina de prensa.

A los siete se les atribuye los delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público. Son cuatro mujeres y tres hombres, cuyos casos, inicialmente, fueron tramitados como procesos de Flagrancia. El líder antivacunas Marco Morales Albertazzi, aprehendido el 27 de enero, estará bajo arresto en su casa tres meses como sospechoso de haber liderado el “motín”.

La acción violenta de los grupos antivacunas ese miércoles 26 de enero se originó porque el hospital informó a los padres de un niño de seis años que aplicaría la vacuna contra la covid-19 al menor, debido a que presentaba factores de riesgo, medida a la que la pareja se oponía. El niño había ingresado a Emergencias con un problema respiratorio.

Aunque la dirección hospitalaria los convocó a una reunión para informarles sobre la importancia de vacunarlo para protegerlo de la enfermedad, los padres, acuerpados por la diputada independiente Shirley Díaz, convocaron a antivacunas que ingresaron violentamente al edificio con el propósito de sacar al paciente y encarar a la trabajadora social responsable del caso.

La incursión ameritó presencia policial y obligó al centro médico a suspender todas las citas, la atención de urgencias y la realización de procedimientos para salvaguardar la integridad de pacientes y personal.

El padre se negaba aplicarle la segunda dosis contra la covid-19, que está programada para este viernes 18 de febrero; la primera se le colocó el 28 de enero. El hombre fue contactado vía telefónica por personal del hospital, pero dijo que no lo llevará, confirmó la directora médica del Hospital San Vicente de Paúl, Priscilla Balmaceda, ante consulta de La Nación

Al final del viernes, las autoridades dijeron que no se referirían más al tema, por lo que se desconoce si el niño recibió o no la segunda inyección.

Una sentencia de la Sala Constitucional, de este martes 15 de febrero, concluyó que las autoridades del hospital de Heredia “actuaron conforme a derecho y en defensa del principio del interés superior de la persona menor de edad al vacunar contra la covid-19 a un niño ingresado en el hospital, pese a que sus padres se oponían a la inoculación”.

La sentencia resuelve un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del menor y sus padres, quienes alegaban que el hospital retuvo al infante contra su voluntad. La Sala descartó esto último y justificó la estancia hospitalaria y la vacunación.

Ángela Ávalos

Ángela Ávalos

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud.

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