Ángela Ávalos.   7 agosto

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) archivó el procedimiento administrativo que seguía a nueve funcionarios que ocuparon jefaturas al momento de la crisis financiera que enfrentó la institución a finales de la década pasada.

Esta fue la decisión del Órgano Director del Proceso Administrativo al acoger el alegato de prescripción presentada por siete de los involucrados, es decir, que ya venció el plazo para que se impongan sanciones en caso de que haya existido alguna falta.

De esta forma, se ordenó el cese de las medidas cautelares así como la reinstalación en los puestos de tres de ellos a partir del 5 de agosto. La resolución fue notificada el 1.° de ese mes.

El Órgano Director estuvo integrado por los gerentes médico, financiero y de Pensiones. Fue creado por la Junta Directiva de la CCSS para tramitar el expediente 19-00072-1105-ODIS.

El Órgano Director conformado por la Junta Directiva de la CCSS archivó el caso al concluir que los hechos investigados prescribieron. Foto: Rafael Pacheco

Según el documento, la excepción de prescripción por este asunto fue interpuesta por Gustavo Picado Chacón, José Alberto Acuña Ulate, Luis Guillermo López Vargas, José Luis Quesada Martínez, Iván Guardia Rodríguez, Carlos Montoya Murillo y Dinorah Garro Herrera.

Los funcionarios que regresan a la Caja tras suspensión con goce de salario son Acuña Ulate, Guardia Rodríguez y López Vargas. Ellos vuelven a ocupar los cargos de director financiero-administrativo; director financiero contable; y director técnico actuarial y económico, respectivamente.

Completan la lista de involucrados en la causa Christian Hernández Chacón y Yorleny Madrigal Mora.

Hechos prescritos

El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz Cubillo, confirmó el cierre de la investigación y reconoció que se archivó porque los hechos indagados ya habían prescrito, según el informe técnico legal.

“Es un criterio que nos da la Dirección Jurídica de la institución. Hay que respetar el orden institucional, y la orden indica que ellos deben reinstalarse en sus labores”, manifestó Ruiz, quien dijo que a estos funcionarios “en todo momento se les respetaron los derechos laborales”.

La resolución firmada, entre otros, por Ruiz Cubillo, sostiene lo siguiente: “(...) considerando que los informes de Auditoría Interna antes mencionados fueron de conocimiento de las autoridades superiores administrativas de la Caja desde el año 2012 y el traslado de cargos del presente procedimiento administrativo disciplinario fue notificado a los investigados entre el 24 y 28 de mayo de 2019, queda evidenciado que el plazo de 5 años que aplica para este caso ya feneció. De ahí entonces, que lo que corresponde en derecho es declarar con lugar la excepción de prescripción aquí interpuesta”.

Un acuerdo de Junta Directiva de la CCSS, del 4 de abril del 2019, ordenó la instrucción de ese investigación con base en una acusación que todavía está en el Ministerio Público.

Esa acusación consta de 75 hechos, supuestamente registrados entre 2008 y 2009.

Estos hechos vinculaban a Luis Guillermo López Vargas, Iván Guardia Rodríguez, Gustavo Picado Chacón y José Alberto Acuña Ulate con la aprobación de beneficios laborales, supuestamente, sin tomar en cuenta el impacto en la sostenibilidad financiera de la CCSS.

Entre esos beneficios está el aumento del tope de cesantía y de anualidades, aumento de la base salarial no profesional y la creación de nuevas plazas.

A Garro Herrera, Montoya Murillo, Hernández Chacón, Madrigal Mora y Quesada Martínez, en su calidad de miembros del Comité de Inversiones de la Gerencia de Pensiones, se les llegó a responsabilizar de supuestas afectaciones patrimoniales a la Caja por compraventa de los títulos valores entregados por el Ministerio de Hacienda como parte del pago la deuda estatal.

Todas estas personas forman parte del grupo de 18 funcionarios y exfuncionarios a quienes la Fiscalía vincula con supuestas irregularidades entre el 2006 y el 2010. La acusación se interpuso el 20 de marzo anterior.

En esa lista, además, figuran Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la Caja en ese periodo; el exgerente financiero, Manuel Ugarte Brenes; el exdirectivo de la CCSS, Eugenio Trejos Lobo; así como la expresidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda Arias.

No fue posible, al cierre de edición de esta nota, conocer el avance de la investigación por esta causa en la Fiscalía.