Ángela Ávalos.   17 julio

Quitarse el condón o romperlo a propósito en medio acto sexual sin consentimiento de la pareja, podría convertirse en una acción penalizada hasta con 17 años de prisión si prospera un proyecto de ley presentado este 15 de julio por la oficialista Paola Vega.

De acuerdo con la legisladora, su propuesta pretende agregar otro artículo al Código Penal para regular una nueva forma de violencia sexual que, según ella, no está tipificada.

"Esa práctica es más común de lo que se cree. O se ha sido víctima o tenemos amigas cercanas que han pasado por esto.

“Estamos proponiendo la figura de la violación adyacente, así se le llama. No lo estaría equiparando con una violación ordinaria. Se crea una figura de menor rango, y se le impondría pena de prisión a la persona que se quite el condón o lo dañe a propósito”, explicó la legisladora.

Este eventual delito, explicó Vega, se agravaría si de esa relación resulta una infección de transmisión sexual o un embarazo. Las penas que se proponen, inicialmente, van de 9 a 17 años de prisión.

El condón o preservativo es uno de los métodos de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.

Si el hecho se da durante un acto sexual que se inició con el consentimiento mutuo, ¿cómo probar que se dio una acción intencional de quitar el condón o romperlo para causar algún daño?, se le preguntó a Vega.

“En este tema, hay mucho tabú. El Poder Judicial debe tener las herramientas para comprobar esos casos. Aquí se le da una herramienta al operador (juez) para que sepa cómo proceder si recibe denuncias de este tipo”, explicó la legisladora.

Según la propuesta, sería sancionado con prisión de nueve a 15 años, “quien se retire o dañe el preservativo, u otro método profiláctico, sin consentimiento expreso de todas las partes involucradas en el acto acceso carnal por vía oral, anal o vagina”.

Las penas aumentarían hasta los 17 años si de esa acción resulta un embarazo o una infección de transmisión sexual.

El proyecto, al que le fue asignado el número de expediente 21.513, todavía no ha sido asignado a ninguna comisión.

Vega también presentó recientemente otro proyecto polémico relacionado con el derecho a una muerte digna de enfermos terminales.

Penalistas divididos

La Nación consultó el criterio sobre el proyecto a dos abogados penalistas, con posiciones encontradas respecto al proyecto de Paola Vega.

Federico Campos Calderón califica la propuesta de “absurda”, mientras que su colega, Gerardo Huertas Angulo, considera que vendría a llenar un importante vacío legal, aunque cuestiona el tiempo propuesto de las penas.

“Es un despropósito absoluto, innecesario y es recurrir otra vez más al derecho penal para convertir en delito, actos que no son necesarios de tutelar por la vía penal.

“El juez ya cuenta con las herramientas para graduar la pena y aumentarla de acuerdo a la gravedad del hecho, en cada circunstancia en particular, porque no hay nunca circunstancias similares”, manifestó Campos Calderón.

Gerardo Huertas, por el contrario, considera la iniciativa como oportuna y progresista desde el punto de vista de los derechos humanos y de la libertad de la autodeterminación sexual.

"Sí existe un vacío legal. Esto sí es una conducta que debe ser penalizada. Hay un derecho fundamental de por medio por proteger, y es la libertad de la autodeterminación sexual. Hay muchos que dicen que esto ya existe (en Costa Rica), que está el delito de abuso sexual.

"A mi juicio, esa conducta no calza en nuestro delito de abuso sexual. En España, este delito tiene una redacción más amplia, y tiene una causal que pena también a quien sin violencia o intimidación pero sin contar sin consentimiento realice cualquier acto (de este tipo)”, dijo Huertas.