El 24 de diciembre de 2016, dos pandillas se enfrentaron a balazos en los alrededores del CAIS de Desamparados, cantón de San José.
La pelea no terminó en la barriada, sino que se acercó cada vez más al centro de salud, en cuyo servicio de Emergencias intentaban salvar la vida a dos integrantes de las pandillas.
La Fuerza Pública desplegó un operativo que incluyó la evacuación de personal y pacientes hacia una zona más segura del edificio, al tiempo que intentaba controlar el pleito en las afueras.
El suceso fue uno de los más graves vividos hasta ahora en la que antes fue la Clínica Marcial Fallas y hoy es el Centro de Atención Integral en Salud (CAIS).
Este drama es uno de los que justificó, en marzo del año pasado, la decisión de la Caja de intervenir los servicios de ese CAIS para mejorar tanto el nivel de seguridad como la calidad de los servicios.
Y es que los problemas de inseguridad en la que fuera la clínica Marcial Fallas se sumaron a denuncias de pacientes por supuestos maltratos; especialmente, en el servicio de Emergencias.
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A casi un año de esa intervención, que supuso la separación temporal tanto del director médico como del administrativo, los hechos vinculados a la violencia no se han vuelto a presentar en ese centro de salud.
Tal parece que también las mejoras han sido sustanciales en Emergencias, donde las autoridades interventoras empezaron a aplicar en enero de este año un sistema de clasificación de pacientes (conocido como CTAS) para reducir los tiempos de espera de atención, al tiempo que involucraron a sus funcionarios en capacitaciones intensivas sobre buen trato.
Primeros resultados
Para lograrlo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asegura haber invertido alrededor de $250.000 (más de ¢143 millones al tipo de cambio actual) en dispositivos para reducir el riesgo y aumentar los niveles de protección para los usuarios de estas instalaciones.
Mauricio Rosas Vega, administrador del CAIS y miembro del equipo interventor, dice que se ha dado un gran avance.
Entre las medidas que destacó el administrador, están las siguientes:
- Se contrató a otra empresa de seguridad y se aumentó en 13, el número de oficiales de vigilancia. En total, hay 39 funcionarios.
- Se reforzó el personal de seguridad con oficiales de la CCSS.
- Los consultorios del servicio de Emergencias tienen instalado un botón de pánico con conexión a un circuito automatizado.
- Se les dieron brazaletes a los pacientes de Emergencias y hay control de los acompañantes.
- Se colocó una puerta especial entre Emergencias y el área de clasificación de pacientes.
- Una reja perimetral fue colocada en todo ese servicio para evitar que extraños pasen objetos peligrosos por las ventanas.
- En seis meses, se cambiará todo el sistema de cámaras de vigilancia.
También, dijo Rosas, se ampliaría la sala de espera de los acompañantes para dar un mejor manejo a los usuarios que ingresan a ese servicio y dar condiciones más cómodas para la espera a quienes acuden con sus parientes.
Un informe con todas estas medidas será presentado a finales de marzo a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que decidirá si termina la intervención o si se amplía, como sucedió en julio pasado.
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Como parte de este proceso, dos autoridades de la antigua administración se encuentran separados del cargo con una medida cautelar, trabajando en otro centro de la CCSS mientras concluye la investigación administrativa, informó Rosas.
Sorprendidos
Pocos minutos después de haber sufrido un atropello, el martes 6 de febrero, Rebeca Ulloa ingresó a Emergencias del CAIS para ser atendida.
Le colocaron en su muñeca el brazalete amarillo, por estar en una condición más delicada. Su pie izquierdo lucía muy hinchado después de que la rueda de un vehículo le pasara por encima.
Junto a su hija, Gabriela Quirós, Rebeca reconoció estar sorprendida por la rápida atención inicial.
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Su hija ya ha pasado varias veces antes por ese servicio. Contó como en ocasiones anteriores, entraba a las 8 a. m. y salía a las 6 p. m.
Estaba tan sorprendida como su mamá porque en cuestión de media hora había logrado traspasar la puerta entre la sala de espera y los consultorios, y aguardaban ser llamadas por el médico.
Además, según dijo, le agradó mucho que le permitieran estar con su mamá, situación que antes no se permitía. Para esto, le colocaron un brazalete rosado, que le permite a los funcionarios de vigilancia identificarla y controlar su desplazamiento por las instalaciones.
Según el administrador Mauricio Rosas, la atención de pacientes según su nivel de prioridad mediante una consulta de clasificación, apenas se empezó a hacer en enero, pero los informes recibidos sobre el nivel de satisfacción son abundantes.
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Los primeros registros revelan una disminución de las quejas, que pasaron de un promedio de tres diarias, a recibir ese mismo número cada dos o tres meses.
Una de las médicos con más años de laborar en ese servicio, Carolina Hernández, afirmó que los funcionarios se sienten más seguros.
"El control de filas, el botón de pánico y la implementación del expediente digital (EDUS) ha permitido mejorar el flujo de pacientes. El orden de la atención se ha mejorado y esto facilita que estén más tranquilos", dijo Hernández, en referencia a historias de pacientes que, cansados de tanto esperar, se enojaban con médicos y exponían su molestia en las redes sociales.