Ángela Ávalos.   10 febrero
El puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, mejor conocido como puente del Saprissa por su cercanía con ese estadio, fue tapizado de mensajes para evitar que las personas se lancen desde ahí al vacío. Foto: Graciela Solís

En las barandas del llamado ‘puente del Saprissa’ colocaron globos de colores y mensajes: “Mientras haya vida, hay esperanza”. “Todo mejorará, por favor, ven a casa”. “Confía por un nuevo comienzo”. Pero ni los globos de colores ni los mensajes de ánimo fueron suficientes para retenerlo.

Lo único que se sabe es que era un hombre joven. Cumple con el perfil de los registros tanto de intentos de suicidio como de suicidios en el país: gente en edad productiva, más de un 80% de ellos, hombres.

No es el primero que toma esa decisión y, lamentablemente, no será el último.

Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, entre el 2014 y el 2018, los intentos de suicidio reportados pasaron de 1.204 a 1.898. La tasa por cada 100.000 habitantes subió de 25,2 intentos de suicidio a 37,9 por cada 100.000 habitantes en esos cuatro años.

Los suicidios, mientras tanto, pasaron de 278 en el 2012, a 287 en el 2017, según el último dato reportado por Salud. El año que ha registrado más muertes es el 2016, con 339. En más del 80% de ellos, los hombres son las víctimas. Todavía no se dispone del dato de mortalidad de 2018.

Mientras jóvenes como el del ‘puente del Saprissa’ siguen abultando las cifras en una escalada ascendente, aparece un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que podría explicar una de las razones más importantes de esta situación, calificada como una “crisis de suicidios” por, Óscar Valverde Cerros, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología.

El informe DFOE-SOC-IF-00025-2018, se hizo público en diciembre anterior pero fue conocido por las autoridades de ese ministerio seis meses antes. Es una investigación de carácter especial que revisa las acciones emprendidas en los últimos diez años.

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El documento revela la escasa o nula acción del Ministerio de Salud en un área crítica para prevenir suicidios: la salud mental.

De la lectura de ese informe se desprende que hasta, hace poco, la existencia de una Secretaría Técnica de Salud Mental (STSM), no había servido de mucho para cumplir con todas las medidas escritas en el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Mental, 2012-2021.

Informe Contraloría Salud Mental

Son varias las conclusiones a las que llegan ahí los investigadores. En una de ellas, advierten que el Ministerio de Salud “no ha dado cabal cumplimiento a sus competencias vinculadas con la prevención y promoción de la salud mental”.

Y esto tiene que ver, indudablemente, con la aparición de trastornos que llevan a las personas a tomar decisiones, como la de que llevó al joven a lanzarse al vacío en el ‘puente del Saprissa’.

Sin articulación, investigación y prevención

Dice el informe, entre sus hallazgos más importantes, que:

- El Ministerio de Salud, por medio de la Secretaría Técnica de Salud Mental (STSM), ha realizado iniciativas de abordaje del suicidio solamente en un 18,75% de los cantones con la tasa de mortalidad más alta; entre ellos, Hojancha, Talamanca y Dota.

- Se carece de estrategias para informar sobre el suicidio. Esto contribuye, dicen, “a la falta de sensibilización como un problema de salud pública prioritario, lo que va en detrimento de la promoción y prevención”.

- Tampoco se ha consolidado un modelo de atención centrado en la comunidad, enfocado en la población con riesgo suicida y en aquella con otros problemas de salud mental.

- Las debilidades desde la rectoría de Salud en esta materia tienen un impacto económico vinculado a la pérdida de años de vida atribuidos a muertes tempranas.

“Las familias y sus allegados deben sobrellevar el estigma social, las secuelas psicológicas de un evento de autoeliminación y el impacto en los ingresos de su núcleo familiar”, agrega el documento, que es extenso en el análisis del nivel de cumplimiento del Plan.

“Este órgano contralor determinó que el Ministerio de Salud no ha impulsado el desarrollo de investigaciones en salud mental y se carece de metodología para realizar un diagnóstico, actualizado y oportuno, de la realidad nacional que permita mejorar las intervenciones”, concluye Manuel Corrales, gerente de Servicios Sociales de la Contraloría.

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El actual jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Francisco Gólcher Valverde, reconoce la situación que describe la Contraloría, pero inmediatamente aclara que es un asunto que él, desde agosto de 2017, está intentando corregir. Esa Secretaría, dijo, se está reestructurando.

“Me encontré la casa en llamas, con una subejecución muy importante del presupuesto y muy poco avance del plan de acción. Además, no recibimos un informe de ejecución o de rendición de cuentas ni el presupuestario”, explicó Gólcher en una entrevista con este medio.

Durante la conversación Gólcher informó, además, de que el despacho ministerial está desarrollando una investigación administrativa sobre lo que se hizo o se dejó de hacer antes de que él asumiera el cargo.

Intentos de suicidio por edad

El informe de la Contraloría, asegura, todavía no mide el impacto de lo que se ha venido haciendo en el último año y medio.

“Desarrollamos la estrategia para el abordaje integral del comportamiento suicida con un plan de acción. Elaboramos el decreto ejecutivo para la articulación interinstitucional para el abordaje del comportamiento suicida con base en la experiencia en Talamanca. (...)

"Hicimos otra estrategia para la parte de alcohol y drogas. Hicimos el reglamento para la Secretaría y una norma nacional para el apoyo psicosocial para los sobrevivientes de desastres naturales y antrópicos”, citó Gólcher como algunas de las acciones que pretenden llenar los vacíos encontrados por la Contraloría y en los que ya venía trabajando desde el 2017.

La Secretaría impulsó que el Consejo Nacional de Salud Mental, integrado por nueve instituciones, acordara impulsar una serie de mejoras en el ‘puente del Saprissa’ para reforzar su seguridad y reducir el riesgo de suicidios en esa zona.

También está promoviendo conversaciones con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para que incorporen la obligatoriedad de colocar medidas de seguridad en áreas como balcones o azoteas, en edificios de apartamentos.

Reto: articular esfuerzos para tener resultados

Por cada suicidio, se producen entre diez y 20 intentos fallidos. Es uno de los datos que revela el informe de la Contraloría a la hora de explicar la importancia que se debe dar a las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad mental.

Cada uno de esos intentos implican lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales que, agrega la investigación, deben ser asumidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Caja realizó un análisis de las atenciones por lesiones autoinfligidas brindadas en el 2017 y el 2018, a solicitud de La Nación, y que este diario publicó a inicios del 2019.

En ese análisis se encontró un aumento de poco más de cuatro veces en ese tipo de lesiones entre un año y otro, pasando de 5.088 atenciones en el 2017 a 20.773 un año después.

Se trata de personas que recurren a envenenarse con medicinas, pesticidas y hasta con sustancias corrosivas y a herir su cuerpo con cuchillos, armas de diferente tipo y hasta con fuego. Un 25% de ellas tiene antecedentes familiares o de gente muy cercana que se ha lesionado con el propósito de suicidarse

Intentos de suicidio por provincia

El gerente general de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes, reconoció que la salud mental es una de las preocupaciones más fuertes.

La Gerencia decidió, dijo, reestructurar la comisión de salud mental y utilizar un modelo diferente. "Ya no estará centralizado en en oficinas centrales, sino que trasladamos la sede al Hospital Nacional Psiquiátrico, porque ahí se ha hecho una labor importante de prevención.

“Vamos a aprovechar toda la experiencia, le inyectamos nuevos miembros a la comisión y ellos están remozando el plan para prevención de suicidio, para ver si podemos rápidamente replicar lo que se está haciendo en ese hospital en otras partes del país”, dijo Cervantes.

El gerente aseguró que se está mejorando el nivel de coordinación con el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza.

Salas reconoció “que hay mucho trayecto por recorrer” tras conocer el informe de la Contraloría.

“Somos conscientes del informe y sabemos que existen muchas cosas en las que hay que avanzar. Suicidio también es importante abordarlo, pero también toda la salud mental. Le aseguro que bajo mi mandato vamos a ponerle mucho énfasis a hacer esa articulación y lograr que la gente que se siente con desesperanza tengan muchas oportunidades antes para no llegar a ese punto”, prometió el ministro.

Y el reto es mayúsculo porque, si en algo se caracteriza Costa Rica, es por la dificultad en coordinar entre instituciones, advirtió el pediatra especialista en adolescentes, Alberto Morales Bejarano.

“(El informe) es una historia de terror. Esto lo que refleja son tres cosas: falta de voluntad política, de liderazgo y un problema crónico que tenemos en Costa Rica: la enorme incapacidad para la coordinación intersectorial. Esto se ve en todo”, dijo Morales.

“La experiencia indica que la probabilidad de que ese documento (el informe de Contraloría) se engavete es muy alta, mientras el suicidio se transforma en una tragedia a todo nivel”, advirtió el pediatra, quien recomendó, a partir de su experiencia con la Clínica del Adolescente, trabajar este tema desde la base de la comunidad pero con enfoque de salud integral.

Organizaciones como el Colegio de Profesionales en Psicología ya dieron un primer paso: se acercaron al Ministerio de Salud para ver en qué pueden ayudar.

“Debe dársele prioridad al tema del suicidio y la violencia, que son los dos asuntos que están matando gente. Los estudios de carga de enfermedad demuestran que el mayor peso de la enfermedad, las discapacidades y la mortalidad son las causas psicosociales, pero la inversión en salud se sigue enfocando en lo biomédico”, advirtió Óscar Valverde Cerros, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología.

Para Valverde, “el suicidio es la expresión más lamentable y última de un sistema que está desechando seres humanos”.

“La gente que se suicida siente que no tiene recursos. Es un gran fallo del sistema, que obviamente tiene un impacto en la economía del país. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sostenemos a la gente para que no se suicide? Tiene que ver con redes de apoyo y con sistemas de prevención, que hay que empezar por construir”, agregó Valverde.

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