Los empresarios consideran que el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deben incluirlos en la comisión de alto nivel que discute medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

La Nación publicó, este sábado, que un órgano liderado por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, varios ministros, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya y el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, analizan una reforma al esquema de cuotas obrero-patronales.

“Me parece que el sector privado debe estar sentado en la mesa que se discute el futuro de la Caja, evidentemente. Claro que debemos estar en la discusión sobre cómo bajar gastos, cómo maximizar recursos y cómo mejorar ingresos.

“Si nos invitan a participar, ahí estaremos, pero también es importante tener claro cuáles son los objetivos (...) El Gobierno sabe que la Caja está en serios problemas para los próximos años, se aceleró la crisis de sostenibilidad por la emergencia provocada por la pandemia y la reducción de ingresos que eso conlleva”, declaró Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

A pesar de contar con tres representantes en la Junta Directiva de la Caja, Uccaep asegura que desconocía la existencia de la comisión de alto nivel y de los temas que allí se discuten.

Ante la consulta: ¿Por qué no se incluyó a un representante del sector privado en la comisión de alto nivel?, Casa Presidencial respondió que ya hay un representante de los empresarios en la Junta Directiva de la Caja.

Además, argumentaron que la comisión de alto nivel es un espacio de coordinación interinstitucional. Sin embargo, en ese grupo sí hay representantes de los trabajadores.

Por su parte, Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), dijo que los representantes de los empresarios en la Junta Directiva de la Caja participaron en tres sesiones de la comisión de alto nivel.

Uno de los principales puntos del debate gira alrededor de la flexibilización de las cargas sociales para impulsar el empleo y reducir la cantidad de personas que trabajan en la informalidad.

José Luis Loría Chaves, representante de los trabajadores (cooperativismo), en dicha comisión, expresó que están convencidos de que debe darse una reforma.

“Hay voluntad de parte de la Junta Directiva de hacer una revisión. Las cargas hay que ajustarlas, los patronos están pagando una carga muy pesada sin duda alguna. Por otro lado, en pensiones se paga muy poco y toda esa discusión se está dando en este momento y es una discusión que va a tardar unos meses”, manifestó Loría.

En la actualidad, los patronos y trabajadores aportan, en conjunto, un 37% sobre el salario mensual por concepto de cuotas obrero-patronales.

Por ejemplo, según datos de la calculadora patronal de la página web de la CCSS, una empresa con una planilla por ¢5 millones cancela, por mes, ¢1,8 millones, aproximadamente, por concepto de cuotas obrero patronales.

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Elian Villegas, ministro de Hacienda, confirmó el proceso de diálogo para disminuir el costo de producir puestos de trabajo.

Sáenz argumentó que la CCSS debe optimizar los recursos que recibe, establecer alianzas público-privadas y tercerizar de servicios.

El vocero de los empresarios citó, como ejemplo, la administración de Ebáis por parte de universidades o cooperativas, los cuales han pasado, en algunos casos, a manos de la Caja pese al aumento en los costos de administración y operación.

En febrero anterior, la Junta Directiva de la CCSS decidió retomar la operación de 37 Ebáis de los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat, esos centros de atención médica estaban a cargo de la universidad privada Unibe a cambio del pago de ¢4.838 millones anuales.

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La decisión de regresar a manos de la CCSS se tomó basada en cálculos hechos por la Gerencia Financiera, pero las actas de la Junta Directiva revelan que hubo un error en los cálculos, pues solo crear las 419 plazas para atender a los asegurados costaron ¢6.600 millones.

Este diario reportó sobre esa situación el pasado 25 de mayo.

Sáenz aseguró que Uccaep tomará acciones legales ante esa situación, ya que la Gerencia Financiera indujo a error a los directivos de la Caja.

La informalidad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al primer trimestre de 2020, un millón de personas económicamente activas, trabajaban en la informalidad. Eso representa el 47,1% de la fuerza de trabajo de Costa Rica.

Los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia apuntan a un aumento de ese porcentaje.

Por esa razón, la comisión de alto nivel evalúa formas de llevar esas personas a la formalidad por medio de cotizaciones especiales, diferencias o ayudas del Gobierno.

En específico, valoran que el Poder Ejecutivo pague una tarifa plana durante tres meses para sacar de la informalidad a un número de personas.

“Estamos hablando de una tarifa plana, que es una tarifa básica, porque la idea no es que estas personas paguen como otros trabajadores, pero sí queremos que estén dentro del sistema. Eso en este momento lo está viendo el departamento Actuarial de la Caja para definir una tarifa que sea muy baja, pero razonable. Además, necesitamos que esa tarifa pueda ser pagada por el Gobierno”, declaró Loría.

Pasados los tres meses, el beneficiario tendría que continuar con los pagos de sus cuotas.

“Es mejor que la gente que no puede, pague algo a que no pague nada”, agregó el directivo.

Según información suministrada por la Gerencia Financiera de la Caja, el 80% del financiamiento de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte provienen de los aportes de los patrones y trabajadores.

Contradicción sobre minutas de las reuniones

El miércoles 1.° de julio solicitamos a Casa Presidencial las copias de las minutas de la comisión de alto nivel, pero este viernes 3 de julio respondieron que no existen esos registros.

“Al ser un espacio de trabajo y análisis, con reuniones periódicas, no se levantan minutas”, respondió Presidencia.

No obstante, lo dicho por Presidencia riñe con la versión de Loría, pues en una entrevista con este medio de comunicación afirmó que si se levantan minutas en las sesiones.

Hasta ahora, la comisión de alto nivel ha realizado seis sesiones y en todas estuvo presente el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Ante la diferencia de versiones, repreguntamos a Laura Valenciano, directora de Comunicación de Casa Presidencial, pero no contestó sobre ese punto.