Desde hace un mes, el adolescente de 15 años sospechoso de amenazar con protagonizar un tiroteo en el Colegio de San Luis Gonzaga, en Cartago, estudia en otra institución de educación secundaria por orden del Juzgado Penal Juvenil de esa provincia.
La Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Cartago, reubicó a este estudiante, quien continúa con su tercer año en otra institución cuyo nombre se mantuvo en reserva debido al perfil del caso.
Aunque el adolescente manifestó su deseo de mantenerse en el San Luis Gonzaga y su madre interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional –que fue rechazado–, la orden del Juzgado fue trasladarlo de centro educativo.
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Padres de familia, estudiantes y egresados del Colegio de San Luis Gonzaga se opusieron a que el joven continuara ahí sus estudios.
Tampoco la Junta Administrativa estaba de acuerdo en que siguiera ahí debido a las secuelas que su amenaza dejó en la institución.
A este estudiante se le relaciona con un video colgado en YouTube, en abril anterior, donde lanza una amenaza de tiroteo.
El muchacho del video, que ya no aparece en la plataforma, advierte que quedará en la historia de Costa Rica por disparar en contra de varias personas.
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Esta amenaza, obligó al San Luis Gonzaga a suspender las clases durante varios días y a retomarlas hasta el 24 de abril en medio de estrictas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública.
Al estudiante, el Colegio le estuvo entregando material para que no se atrasara con los contenidos de las materias y también le dio el servicio de tutoría.
Además, el San Luis Gonzaga solicitó al Hospital Max Peralta, de Cartago, brindar atención psicológica al menor.
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Esta institución cartaginesa, que fue la primera en la educación secundaria de nuestro país, tiene la potestad de rechazar que el alumno continúe allí por su autonomía administrativa, única en esta modalidad de enseñanza.
Mientras tanto, el proceso de investigación sigue en el Juzgado Penal Juvenil. Este rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, principalmente, la detención provisional que, en la Ley Penal Juvenil, es el equivalente a la prisión preventiva en la legislación para adultos.