La carencia de médicos especialistas no es justificación suficiente para no abrir un segundo turno en los hospitales públicos.
Para el economista Pablo Sauma, exdirectivo de esa institución y miembro de la comisión de notables que analizó la crisis financiera que afectó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el 2011, lo que falta es interés real para hacerlo.
Mencionó la experiencia de la Clínica de Coronado, descrita en un artículo de La Nación la semana pasada.
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“¡Son tan evidentes los beneficios! Es cierto que hay una carencia de especialistas, pero eso no tiene que ser la justificación para no abrir un segundo turno. Realmente, no hay un interés evidente por avanzar en eso”, comentó Sauma.
El economista asegura que el millonario pago de horas extra, guardias y disponibilidades a todo el personal –no solo médico– es lo que impide que avance la posibilidad de un segundo turno (después de las 4 p.m.) en los servicios de la Caja.
“El tema también es el pago del tiempo extraordinario: guardias, disponibilidades para todo el personal, no solo los médicos especialistas. En la Caja, a algunos no les conviene abrir un segundo turno. Ese es el principal inconveniente”, advirtió.
“Yo, como patrono, como financio los estudios y además se le está pagando un salario como funcionario, puedo también decirle que trabaje en el segundo turno. Todo eso se puede meter en un contrato de aprendizaje como condiciones, sin menoscabar los derechos laborales, pero en un contrato formal”, agregó el especialista.
El contrato al cual hace mención el especialista es el llamado contrato de retribución, que firman los médicos generales con la Caja antes de iniciar sus estudios de especialidad.
En ese contrato, se comprometen a trabajar tres años donde la Caja los necesite, o de lo contrario deben devolverle a la institución poco más de ¢3 millones, suma que van acumulando a lo largo de sus años de estudio.
Aunque son pocos los casos, según la CCSS, hay médicos que luego de finalizar sus estudios de residencia o especialidad prefieren romper el contrato y pagar esa suma, que está muy por debajo de lo que cuesta la formación de un especialista.
Sauma recordó que durante la gestión de la Junta Directiva a la cual él perteneció (a mediados de la década pasada), se logró un contrato de retribución que realmente beneficiaba los intereses de la CCSS.
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En ese primer documento, los futuros médicos especialistas estaban obligados a firmar un pagaré hasta por ¢32 millones, cantidad que debía devolver a la Caja si dejaba la institución antes del tiempo convenido, que eran tres años por cada año de estudio.
Sin embargo, una huelga de residentes en el 2010 se lo trajo abajo y el documento terminó siendo lo que es hoy.
“Ahora se maneja un fondo y seguimos formando especialistas que no necesariamente se quedan en la Caja ni donde ella los necesita. Tantos especialistas en formación, no garantiza a la CCSS que pueda disponer de ellos”, agregó Sauma.