La afectación causada por 26 días de huelga en los servicios de salud le costó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al menos ¢12.000 millones, según estimaciones preliminares.

Esa cantidad incluye los pagos de horas extra y la contratación de personal adicional. También la compra de servicios de lavandería y nutrición, y, sobre todo, lo que la CCSS llama “oportunidades perdidas”; es decir, el valor de las consultas y operaciones que estaban programadas y no se pudieron realizar.

Falta, sin embargo, actualizar el costo con el dato de los funcionarios participantes en la huelga y con los requerimientos de las diferentes unidades de la CCSS para mitigar las secuelas de la protesta en los servicios. Esta es parte de la información todavía pendiente de incorporar, aclaró la Gerencia Médica de la Caja.

El monto preliminar equivale a casi $20 millones al tipo de cambio actual (¢605 para el 30 de octubre, según el Banco Central).

Una cantidad similar es la que solicitó como préstamo el país al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender los daños en infraestructura por la tormenta Nate (afectó al país el 4 y 5 de octubre del 2017), o la que necesita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para expropiar los terrenos que le permitan ampliar la ruta 32 a Limón.

Esos $20 millones también bastarían para adquirir entre tres y cuatro aceleradores lineales de última generación, con los cuales se podría aliviar la crisis en los servicios públicos de Radioterapia que mantiene en lista de espera por ese tratamiento a unos 700 enfermos de cáncer.

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El dato –que sería conocido por la Junta Directiva de la Caja este jueves– sale de un análisis realizado por la Gerencia Médica sobre la afectación en los servicios entre el 10 de setiembre (cuando se inició la huelga) hasta el 10 de octubre (dos días después de que la institución firmara un acuerdo para poner fin al movimiento).

La protesta, sin embargo, se prolongó durante más días en otros centros de salud, especialmente los de la región Brunca. Ahí, el Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, ha sido el más crítico con la paralización de servicios.

"Son oportunidades perdidas en atención. No solo es el costo real, es lo que se vio afectada la institución. Se contabiliza lo que respecta a salarios del personal, la activación del centro de llamadas, el pago de lavandería.

“Esa pérdida de oportunidad es porque cada cirugía tenía un valor que ya estaba pagado en esos días y no se hizo. Estos montos, ya sumados, son importantes. Lo estamos terminando de contabilizar y estudiar”, explicó Marny Ramos Rivas, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), adscrita a la Gerencia Médica.

La funcionaria confirmó que hasta el 10 de octubre se habían perdido 129.935 citas. De ellas, 80.949 fueron con el médico general y 40.657 con el médico especialista.

El resto de citas (más de 8.000) estaban programadas con otro personal de salud, como Trabajo Social, Psicología o Nutrición.

Con respecto a cirugías, hasta el 10 de octubre se llevaban contabilizadas 3.706 operaciones perdidas. Sin embargo, aclaró Ramos, esa cantidad podría superar las 4.000 debido a que todavía varios días después de concluido el movimiento, algunos centros seguían sin operar pacientes.

Ramos destacó que la pérdida de citas apenas representó un 11% del total en agenda para ese periodo (más de un millón de consultas programadas).

Esto se logró, dijo, gracias al Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que permitió atender a enfermos en los hospitales a pesar de que había personal de redes (responsables de los registros médicos) en huelga.

Según informaron las autoridades de la Caja el 8 de octubre, las secuelas de este movimiento en los servicios de salud los obligará a poner en práctica un plan de contingencia.

Desde ese día, los centros de salud empezaron con las siguientes medidas, que se mantienen en la actualidad:

- Programación de atenciones, tanto de citas como de cirugías, después de las 4 p. m.

- Envío de equipos quirúrgicos a diferentes partes del país a resolver los casos para que los pacientes no se desplacen hasta San José.

- Se mantendrá abierta por tiempo infefinido una línea telefónica –905-MiSalud (905-647-2583)– para que los pacientes que perdieron citas y operaciones se comuniquen con la CCSS y se les pueda reprogramar la atención.

La huelga contra el proyecto de reforma fiscal tuvo impacto en todos los sectores.

Las cámaras empresariales, por ejemplo, estimaron a inicios de octubre pérdidas por ¢32.354 millones debido a gastos extraordinarios y dinero dejado de percibir a causa de bloqueos en las vías, cese de labores y otras acciones de los huelguistas.

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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por ejemplo, informó de que solo las afectaciones en el plantel de Moín, Limón, le costarían ¢4.600 millones.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) afirmó que cada día de huelga le cuesta a la entidad ¢3.000 millones en salarios. La mayoría de maestros se mantienen en protesta, la cual cumple este miércoles 52 días.

Mitad de hospitales requerirá apoyo

Durante los días de protesta en los servicios de salud, los huelguistas llegaron a bloquear la salida de ropa contaminada de las lavanderías institucionales, e impidieron en una ocasión la realización de operaciones en el Hospital San Juan de Dios, acción que dio origen a una denuncia ante el Ministerio Público y una investigación administrativa interna.

Según informó la oficina de prensa de ese hospital, la investigación todavía está en desarrollo.

Prácticamente, desde el inicio de la huelga, la CCSS declaró emergencia institucional.

Esta declaratoria, explicó Ramos, permitió que un equipo a nivel central coordinara las tareas para agilizar y permitir la atención, aun en medio de la protesta.

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Por eso, se recurrió inmediatamente a contratar servicios de lavandería y nutrición para no perjudicar a personal y pacientes del área de hospitalización. También el EDUS pasó una de sus pruebas más críticas, permitiendo a los médicos que no se fueron a huelga atender pacientes, sin necesidad de depender para ello del personal de redes.

De manera simultánea, explicó Ramos, algunos centros de salud comenzaron a reprogramar citas y trasladar atenciones. Por eso, de las 80.949 citas con médicos generales solo hay que reprogramar un 20,4%.

El porcentaje es mayor en las citas con médicos especialistas y con otro personal de salud (nutricionistas o trabajadores sociales, por ejemplo). Aquí todavía faltan por reprogramar un 64%.

"En total, de las 129.935 citas que se dejaron de dar por la huelga, las que se están incluyendo en el plan adicional son un 36,8% (más de 47.800), que son las que requerirían recursos adicionales, como atender a los pacientes en otros horarios (después de las 4 p. m.).

“En las cirugías sí se están reprogramando casi todas (alrededor de 4.000 pacientes). Ya empezaron a operar sus casos los Hospitales Calderón Guardia y el San Juan. La próxima semana inician otros. Para esto, ahorita, lo que estamos autorizando es el pago de tiempo extra y algunas guardias para reponer atenciones que han quedado pendientes”, dijo Ramos.

Según la coordinadora de la UTLE, un 52% de los 29 hospitales (15) requerirán algún apoyo extra debido a la huelga. Preliminarmente, ahí se invertirán más de ¢1.870 millones, pero falta incluir todavía lo correspondiente a otros centros, principalmente, el de Pérez Zeledón, que aún está en proceso.

En las áreas de salud, solo un 12,5% de los Ebáis que las conforman necesitarán apoyo del nivel central, sobre todo para reprogramar las citas perdidas en horarios no tradicionales. Esto, según la UTLE, significará una inversión superior a los ¢133 millones.

Esa reprogramación implica poner en agenda algunas consultas especializadas, procedimientos, citas con el médico general y la coordinación de algunos servicios de apoyo, como laboratorio, farmacia o redes.

En todas estas acciones, se incluyen los 4.223 pacientes que, hasta el 26 de octubre, habían utilizado la línea telefónica 905-MiSalud (905-647-2583), la cual seguirá disponible para atender a quienes fueron afectados por este movimiento en los servicios de salud.