165.000 personas se han incapacitado a causa de la pandemia desde marzo

De marzo al 21 de diciembre, 165.219 personas recibieron una incapacidad de la CCSS por ser casos confirmados de covid-19 por laboratorio o por nexo epidemiológico; ser casos sospechosos o probables de portar el virus o porque cuentan con una orden de sanitaria de aislamiento domiciliar.

Por esas incapacidades vinculadas a la pandemia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha pagado ¢6.000 millones en subsidios a estas personas que no pueden ejercer sus actividades laborales por un periodo de tiempo.

Ese subsidio representa el 60% del salario reportado, o bien, del ingreso reportado como trabajador independiente.

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“Este volumen ha implicado a que desde el inicio de la pandemia a la fecha se emitan 251.563 boletas de incapacidad lo que representan un total de 1,8 millones de días de incapacidad en la población que tiene derecho a este beneficio (trabajador reportado en planilla o independiente) por parte de la CCSS”, explicó Ana Catalina López Campos, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la institución.

El promedio de días por incapacidad en casos confirmados o por nexo epidemiológico es de 9 días; cuando se otorga por caso sospechoso o probable es de 5 días; y cuando es por emisión de la orden sanitaria de aislamiento domiciliar la incapacidad es por 10 días.

Del total de personas incapacitadas, de marzo a la fecha, 19.488 corresponde a funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (12.4%).

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Al 21 de diciembre, 166 funcionarios tanto de unidades médicas como administrativas y financieras están incapacitados, 77 por ser un caso confirmado, 36 son sospechosos y 53 cuentan con una orden de aislamiento domiciliar.

Ana Lorena Mora Carrión, coordinadora de la Comisión Evaluadora, explicó que el 25% de las incapacidades asociadas a covid-19 que se han otorgado corresponden a personas asintomáticas que han sido contacto de alguien confirmado o que han ingresado al país y que por tanto, han recibido una orden sanitaria de aislamiento sin tener síntomas ni estar confirmados con la enfermedad.

Para la emisión de las mismas, la institución, por medio de la Junta Directiva, debió realizar modificaciones reglamentarias, siendo que estas incapacidades han brindado protección económica y en salud a esos trabajadores que han debido guardar aislamiento sin estar enfermos en principio, pero para salvaguardar la salud pública.

A la fecha, no existe norma que obligue al patrono a continuar pagando salario al trabajador que se encuentra cumpliendo una orden sanitaria de aislamiento.¢

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para atender esta pandemia desde todos los frentes, así que reiteremos a la población de la necesidad de contar con un mayor respaldo y vigilancia para mantener las medidas de protección necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad y pasar una Navidad distinta pero segura en nuestros hogares”, destacó Mario Ruiz, gerente médico de la Caja.