Sofía Chinchilla C..   16 octubre
27/11/2018. San Jose. El cantante de Escats, Luis Alonso Naranjo se presenta a la Fiscalia General de San Jose a presentar denuncia contra Carlos Avendaño y cupula de Restauracion Nacional. Foto Jeffrey Zamora

La Sala de Casación Penal desestimó la denuncia por estafa y difusión no autorizada de propiedad intelectual que presentó el cantante Luis Alonso Naranjo contra el diputado y presidente de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño.

El músico, quien fue productor de la campaña política del excandidato presidencial Fabricio Alvarado, denunció penalmente a Avendaño en noviembre del año pasado, con el argumento de que el PRN utilizó sin permiso 125 videos y varias composiciones musicales de su autoría, durante la contienda electoral del 2018.

En la denuncia, Naranjo reclamó el pago de $851.500 (¢500 millones).

No obstante, en febrero, la fiscala general Emilia Navas solicitó a la Sala Tercera desestimar la causa contra el diputado. El Ministerio Público tiene potestad para hacer dicha petición cuando está frente a hechos en los que no identificó delito, o en los que le es imposible proceder.

Por lo general, las solicitudes de desestimación las resuelven juzgados, pero como Avendaño es un miembro de la Asamblea Legislativa, la gestión la realizaron los magistrados penales.

La decisión de la Sala tiene fecha del 4 de octubre, pero el texto completo fue notificado este miércoles, según Federico Campos, abogado de Avendaño.

Naranjo denunció que el legislador participó activamente en un engaño que supuestamente ideó Restauración para apoderarse de su trabajo, pues supuestamente, en todo momento el partido le hizo ver que firmaría un contrato con él, para pagarle por sus servicios.

No obstante, los magistrados no hallaron evidencia que sustentara dicho señalamiento.

Los altos jueces tampoco hallaron pruebas para atribuirle a Avendaño el uso ilegal de la producción intelectual de Naranjo, pues la investigación no comprobó que el diputado hubiera dispuesto el uso de los productos audiovisuales.

“Y además porque el propio denunciante señala que hizo entrega de los mismos de manera voluntaria a sabiendas del uso final que se le daría, es decir, que se haría la difusión de estos por diferentes medios de comunicación, por lo que aunque no existe un consentimiento expreso de parte del denunciante, es claro que se dio autorización tácita para el uso del material”, concluyó la Sala.

Naranjo también intentó que se procesara a Avendaño por delitos de incumplimiento de deberes, perjurio, desobediencia a la autoridad e infracciones al Código Electoral, no obstante, los magistrados también rechazaron dichas pretensiones.

Con la decisión de la Sala de Casación, el proceso judicial que inició Naranjo contra Avendaño queda cerrado en la vía penal.

En un audio enviado a este medio, el músico se quejó del trámite que le dio el Ministerio Público a su denuncia.

“En nuestra denuncia había una serie de testigos que ni siquiera fueron considerados. De hecho pensamos, cuando leímos la desestimación por parte de la Fiscalía cuando se envió a la Sala III, nos dimos cuenta que nuestra denuncia ni siquiera fue leída. Ni siquiera se nos dio la audiencia que solicitamos”, afirmó Naranjo.

Naranjo dijo que valorará llevar el reclamo sobre su propiedad intelectual a la jurisdicción civil.

La denuncia

Cuando presentó la denuncia, Naranjo ofreció como testigos al excandidato Fabricio Alvarado, a los diputados fabricistas Ivonne Acuña y Jonathan Prendas, así como al productor de conciertos Juan Carlos Campos.

Como pruebas, aportó el catálogo con los supuestos videos realizados y un monitoreo de la pauta de los audiovisuales en medios de comunicación nacionales.

Por los videos y producciones musicales, Luis Alonso Naranjo cobró inicialmente ¢115,5 millones a Restauración, apenas pasada la segunda ronda electoral del 1.° de abril de 2018.

No obstante, Avendaño se negó a pagar bajo el argumento de que nunca se firmó un contrato con Crescendo, la empresa de Naranjo, y que no se cumplió con el protocolo que establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que el gasto fuera redimido por fondos de la deuda política.

Días después, el legislador denunció ante la prensa la existencia de una “estructura paralela” que habría financiado parte de los gastos de la campaña de Alvarado, fuera de los controles establecidos por el Comité Ejecutivo de Restauración y al margen de la normativa electoral.

Además, presentó formalmente, el 25 de junio del 2018, una denuncia ante el Ministerio Público contra el equipo de campaña de Alvarado, por la comisión de tres aparentes delitos para las elecciones del 2018.

El congresista señaló la existencia de una supuesta estructura paralela de financiamiento, un presunto delito de estafa mayor y otro de extorsión simple.