Voto de los magistrados señala que el proyecto de ley tiene problemas de forma y de fondo

Por: Aarón Sequeira 19 noviembre, 2014
Durante más de dos meses, decenas de habitantes de la zona fronteriza con Panamá han llegado a la barra de público del Congreso todos los días, para pedir la aprobación del derecho de titulación de tierras. | MELISSA FERNÁNDEZ
Durante más de dos meses, decenas de habitantes de la zona fronteriza con Panamá han llegado a la barra de público del Congreso todos los días, para pedir la aprobación del derecho de titulación de tierras. | MELISSA FERNÁNDEZ

La Sala Constitucional declaró que el proyecto de ley para la titulación de tierras en la zona fronteriza con Panamá es inconstitucional por la forma y por el fondo.

Según los magistrados, el plan " es inconstitucional por violación al artículo 50, de la Constitución Política , y a los principios precautorio y de no regresividad en materia de protección ambiental".

Además, el por tanto de la consulta establece que se viola los principios de "objetivación, razonabilidad y proporcionalidad constitucionales", ya que la iniciativa de ley no se sustenta en estudios técnicos".

Según los magistrados constitucionales, este es un problema de carácter esencial del procedimiento legislativo, porque una iniciativa que plantea una eventual regresividad en materia ambiental requiere los estudios para su aprobación.

El problema de forma de un proyecto es la principal violación que deben evitar los diputados, pues la ley no obliga a los legisladores a resolver los problemas de fondo.

No obstante, la resolución de la Sala Constitucional establece que el proyecto de ley 16.657 es inconstitucional por el fondo en su artículo 1.º, por violar los principios constitucionales de seguridad y soberanía.

La iniciativa de ley fue aprobada en setiembre, en el plenario. Los diputados del Frente Amplio enviaron la iniciativa a consulta de la Sala Constitucional, por considerar que no se tenía claridad sobre los beneficiaros de la titulación.

El proyecto de ley establece que se puede titular hasta 25 hectáreas de terreno sobre la frontera con Panamá, tras un proceso en que se demuestre el arraigo a la tierra de por lo menos diez años.