El País

Reforma a pensiones judiciales se puede votar por mayoría simple de los diputados

Los diputados ya tienen la luz verde que estaban esperando para avanzar en los trámites finales de la reforma legal a las pensiones judiciales por la vía rápida, en la Asamblea Legislativa. Además, pueden hacerlo con la mayoría simple, o sea, con la mitad más uno de los legisladores presentes en el plenario.

Este jueves, un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso terminó de ratificar que la propuesta dictaminada por la Comisión Especial de Pensiones no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial y que, por lo tanto, no requiere de una votación calificada (38 votos) para aprobarse.

Ese departamento explicó a los jefes de fracción que, al no ser obligatorio el criterio de la Corte Suprema para reformar el sistema jubilatorio, no se necesita aprobar más que con alcanzar la mayoría simple: si están los 38 diputados que se necesitan como mínimo para sesionar en el plenario, el plan podría aprobarse con 20 votos.

De tener verdaderamente un efecto adverso en la organización judicial, la Constitución Política obliga a que se apruebe el proyecto con 38 votos, la mayoría calificada y eso habría impedido tramitar el plan por la vía rápida, porque el trámite abreviado no se le puede aplicar a planes con esa condición.

El criterio de los técnicos legislativos se une al emitido por la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado), que con base en resoluciones de la Sala Constitucional certificó ante consulta de los parlamentarios que reformar las pensiones de la Corte Suprema no afecta para nada el funcionamiento del Poder Judicial.

"El Departamento de Servicios Técnicos considera que modificar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial, conforme con el expediente legislativo 19.922, no afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial en los términos del artículo 167 de la Constitución Política.

"La eventual aprobación del proyecto no perturba el ejercicio de la función jurisdiccional, en sentido material, ni ningún aspecto que le sirve de forma auxiliar o que coadyuva a esa función", dice en las conclusiones técnicas, emitidas a solicitud de los jefes de fracción del Congreso.

Además de esto, el plan para modificar las condiciones jubilatorias de los empleados de la Corte tampoco modifica el funcionamiento de ese poder, pues -según criterios expresados por los magistrados en el pasado- ese funcionamiento se refiere al ejercicio de la función materialmente jurisdiccional.

El Departamento de Servicios Técnicos es una dependencia legislativa conformada por poco más de 50 abogados encargados de analizar la viabilidad legal y técnica de los proyectos de ley, con el fin de evitar inconsistencias con leyes vigentes y con normas constitucionales, antes de que se apruebe definitivamente una iniciativa.

La reforma que tramitan los legisladores a las pensiones en el Poder Judicial, en el Congreso, serviría para solucionar un déficit actuarial calculado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en ¢5,3 billones.

La advertencia de los expertos es que, en un plazo de 100 años, cada empleado judicial estaría pagando la pensión de una persona y no aportando para la sostenibilidad del fondo, si no se hace nada para reformar ese sistema jubilatorio de una vez.

La vía rápida para proyectos legislativos permite crear una comisión especial para el trámite de un proyecto de ley y fija plazos para cada una de las etapas del proceso, incluyendo la discusión y votación en el plenario, según lo establecido en el artículo 208 bis del Reglamento legislativo.

Ya con la opinión expresada por la Procuraduría, los miembros de la Comisión Especial de Pensiones manifestaron estar listos para seguir adelante con la ruta legislativa corta, tal como lo aseguraron Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Natalia Díaz, del Movimento Libertario; Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN).

"Queda claro que la respuesta del Poder Judicial no es vinculante para el trámite del proyecto, no se ocupan los 38 votos. La resolución de la Procuraduría aclaró todos los nublados, de que el criterio de la Corte no es vinculante en este caso", explicó el presidente de la Comisión de Pensiones, Johnny Leiva.

La liberacionista Sandra Piszk añadió que ellos solo estaban analizando si es totalmente clara la posibilidad de votar la reforma jubilatoria con la mayoría absoluta (mitad más uno de los diputados presentes). Recibido el criterio de Servicios Técnicos, comentó que eso les hacía tener la tranquilidad de que van por el buen camino.

Trámite limpio

El frenteamplista Jorge Arguedas ha reclamado que el trámite estuvo viciado, pues alegó que sólo su informe de minoría -el cual contiene la propuesta de reforma pactada por magistrados y empleados judiciales- llegó a tiempo y que el de minoría no fue presentado dentro del plazo.

Arguedas insiste en que el informe de mayoría sobre el proyecto de ley no llegó a tiempo y, si eso es cierto, efectivamente habría un defecto de forma en el trámite de la iniciativa y se iría abajo.

Sin embargo, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso negó que haya ningún problema en la presentación de los informes y ratificó que tampoco ahí hay nulidad para seguir adelante.

El frenteamplista mantiene que su informe es el más cercano al informe del IICE de la UCR y a la vez opinó que, al responder la consulta de la Comisión de Pensiones, ese Instituto se excedió.

En su respuesta sobre el dictamen de los diputados, la Universidad avala los cambios, incluso el endurecimiento en el cálculo del salario de referencia para la pensión, pues mientras que el IICE propuso una pensión del 85% del promedio de los últimos 120 salarios, los legisladores mantuvieron ese porcentaje pero de los últimos 240 sueldos.

Eso beneficiaría al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, pero para Jorge Arguedas significa que la Universidad se extralimitó. "Yo no sé qué van a hacer los políticos, porque el plan está cargado de vicios de nulidad. Parece que algunos grupos van por la línea que hará que lo declaren inconstitucional", indicó Arguedas.

La reforma

Los legisladores del PLN, Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Renovación Costarricense plantean, en su proyecto de ley, que la pensión se calcule sobre los últimos 240 salarios (20 años de servicio) y no los últimos 24 (dos años).

Dentro de las propuestas parlamentarias para reformar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia también se modifica la cotización obrera, que sería progresiva, entre un 11% y un 15%, o sea, que cuanto mayor salario tenga un empleado, más deberá cotizar para el sistema.

La propuesta consensuada por la Corte Plena y el Frente Gremial, en cambio, pretende dejar la edad de retiro en 60 años para mujeres y 62 para los hombres, como en la actualidad; aunque aceptan el tope de los ¢4 millones, no están de acuerdo con una contribución del 50%, sino que plantean dejarla en un 20% sobre el exceso del tope.

La Corte también acepta que las pensiones se otorguen con un 85% como tasa de reparto, pero que el promedio sea de 120 salarios (10 años) y no 240, como plantearon los legisladores. Además, los gremios y los magistrados presionan por mantener la cotización obrera en un 11%.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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