La Procuraduría General de la República asegura que el Gobierno infringió normas constitucionales al apoyar a la coalición de países que encabezó EE. UU. en la guerra contra Iraq.
Lo anterior, porque fue un acto contrario a un “valor constitucional” de paz y se apartó de las normas del derecho internacional.
Los argumentos fueron expuestos ayer por los procuradores Ana Lorena Brenes, Farid Beirute e Iván Vicenti, durante una vista en la Sala IV por las tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la decisión de la administración Pacheco.
La Procuraduría, en su condición de asesor de la Sala, también señaló que Costa Rica es suscriptor de la Carta de Naciones Unidas, órgano que no autorizó el uso de las fuerzas armadas en Iraq.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron planteadas por el abogado Roberto Zamora Bolaños, el defensor de los habitantes, José Manuel Echandi, y el Colegio de Abogados.
Esto, por cuanto el 19 de marzo del 2003, en un documento firmado por el presidente Abel Pacheco, y el canciller Roberto Tovar, el país expresó su apoyo a la alianza que impulsaba el derrocamiento de Sadam Husein.
Costa Rica fue incluida por la Casa Blanca dentro de una lista de países que integran esa coalición bélica.
Defensa del Ejecutivo
En defensa de la decisión del Gobierno, el canciller Roberto Tovar insistió que no se trató de una declaratoria de guerra.
Argumentó que fue un apoyo a la lucha contra el terrorismo.
Tovar aseguró que todos los pronunciamientos del Gobierno sobre el tema de Iraq enfatizan la tradición pacifista de Costa Rica.
Desde su perspectiva, explicó que lo que hizo la Casa Blanca fue incluir al país en una lista de Naciones que se pronunciaron en contra de los actos terroristas.
“Neutralidad no puede interpretarse como indiferencia ante el terrorismo” acotó Tovar.
Los argumentos del Gobierno
fueron rebatidos por los demás grupos que se presentaron a la vista.
Zamora cuestionó el porqué el Gobierno no se ha pronunciado contra lo que calificó como “los actos terroristas que comete Estados Unidos en el mundo”.
El jurista Óscar Hernández, quien acompaño al diputado José Miguel Corrales (coadyuvante) dijo que el acto de inconstitucionalidad se da, no solo por apoyar la guerra sino por mantener ese respaldo.
“Nos convirtió en un ridículo internacional y en un país de caricatura de las películas de Michael Moore (cineasta estadounidense)” dijo Hernández.
El abogado Rubén Hernández dijo que la decisión del Gobierno es una declaratoria de guerra que violenta la división de Poderes del Estado.
Esto debido a que la declaratorio de guerra o de estado de defensa le corresponde a la Asamblea Legislativa.