Sofía Chinchilla C.. 4 octubre
Si se aprueba la reforma, la segunda vuelta se haría el domingo posterior al día en que se cumpla un mes desde la declaratoria de resultados del TSE. Fotografía de Kimberly Zamora y su hija Madisson, en Jacó, el día de la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2018. Foto: Rafael Pacheco.
Si se aprueba la reforma, la segunda vuelta se haría el domingo posterior al día en que se cumpla un mes desde la declaratoria de resultados del TSE. Fotografía de Kimberly Zamora y su hija Madisson, en Jacó, el día de la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2018. Foto: Rafael Pacheco.

Por segunda ocasión, la propuesta de reforma constitucional para reducir el plazo entre la primera y la segunda ronda de elecciones presidenciales quedó sepultada en el Congreso.

Los diputados de la comisión especial que analizó el plan lo rechazaron el jueves, por considerar que “notables inconvenientes en materia constitucional” superan los posibles beneficios de aprobarlo.

La Carta Magna dispone que si ningún candidato alcanza el 40% de los votos en la primera ronda de los comicios presidenciales, los dos partidos que obtengan los mayores porcentajes de apoyo se deben enfrentar en una segunda ronda el primer domingo de abril; es decir, dos meses después de la primera fecha.

La reforma propone que la segunda vuelta se realice el domingo posterior al día en que se cumpla un mes desde la declaratoria de resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Esta reducción del plazo busca, primero, dar más tiempo a la persona electa como presidente para conformar los equipos de gobierno; segundo, reducir los gastos de campaña, y tercero, pasar más rápidamente del clima político-electoral al de gobierno”, dice la propuesta.

Con el voto negativo de la comisión, el plan queda apenas con una mínima posibilidad de vida, pues la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carolina Hidalgo anunció que ella presentará un dictamen de minoría que lo respalda.

Esta es la segunda ocasión en dos años que esta iniciativa legal choca con pared.

En abril del 2018, la Sala Constitucional detectó una anomalía en su procedimiento, y el texto se archivó.

A finales del año pasado, el plan se volvió a presentar en un nuevo expediente y se reinició su trámite. El proyecto lo impulsó el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, con respaldo de legisladores de otros seis grupos parlamentarios.

En comisión, lo rechazaron Ivonne Acuña, congresista independiente; Gustavo Viales y Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN); Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional, y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano.

Ellos basaron sus argumentos en las explicaciones que les dio el 24 de setiembre el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

‘Un precio que pagar’

En audiencia ante la comisión, el jerarca afirmó que el Tribunal no se opone a la reforma constitucional, porque la nueva redacción sería suficientemente flexible y no afectaría “la eficaz organización” de las elecciones.

Sobrado, no obstante, señaló que el cambio tendría un impacto positivo, pero también “un precio que pagar”.

De acuerdo con el presidente electoral, en desenlaces normales, en los que el conteo y la declaratoria de la primera vuelta toman unos 15 días, la modificación permitiría adelantar los comicios en dos o tres semanas. El Estado podría percibir un ahorro si los partidos que participan gastan menos dinero.

Empero, cuando en primera ronda hay un resultado ajustado (con diferencia de 2% o menos entre quienes encabezan los resultados), el conteo y la resolución de reclamos toman una o dos semanas más. En ese caso, la segunda ronda se haría prácticamente en el mismo momento definido actualmente en la Constitución.

Sobrado señaló que el segundo escenario solo se ha producido dos veces en la historia de Costa Rica (1966 y 2006). Además, aclaró que la reforma constitucional no modificaría los costos de organizar la elección.

No obstante, sí se limitarían las posibilidades de las agrupaciones perdedoras de definir si apoyan a alguno de los partidos que pasaron al balotaje.

“Desde el punto de vista egoísta de la organización electoral, es mejor mantenernos como está la regulación. Nos da mayor tiempo para planificar una segunda ronda electoral. Sin embargo, uno entiende que la iniciativa política para modificar la Constitución es de este grupo de diputados”, puntualizó Sobrado en el foro.

Los legisladores consideraron que aprobar el plan sería inconveniente, porque la fecha de los comicios quedaría supeditada a los procesos del TSE.

“Esto conduce a generar, desde el texto constitucional, elementos que crearían una inseguridad jurídica y política a los partidos participantes, a los contratistas del Tribunal y de dichos partidos, y al electorado en general, con especial perjuicio a los electores situados en el extranjero”, concluyeron los diputados.

Los congresistas, además, estimaron que reducir el plazo perjudicaría a los partidos políticos emergentes, pues, de llegar a segunda ronda, tendrían menos tiempo para “afianzar estructuras de movilización competitivas frente a otras agrupaciones ya consolidadas”.

También adujeron que hacer el cambio podría generar un “colapso en el proceso electoral”.

El dictamen de Hidalgo solo podría revivir el proyecto si el plenario legislativo rechaza el informe de mayoría de la comisión.

La Nación procuró conocer en qué medida la diputada Hidalgo considera que los beneficios de aprobar reforma superarían la conveniencia expuesta por el TSE de mantener la Constitución con su redacción actual. No obstante, no fue posible obtener una declaración antes del cierre de este artículo.