Luis Daniel Soto, viceministro del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), adelantó su salida del cargo este jueves al entregarle al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, una carta para informarle de su renuncia inmediata.
El funcionario tomó la decisión 12 horas después de comparecer ante la Comisión Investigadora del decreto de la UPAD, en la Asamblea Legislativa.
En ese foro, por recomendación de su abogado, José Miguel Villalobos, Luis Daniel Soto se negó a declarar y a responder cualquier pregunta de los diputados. Solamente se salió de su libreto cuando el diputado independiente, Jonathan Prendasle, le recomendó que adelantara la renuncia antes de que se aprobara un voto de censura en su contra en el Congreso.
Prendas le pidió que pensara en él y en su familia por la mancha que podría significar ser el segundo funcionario en la historia censurado por el Congreso. Hasta ahora, el único caso ocurrió en diciembre de 1995, cuando 51 de los 56 diputados aprobaron un voto de censura para Juan Diego Castro, entonces ministro de Seguridad, por un desfile de policías armados hasta las puertas del Congreso.
Originalmente, el ex viceministro Soto había previsto su salida para el 1.º de abril.
“Respecto a la renuncia, mi puesto siempre ha estado a disposición del presidente y la decisión se la presenté ayer. Honestamente, estoy anuente a valorarlo nuevamente y tomar una decisión con mi familia, con el presidente y la ministra, que sea la mejor para todos”, dijo el funcionario en la comparecencia.
Entonces, Prendas le advirtió que aún estaba pendiente el voto de censura en su contra y que sería aprobado. “Se le va a manchar el nombre, porque esa moción va a ser aprobada”, dijo el legislador fabricista.
“Usted va a quedar manchado políticamente por algo que no es su culpa. Su familia va a estar vinculada con esa mancha, el buen nombre que ha forjado su familia va a quedar con esa mancha”, alegó Prendas, quien añadió que incluso Víctor Morales Mora renunció al Ministerio de la Presidencia antes de que se conociera su voto de censura.
“Renuncie de una vez y, por todo lo que usted tenga como lo más sagrado, no le consulte ni a la ministra ni al presidente porque no lo van a aconsejar bien, no lo van a orientar bien. Ellos ocupan esta carnada, disculpando la comparación”, añadió el congresista.
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Soto es cuestionado por haber firmado el decreto ejecutivo que formalizaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), documento publicado en La Gaceta el 17 de febrero y derogado por Carlos Alvarado el 21 de ese mes.
En el artículo 7 de ese decreto, se declaraba que la Unidad Presidencial tendría acceso a datos confidenciales en poder de las instituciones, lo que incendió la polémica.
El viceministro firmó el documento en funciones de ministro interino, pese a que criterios técnicos del Mideplán no habían autorizado crear esa unidad.
La situación generó que se abriera un foro investigador en el Congreso y que el independiente Erick Rodríguez presentara dos votos de censura, uno contra Víctor Morales Mora, ahora exministro de la Presidencia, y contra Soto, quien firmó en funciones de ministro de Planificación.
De igual forma, Carlos Alvarado ordenó realizar una investigación administrativa sobre el decreto y la Fiscalía General de la República abrió una investigación ante denuncias presentadas.
El viernes anterior, la fiscala general, Emilia Navas, dirigió allanamientos en la Casa Presidencial, el Mideplán y las casas de cuatro funcionarios, en relación con esa investigación, y les decomisó teléfonos y computadoras a Alvarado y a Morales Mora, entre otros.
Aparte de la renuncia de Soto y de Morales Mora, también se dieron en días recientes las salidas de Felly Salas, ahora exjefa de despacho del mandatario, y de Diego Fernández, excoordinador del grupo presidencial de analistas de datos.
Igualmente se dieron la salida de Juan Alfaro, viceministro de Hacienda, y de Luis Salazar, abogado que hizo el decreto y quien aún ejerce funciones de comisionado nacional para la población LGBTQ+.