La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, reconoce que desde un principio sabía que, si fuese por atestados universitarios, ella incumplía los requisitos para cobrar el incentivo por prohibición, por el cual recibió ¢11 millones de manera errónea a lo largo de casi un año, en el salario.
Sin embargo, niega tener responsabilidad en el depósito. Insiste en que el error es exclusivo de la jefa de Recursos Humanos del Viceministerio, Nuria Villalta, pues fue ella quien interpretó que podía cobrar ese plus salarial solo por el hecho de ser viceministra, sin importar que no tuviese títulos universitarios.
El plus salarial que se le pagó a Muñoz es una compensación que se da a los altos jerarcas de la Administración Pública por no ejercer su profesión mientras trabajan para el Estado.
¿Pagará intereses por los ¢11 millones que le depositaron?
Por ley, los intereses no corren, porque esa consulta la hicimos y también estamos gestionando la devolución de dineros que también se me dedujeron. Entonces, va en las dos líneas, devolver todo lo que corresponde, todos los extremos, pero a su vez, hay que hacer una gestión a la inversa de recuperación, estamos en eso.
”Así como a mí se me pagó de más, yo también di de más. Por otra parte, ¿qué interés tengo yo de hacerme de dinero que no me correspondía? Yo le puedo decir que durante todo el año anterior renuncié al concepto de dietas que suman varios millones (...). Aquí no hay ningún interés de hacerme el gato bravo con recursos que no son míos. Esto es lamentable, es penoso, es doloroso”.
El Código de Trabajo estipula que no tiene que pagar (intereses en la devolución), ¿cree que aún así tiene que pagar?
Yo lo que creo es que tengo que responder según lo que la ley establece; en lo que en derecho corresponde, así es como tengo que actuar. Ni menos, ni más.
¿Sabía que no podía cobrar el incentivo por prohibición ya que no tiene títulos universitarios?
Desde el primer momento, y a usted se lo explicó también la jefa de Recursos Humanos. Ella dijo que correspondía en razón del cargo, no del ejercicio liberal de ninguna profesión, porque eso yo lo tengo clarísimo. Tendría que ser muy cínica o muy tonta para no enterarme de eso. Ella es la que argumenta que yo tengo derecho al pago porque soy viceministra, o sea, que cae directamente al cargo, con base en la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
”Soy yo la que un día digo: ‘qué raro, ¿dónde está el argumento, cuál es el asidero legal?’. Entonces, comienzo a hurgar a partir de una nota que vi en un medio de comunicación, porque por la ley lo tengo clarísimo: no hay ninguna duda, no me corresponde ese incentivo. Entonces acudo a ella y le digo: ‘Doña Nuria, ¿en qué se basó usted para pagarme a mí el incentivo de prohibición, además de lo que establece la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en sus artículos 14 y 15? Ahí empezó el balbuceo, ahí empezó la duda y, ante la duda, yo inmediatamente le dije a la señora que haga la investigación que corresponda, demuéstreme, y no hubo cómo demostrarlo. Entonces, de oficio, comencé el tema de la devolución y el tema de los intereses, ojalá lo consigne así. También lo consulté y usted ya está enterada de lo que la ley establece o usted quiere que yo vaya más allá de la ley.
”(...) Y bueno, recibo ¢900.000 y doy ¢300.000, diay si pago la totalidad, diay... el salario mío es superbajo (¢1.300.000), eso más las cargas sociales y las demás rebajas, creo que no me quedaría ni para salir de mi casa. Es un tema de realidad del ingreso que tengo. Vivo de mi salario y, además, voy a devolver hasta el último cinco.
”Es realmente una pena que ustedes, en el interés de achacar y de seguir esa tendencia de debilitar la imagen de los funcionarios públicos en general, no importa Carmen Muñoz, en general, hagan notas donde la subjetividad y la falta de objetividad en la nota ocasione que, al final, la gente piense o concluya cualquier cosa a partir de lo que escriben.
”¿De dónde puede justificarse el pago por prohibición? Es la señora la que dice. Cuando yo hablé con ella, le dije: ‘Qué mala lectura, ¿de dónde sacó usted que podía y debía pagarme?, no hay nada ni en el expediente, no hay nada, nada que justifique’. ¿Cómo una funcionaria de ese nivel, de ese calibre, introduce y después nada más pide disculpas? Es muy jodido, por dicha que lo detecté”.
Pero un año después...
Pero no el pago, yo estaba consciente que estoy recibiendo el pago mes a mes. Viene de una decisión del Departamento de Recursos Humanos que dice que es posible en razón de mi cargo.
¿Usted no lo cuestionó?
No tengo razones para dudar de la gestión que hace la jefa de Recursos Humanos. Una persona que, además, yo llego y me encuentro acá, viene garantizada por el Servicio Civil, que es una profesional en su campo, imagínese que yo firmo kilos de documentos todos los días acá. Yo tengo que tener confianza porque, si yo me pongo a leer cada cosa, no doy. Son cientos, miles de documentos los que se firman. Y ella hace una gestión que me la da por buena, yo desde el principio dije: ‘bueno, diay, si cabe la prohibición, cabe, y yo la recibo mes a mes, sin ningún conflicto’; no hay nadie que lo advierta, nadie en la asesoría legal.
¿Por qué un arreglo de pago?
Yo vivo de mi salario, no tengo ¢11 millones; tengo algunos ahorros, pero lo que corresponde es devolver hasta el último cinco, qué intereses voy a pagar, solo si usted considera que tengo que ir más allá de la ley, eso es un juicio ya de otra naturaleza.
¿Cómo va el proceso de devolución con la CCSS y el Ministerio de Hacienda?
Ya mandamos notas a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Hacienda para que se establezca el retorno.