Sofía Chinchilla C.. 11 marzo
Según Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, la huelga que protagonizaron los sindicatos costarricenses durante el segundo semestre del 2018 dejó pérdidas por ¢138.000 millones. Foto: José Cordero.
Según Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, la huelga que protagonizaron los sindicatos costarricenses durante el segundo semestre del 2018 dejó pérdidas por ¢138.000 millones. Foto: José Cordero.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció a favor de una propuesta del diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, que permitiría a los jueces disolver sindicatos que promuevan y organicen bloqueos de vías durante las huelgas.

Dicha medida es parte de los cambios que se proponen en el proyecto de ley para regular los movimientos de protesta, al cual se refirió este lunes Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, durante una audiencia en la Asamblea Legislativa.

“Cada persona que genera una violación del derecho de otros debe tener sanción, así ocurre en el sector privado normalmente y ocurre en todos los países a derecho”, dijo Delgado.

El Código de Trabajo ya le da potestad a los jueces laborales para disolver los gremios que intervengan en asuntos político- electorales, fomenten luchas religiosas, ejerzan el comercio, brinden información falsa a las autoridades, obliguen a algún trabajador a afiliarse o fomenten actos delictivos. La propuesta de Benavides es que a esos supuestos se agregue una nueva causal de disolución.

“Que organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”, diría el nuevo inciso del Código.

Benavides aseguró que no se eliminaría ningún gremio por un acto específico de alguno de sus asociados, sino que tendría que probarse que la organización concertó esfuerzos para bloquear vías. Por ejemplo, que se invirtieron recursos de la organización para que los huelguistas se puedan instalar en una vía pública, al proporcionarles comida o medios para protegerse de las condiciones climáticas.

El presidente de Uccaep también llamó a los legisladores de la comisión especial que estudia el proyecto de ley 21.049 a sentar responsabilidades sobre los líderes sindicales que organicen huelgas y “pierdan el control” de las mismas.

La legisladora independiente, Floria Segreda, cuestionó la viabilidad de establecer dichas sanciones, puesto que en un voto del año 2000, la Sala Constitucional se pronunció a favor de la libertad sindical.

“Creo que Costa Rica ha ido cambiando en el tiempo (...) No veo razonable cómo alguien puede generar un disturbio como los que se han generado en la huelga pasada y pueda confiar en que el fuero que le pueda confiar una sala IV le permita hacer acciones que a otros costarricenses no, en clara violación a los derechos de los otros”, respondió Delgado.

El proyecto de ley de Benavides plantea una nueva reforma al Código de Trabajo que permitiría rebajar los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales. También, subraya la ilegalidad de las huelgas en servicios esenciales y da los pasos a seguir en caso de que una huelga sea declarada legal sin que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

Contra los ‘servicios mínimos’ en sectores esenciales

Tanto Delgado como Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, se opusieron a flexibilizar la prohibición de realizar huelgas en los servicios esenciales. En opinión de ambos, en dichos servicios no debería existir ningún proceso de calificación ante la suspensión de servicios, por considerar que en cualquier caso es ilegal.

Delgado descalificó la opción de que en los servicios esenciales se garantice una operación mínima en caso de huelga.

“Esa regulación sería una relatividad, puede ser un servicio que en vez de darse en 24 horas se dé en una semana, o podría ser como en los bloqueos de carreteras, de que cada dos horas le doy chance de que pase media hora. Para ellos, eso fue un servicio mínimo, para el país fue un desastre”, alegó el dirigente de Uccaep.

La alternativa de los servicios mínimos también la planteó en ese foro Steven Núñez, ministro de Trabajo, para servicios “trascendentales”, en los cuales una suspensión prolongada implique consecuencias graves para la población.

Uccaep y la Cámara de Industrias se pronunciaron a favor de la iniciativa de Benavides, aunque hicieron recomendaciones de ajuste. Por ejemplo, pidieron que el rebajo de salarios se haga desde el primer día en que los trabajadores suspendieron labores, y no desde que el patrono solicite la calificación de la huelga. También, solicitaron que se especifique cuáles servicios son esenciales.