El Partido Acción Ciudadana (PAC) le pagó a su entonces abogado Jorge Sibaja Rodríguez, ¢103 millones por autentificar firmas de sus dirigentes en miles de documentos al parecer inexistentes.
De cara a las elecciones del 2014, Sibaja le facturó al PAC la certificación de casi 22.000 trámites ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, luego de una investigación, el TSE solo encontró 1.340 de esos documentos, menos del 10%. Sibaja, exmiembro del Tribunal Electoral Interno del PAC, cobraba ¢15.000 por cada autentificación, de los cuales se dejaba ¢5.000 y donaba ¢10.000 restantes al grupo.
Él certificaba, de manera innecesaria, solicitudes para celebrar eventos públicos, o bien, notas para hacer consultas o pedir aclaraciones a los magistrados.
Así se desprende de un informe remitido por el Tribunal al Ministerio Público, el pasado 8 de abril, el cual forma parte de la prueba del proceso judicial que se le sigue a Sibaja por, en apariencia, haber estafado al PAC.
“(En el informe del Tribunal) se detalla el modo de operar del imputado, así como otros detalles”, reconoció la Fiscalía Adjunta de San José del Segundo Circuito Judicial, en un correo electrónico a La Nación .
Según el TSE, Sibaja ideó un plan para similar y duplicar gastos en aras de recibir una paga mayor por parte del PAC.
“La actividad desplegada por el Lic. Jorge Sibaja Rodríguez podría encuadrar en una conducta ilícita de carácter fraudulenta que tuvo como objetivo inducir al PAC a error, a partir de la simulación de actos profesionales que nunca fueron ejecutados materialmente o bien, se realizaron al margen de las reglas éticas y profesionales de la profesión en Derecho”, señala el documento.
Para el TSE, el abogado solo tendría que haber cobrado ¢7 millones, el equivalente a los 1.340 trámites para los cuales sí aparecen firmas autentificadas.
No obstante, aclaró que incluso en esos trámites hubo anomalías, pues para la mayoría no se requería certificar la rúbrica o bien, porque la información solicitada era innecesaria.
Prueba de ello, es que, en 397 ocasiones, Sibaja solicitó una copia certificada de padrones-registro y los documentos nunca fueron retirados.
En total, Sibaja facturó ¢334 millones, de los cuales se le depositaron ¢117 millones. En el monto girado se incluyen ¢7 millones que se le pagaron por un contrato de asesoría jurídica, otros ¢7 millones por documentos que sí certificó y los ¢103 millones por las miles de autentificaciones inexistentes. Los restantes ¢217 millones fueron donados en especie al partido ahora en el poder.
En el Ministerio Público, la causa contra el exasesor jurídico del PAC se encuentra en la fase de investigación y de recolección de pruebas, tras una denuncia presentada por el anterior Comité Ejecutivo del PAC, el 25 de setiembre del 2014 .
Esa cúpula era integrada por la actual ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, como secretaria general; el exdiputado Olivier Pérez, como presidente, y por la embajadora en Ecuador, Leda Zamora (tesorera).
A ese Comité, pero en particular a Sánchez –debido a que fue quien gestionó la mayoría de los documentos autentificados–, el TSE le achaca haber obviado “las reglas básicas atinentes al deber de cuidado”, pues los controles de fiscalización al trabajo de Sibaja fueron nulos.
Al respecto, Sánchez dijo que no se iba a referir pues desconocía el informe del Tribunal.
Proceso judicial. A la fecha, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Sibaja en un banco del cual ya recibió el respectivo informe, al tiempo que entrevistó a 10 testigos e interrogó al imputado hace cinco meses.
“El encartado fue indagado el 6 de noviembre del año 2015 y, tras analizar sus arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar establecidos por ley), se encuentra sujeto al proceso penal en libertad, sin medidas cautelares”, precisó el Ministerio Público.
La actual presidenta del PAC, Margarita Bolaños, aseguró que, si bien la denuncia la presentó el anterior Comité Ejecutivo, existe un acuerdo de la Asamblea Nacional para que el Partido asuma la querella contra Sibaja.
“Desde que asumimos el Comité Ejecutivo, sabíamos que el caso estaba en trámite; sé que está en proceso de investigación, pero no sé más detalles (…). Es el Partido el que está asumiendo este proceso”, indicó Bolaños.
La Nación intentó obtener una reacción de Sibaja, pero no respondió a las consultas enviadas a su correo electrónico.