Natasha Cambronero.   30 mayo
La casa que funcionó como sede de campaña del Partido Restauración Nacional antes de la segunda ronda electoral del 1.° de abril del año pasado se ubica en Sabana Norte, cerca del antiguo restaurante El Chicote. Foto: Rafael Pacheco

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció ante el Ministerio Público la supuesta donación ilegal del alquiler de la sede de campaña que Fabricio Alvarado, otrora candidato de Restauración Nacional (PRN), tuvo en Sabana Norte, San José, durante dos meses, previo a la segunda ronda del 1.° de abril del 2018.

Se trata de la tercera denuncia que el órgano electoral envía a la Fiscalía por aparentes delitos electorales en el financiamiento de la campaña presidencial de Alvarado.

De acuerdo con el TSE, el pago de ese arrendamiento se hizo desde la cuenta bancaria de la sociedad anónima One Sports Costa Rica, a pesar de que el Código Electoral prohíbe las contribuciones de personas jurídicas, ya sea con dinero en efectivo, o bien, en especie.

La nueva denuncia consta en el expediente judicial 18-000075-1218-PE, el cual se tramita en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), confirmó la oficina de prensa de esa entidad.

"En dicha causa se encuentran en estudio los informes y la prueba presentada por el TSE”, informó en un correo electrónico.

Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, también confirmó el envío del informe, el pasado 26 de abril, y agregó que fue ante una solicitud expresa del Ministerio Público y que no podía brindar más detalles por un principio de confidencialidad.

“Efectivamente se han remitido tres informes ante requerimiento cursado por la Fiscalía a este departamento. La última remisión tuvo lugar el pasado 26 abril. Este informe versa sobre la presunta donación de una persona jurídica del pago del arrendamiento de la casa de campaña ubicada en La Sabana”.

“No puedo brindar detalles sobre el informe porque está protegido por el velo de confidencialidad”, insistió Chacón.

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Los hechos denunciados

Sin embargo, según el informe DFPP-IE-PRN-002-2019 –del cual La Nación tiene copia–, la donación en especie del arrendamiento de la sede de campaña del PRN en Sabana Norte, fue realizada por la firma One Sports Costa Rica, cuyo representante legal es Juan Carlos Campos, entonces jefe de campaña de Fabricio Alvarado.

El TSE llegó a esa conclusión con base en el contrato de alquiler donde consta que la arrendataria fue dicha sociedad anónima.

Además, en la cuenta corriente de la dueña de la propiedad, Flora Masís Acosta, en el banco Promerica, aparece que el dinero del alquiler provino, mediante una transferencia electrónica, desde una cuenta de One Sports.

“Esta situación evidencia una donación de persona jurídica, en clara contravención de lo dispuesto en el numeral 128 del Código Electoral, el cual prohíbe a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad, realizar directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes en dinero o en especie para sufragar los gastos de alguna agrupación política”, señala el informe del Tribunal.

La legislación electoral, en el artículo 274, sanciona con penas de dos a cuatro años de cárcel “a quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político”.

El inmueble es una vivienda de dos plantas, de 350 metros cuadrados de construcción, en Sabana Norte, cerca del antiguo restaurante El Chicote, que dispone de cinco cuartos, sala, comedor, patio, cocina, cuarto de servicio, bodega y espacio para estacionar siete vehículos.

Préstamo con la empresa

En total, One Sports hizo un único desembolso de $3.900 (¢2,3 millones, al tipo de cambio actual), por el alquiler de febrero y marzo del 2018, los dos meses que antecedieron los comicios del 1.° de abril.

Tras ser interpelado por el TSE sobre ese depósito, el representante legal de la compañía, Juan Carlos Campos, alegó que se trató de un préstamo entre él y su empresa, y que él reintegró ese monto a la cuenta de la sociedad.

"No omito indicar que yo en lo personal asumí el pago de la casa de campaña. Por eso, lo reporté como donación personal, a pesar de que, como medio de pago, en su momento utilicé cuentas de mi compañía, lo cual es totalmente normal para mí dado que es una sociedad de mi exclusiva propiedad, sin otros accionistas ni actividades más que las que yo desempeño, por lo cual usualmente la uso para realizar pagos míos.

“(...) Lo de la casa de campaña decidí donarlo en lo personal, por lo cual reintegré a mi sociedad ese gasto y lo reporté a la Secretaría del partido como una donación”, consignó Campos en una nota remitida al TSE, el 29 de noviembre del 2018.

No obstante, el Tribunal señala en el informe remitido a la Fiscalía que “no existen elementos de juicio que permitan comprobar esa versión, como por ejemplo, el contrato de préstamo, movimientos de cuenta bancaria o estados financiero-contable de la citada persona jurídica, entre otros documentos idóneos”.

Además, el órgano electoral considera que Campos intentó inducirlos a error, porque, en primera instancia, él adujo que el dinero con el que pagó el alquiler provino de su patrimonio y fue hasta después que reconoció que el dinero salió de la cuenta de su compañía y que se trataba de un crédito.

“Del comportamiento del señor Campos Hernández se desprende la intencionalidad de generar opacidad e invisibilizar la donación de persona jurídica, quebrantando los principios de publicidad y transparencia que permean el financiamiento de los partidos políticos”, apunta el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

Consultada por el informe remitido al Ministerio Público, Gloriana Valladares, abogada de Campos, afirmó desconocer el contenido de ese documento y añadió que su cliente todavía no ha sido indagado.

"La Fiscalía no ha puesto en conocimiento qué hechos está investigando de manera formal, entonces, desde esa perspectiva pues, para aclarar que, aunque él está vinculado obviamente en el proceso, no se ha hecho ninguna diligencia formal a esos niveles.

"En cuanto a lo que usted está señalando (la denuncia por la donación del alquiler), yo en este momento no podría referirme de forma detallada porque esa parte, por lo menos, no la conozco. Sin embargo, tomando en consideración que este proceso está en ciernes, apenas está iniciándose, es muy razonable que, tanto a nivel de Fiscalía como del TSE, no se tengan todos los insumos que corresponden. El TSE hace sus diligencias, pero es razonable que no tenga toda la información, porque nosotros no hemos participado de ninguna forma en esas diligencias.

“Lo que hace el TSE es una investigación, de alguna manera, parcial porque no nos da a nosotros parte, entonces es muy razonable que ellos emitan un dictamen sin tener todos los insumos, toda la información y toda la prueba que corresponde, por eso es que ellos lo remiten al Ministerio Público para que ahí se haga la investigación”, declaró Valladares.

Las otras dos denuncias

Bajo ese mismo expediente que se investiga la donación de este alquiler, el 18-000075-1218-PE, también se indaga una presunta estructura paralela de financiamiento en la campaña de Alvarado, la cual habría operado al margen de los controles del partido y de la legislación electoral.

Sobre ese particular se trató la segunda denuncia que el TSE envió al Ministerio Público, a principios de marzo pasado.

Mientras, el primer informe data del 31 de julio del 2018 y fue por el aparente uso de un “testaferro” para ocultar los verdaderos donantes de dos viajes en helicóptero de Fabricio Alvarado. Esa causa se tramita bajo el expediente 18-000106-1218-PE.

“Ambos expedientes se encuentran en la fase preparatoria de la investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas; debido a que esta etapa es privada para terceras personas, no es posible brindar mayor información al respecto, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Los otros dos casos
En el expediente judicial aparece esta fotografía con billetes dentro de una bolsa. De esta forma, según la denuncia, llegaba el dinero a la sede de campaña de Restauración Nacional.

Estructura paralela. El 1.° de marzo del 2019, el Tribunal entregó una segunda denuncia a la Fiscalía, en esta oportunidad relacionada con una aparente estructura paralela de financiamiento que fungió al margen de los controles que establece el Código Electoral y las regulaciones partidarias.

En esa oportunidad, el TSE adjuntó el testimonio de una persona que trabajó en el corazón de la campaña de Fabricio Alvarado y que aseguró haber visto cómo el comando recibía dinero en efectivo, principalmente en fajos de $1.000, para pagar proveedores y empleados sin que ese flujo de recursos conste en los registros que exige la legislación electoral para conocer el origen de los fondos.

También aportó otro relato donde se señala la convocatoria de cenas de recaudación en hoteles y restaurantes capitalinos, en las que habría participado Fabricio Alvarado, aunque el partido le reportó al TSE donaciones por menos de ¢7 millones en efectivo y ¢12,7 millones en especie.

A su vez, el TSE encontró tres proveedores que confirmaron haber recibido $96.000 (¢59,5 millones) en efectivo sin que aparecieran en los registros del partido.

El informe del TSE DFPP-IE-D-PRN-001-2019, atribuye el movimiento del dinero al jefe de campaña, Juan Carlos Campos, y al cercano colaborador de Fabricio Alvarado, el abogado Jonatán Picado. Ambos alegan que todo lo que se dice, es falso.

“En la casa de campaña (en Sabana norte, San José) se manejaba mucho dinero en efectivo. Jonatán Picado traía las bolsas de dinero en efectivo a la casa de campaña y siempre era en dólares (…). Ingresaba con bolsas negras del BAC y el dinero venía en paquetes de $1.000”, afirmó una exempleada de Restauración Nacional de apellido Fernández, quien era una cercana colaboradora de Juan Carlos Campos.

La versión de ella coincide con la que también brindaron al TSE el primo de Fabricio Alvarado, Luis Alonso Naranjo, y su esposa, Paula María Lucas, quienes fueron proveedores y cercanos colaboradores de la campaña en la parte de producción, gestión prensa y manejo de agenda del candidato.

Naranjo dijo que “algunos días me tocaba llegar a la casa de campaña para ver algunos temas y me sentaba en la sala principal de reuniones y observaba a Jonatán Picado contando dinero en efectivo y yo procedía, en son de broma, a hacer comentarios tipo ‘vos invitás al almuerzo’. Y procedí a preguntar cómo estaba el estatus de mis servicios, a lo que él me respondía ‘esta semana sin falta te resuelvo’. Me pareció interesante que él fuera ahora la persona encargada de resolver, pues nunca tuve claro quién era el tesorero de la campaña”.

Mientras, Paula Lucas le relató al Tribunal: “Jonatán le decía a Juan Carlos Campos que había conseguido equis monto de dinero”.

“No podemos precisar los orígenes de estos recursos. Por lo menos en tres ocasiones pude ver a Jonatán contando dinero en una mesa en la casa de campaña, pude ver cómo se realizaban pagos a funcionarios de la casa (de campaña)”, declaró Naranjo.

En esta fotografía tomada el 18 de febrero, en Costa de Pajaros, se observan los dos helicópteros en que viajó Fabricio Alvarado y personeros del PRN.

Viajes en helicóptero. El 31 de julio del 2018, el TSE envió al Ministerio Público un primer informe en el que denuncia que la campaña del PRN habría utilizado un “testaferro” para ocultar a los verdaderos donantes de dos viajes en helicóptero de Fabricio Alvarado y parte de su equipo de trabajo.

Inicialmente, el partido reportó ante el TSE, que un ganadero de nombre Paulo Rodríguez Herrera fue el donador de dos viajes que salieron desde el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, rumbo a Costa de Pájaros, isla Chira y Jicaral, en Puntarenas, y que después retornaron a Pavas, en helicópteros de la empresa aérea Heliservicios Aerobell.

Rodríguez adujo que él pagó esos viajes en efectivo, con un dinero que su mamá le facilitó. En específico, citó un retiro de ¢2.158.000 que ella hizo en Coopenae R. L., por concepto de “devolución por renuncia”.

Sin embargo, el Tribunal detectó que de los $3.770 (¢2.254.460 al tipo de cambio actual) que costaron los viajes, $2.130 (¢1.273.740) fueron desembolsados por dos sociedades anónimas, lo cual está prohibido por el Código Electoral, e incluso es penado con cárcel.

De acuerdo con el órgano electoral, esos giros se hicieron mediante transferencias electrónicas a la cuenta de la empresa aérea en el Banco de Costa Rica (BCR), desde dos cuentas bancarias distintas. Uno por $1.250 y el otro por $880.

Ninguna de esas dos cuentas está ligada a Paulo Rodríguez, sino a dos sociedades anónimas totalmente ajenas a él: Inversiones Goldcafé y Punta Gabriela de Dominical.

Además, halló que los $1.640 (¢980.720) restantes fueron depositados por un mensajero de Aerobell y no por Rodríguez, hecho que hace dudar al órgano electoral sobre el origen real de los recursos.

“Los hallazgos permiten visualizar que este testaferro (Paulo Rodríguez Herrera) facilitó su nombre con el objetivo de encubrir el delito relacionado con la prohibición estipulada en el numeral 128 del Código Electoral, prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas”, señala el informe DFPP-IE-PRN-002-2018.