Silvia Artavia. 13 febrero
El pasado 29 de enero, el Gobierno anunció que separaría del cargo a seis funcionarios de la entidad. Foto: Rafael Pacheco.
El pasado 29 de enero, el Gobierno anunció que separaría del cargo a seis funcionarios de la entidad. Foto: Rafael Pacheco.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó una solicitud de seis directivos suspendidos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de ser reinstalados en su puesto de inmediado sin que mediara una audiencia para comparecer sobre su caso.

Se trata de los funcionarios a quienes el Gobierno separó de sus cargos el pasado 29 de enero, por presuntas irregularidades en el pago de censantías a empleados y en el nombramiento del gerente general de la entidad.

Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro, Irma Pérez Guevara, Eugenia Gutiérrez Castro, Ruth Martínez Cascante y José Mario Jara Castro pidieron, ante la instancia judicial, una medida cautelar provisionalísima, la cual se aplica en casos de extrema urgencia y tiene la particularidad de que se puede aplicar sin llamar a audiencia a la parte contraria.

No obstante, el Tribunal rechazó la solicitud al considerar que la gestión de los directivos no era de extrema urgencia.

“Considerando la documentación aportada al expediente y lo manifestado por la parte actora, es preciso dar audiencia a la parte contraria para, con el panorama completo, resolver lo que en derecho corresponda. De ahí que no procede conceder la medida cautelar en forma provisionalísima”, dice el pronunciamiento de la instancia judicial.

Los supuestos ilícitos

En cuanto a los presuntos nombramientos irregulares, se investiga si los directivos habrían designado a Jaime Palermo Quesada como gerente general del ICE sin que él contara con los requisitos técnicos y de idoneidad para el puesto.

Otra de las razones que pesó en la separación fue el supuesto pago indebido de cesantía a 36 empleados de la institución quienes fueron trasladados a Radiográfica Costarricense (Racsa), una de las subsidiarias de la empresa de telecomunicaciones. Según la Procuraduría General de la República, el pago no procedía por tratarse de una empresa del mismo grupo.