Tres bancadas traban avance de reforma para destituir diputados por faltas éticas

Diputados de Renovación Costarricense, PASE y PUSC rompieron un acuerdo que pretendía darle trámite a la reforma constitucional que permitirá destituir a diputados por faltas éticas y de corrupción.

Luego de dormir en la agenda legislativa por casi tres años, un acuerdo de jefes de fracción en la tarde de este miércoles intentó que el proyecto recibiera el visto bueno de admisibilidad de parte del plenario, para que pudiera ser conocido en comisión legislativa.

Sin embargo, la intervención del pastor y diputado de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel, dio al traste con el acuerdo.

A esto se sumó el hecho de que diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Accesibilidad Sin Exclusión y el ahora independiente (antes del Frente Amplio), Carlos Hernández, se apuntaran en el uso de la palabra, lo que impidió que se conociera el avance de la reforma constitucional.

Se trata del proyecto de ley con el expediente 19.117, presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, desde el 1.° de mayo del 2014.

Dicho plan permite la creación, por ley, de un régimen disciplinario para los diputados, cuyo mayor extremo es la pérdida de credenciales de los parlamentarios a los que se les prueben actos graves en contra de la probidad en la función pública.

El presidente del Congreso, Antonio Álvarez, lamentó la posición de Esquivel y de los diputados del PUSC, al señalar que se rompió el pacto para dejar avanzar la propuesta.

"La presidencia decretó un receso y llamó a los jefes de fracción para que votáramos la admisión del proyecto de ley de pérdida de credencial de diputados por violaciones al principio de probidad.

"Es un proyecto de ley en el cual la Asamblea Legislativa tiene siete años de atraso. Los jefes de fracción y la diputada independiente Carmen Quesada, estaban de acuerdo, pero el partido Unidad y el diputado Abelino Esquivel defendieron su derecho a hablar y por eso no se pudo votar", dijo Álvarez Desanti.

Agregó que no se dio ninguna explicación de parte de los diputados para oponerse a la admisión de la reforma, y que no permitieron la votación.

El legislador del PUSC, Luis Vásquez, defendió a su bancada. Recalcó que ante la posición de Abelino Esquivel de hacer uso de la palabra, el acuerdo de no hablar para permitir el avance de la reforma, había perdido sentido.

"La Unidad siempre ha estado a favor de aprobar proyectos de probidad. Hoy había una supuesta negociación de bancadas, pero no se dio, porque diferentes bancadas empezaron a anotarse (en el uso de la palabra); se anotaron diputados del Frente Amplio y de Renovación Costarricense", dijo Vásquez.

Sin embargo, la pantalla del plenario reveló que ningún diputado del Frente Amplio se anotó. Quien sí lo hizo fue Esquivel, el independiente Carlos Hernández, además de Oscar López, del PASE, y Vásquez, del PUSC, junto a su compañera de bancada, Rosibel Ramos.

Pese a insistir en que en el PUSC están a favor de la iniciativa, Vásquez también se tomó el tiempo de defender a Esquivel.

"No es culpa de Abelino, simplemente él tiene el derecho de hablar y él en todo momento dijo “voy a hablar”. Al hablar media hora, los demás nos anotamos para poder hablar a futuro", agregó el socialcristiano.

¿De qué probidad estamos hablando?", dijo Esquivel al cuestionar la propuesta de ley en el plenario, al tiempo que pidió que se diera atención a otros temas.

Incómodo.

El diputado del PAC, Ottón Solís, se mostró incómodo, tanto por la actuación de la Unidad y de Esquivel, como por el interés de Álvarez en el tema, luego de que el proyecto permaneciera fuera del radar del PLN durante años.

"Antonio Álvarez no ha impulsado el proyecto, y ahora, cuando sabe que ya no se puede aprobar en esta legislatura, y es candidato presidencial, quiere crear la imagen de que lo está impulsando, y ni él, ni otros diputados de partidos tradicionales y partidos nuevos, no creen en esto. Tienen todo el derecho a no creer en esto, pero que lo digan con transparencia", dijo Solís.

En cuanto a la posición de Esquivel, criticó el papel de políticos religiosos en la toma de decisiones y poder.

"Una vez más, líderes religiosos, católicos, cristianos y musulmanes, han demostrado que son un estorbo. O matan indios para robarles, o impiden que avancen temas de valores, como este", afirmó.

Marco Vinicio Redondo, también del PAC, cuestionó la posición de los legisladores de entorpecer el avance de la reforma constitucional.

"Estamos en deuda con el país, porque transformamos las sesiones plenarias de los miércoles en días totalmente improductivos. Se trata de una desfachatez", aseguró Redondo.

¿Por qué es importante esto?

La reforma constitucional es una orden de la Sala IV, planteada en la sentencia 2010-11352 del 29 de junio del 2010, en la cual los magistrados ordenaron al Congreso reformar la Constitución Política y el Reglamento de manera que se incluya la violación al deber de probidad como causal de retiro de credenciales.

La condena se dio ante una acción presentada por la hoy exdiputada Maureen Ballestero, con la que frenó un proceso de destitución en su contra, luego de que se hiciera público que en abril del 2009 utilizó una avioneta del Ministerio de Seguridad para viajar desde el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, a la ciudad de Liberia, en Guanacaste, para asistir a una asamblea cantonal del PLN.

En ese momento, los magistrados determinaron que solo el plenario legislativo podía castigar a Ballestero con el retiro de credenciales, en virtud de los alcances de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, pero advirtieron de que para ello era necesaria una reforma constitucional que así lo permitiera.

¿Cómo se aprueba una reforma constitucional?

La reforma constitucional es objeto de un largo proceso legislativo, en el cual los diputados están obligados a incluir el criterio del Poder Ejecutivo para permitir su discusión.

Este es el caso de la proposición de reforma constitucional contenida en el expediente 19.117, que se encuentra en el proceso de admisión.

Esto implica que los diputados deben aprobar o no que el proyecto inicie su discusión y se traslade a una comisión especial para que se rinda un dictamen en un plazo de 20 días hábiles.

Una vez dictaminado, el expediente vuelve al plenario, donde debe ser aprobado en primer debate. En caso de ser aprobado, sería remitido a consulta constitucional de forma obligatoria, donde los magistrados tienen un mes para pronunciarse.

Si el fallo es favorable, los diputados pueden aprobarlo en segundo debate. Esto correspondería apenas a su aprobación en una primera legislatura.

El siguiente paso sería que el presidente de la República anuncie, en su informe de labores del 2 de mayo, la anuencia del Poder Ejecutivo a reformar la Constitución en este sentido.

Concluida esa etapa, se iniciaría la discusión en segunda legislatura, con la votación del proyecto en tres debates legislativos en el plenario. De aprobarse las tres veces en la segunda legislatura, se daría por aprobada la reforma constitucional, explicó el asesor parlamentario Edel Reales.

No obstante, el tiempo marcha en contra de este proyecto, pues si no se pasa el proceso de la primera legislatura antes del 2 de mayo, es prácticamente imposible que el informe del presidente mencione la reforma legal, lo que la estancaría y la dejaría para que los diputados que inician labores en el 2018, sean los que definan su futuro.