El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, afirmó que el tope a las jubilaciones de lujo, que se debate este jueves en la Sala IV, permitiría al país ahorrar unos ¢52.000 millones anuales, lo que equivale a un 12% de lo que se pretende recaudar con la reforma fiscal.
Así lo afirmó Mora durante la audiencia que el tribunal constitucional celebró para escuchar a los oponentes y a los defensores del decreto emitido en el 2014 para imponer un tope de ¢2,6 millones a las jubilaciones de lujo, pues actualmente algunas superan los ¢10 millones.
Sin embargo, el magistrado Fernando Castillo le cuestionó el origen del dato, pues aseguró que a él los cálculos le daban ¢6.000 millones. De hecho, le solicitó precisar los cálculos al tiempo que pidió ayuda de los técnicos del Poder Judicial en esta materia.
El decreto del 2014 sobre el tope de las pensiones fue emitido con base en una ley de 1998, pero fue suspendido por la Sala IV hace cuatro años a raíz de acciones de inconstitucionalidad.
El límite recaería sobre las pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, así como el sistema de Reparto del Magisterio.
En estos regímenes, existen casi 3.000 pensiones de lujo superiores a ¢2,5 millones, de las cuales unas 2.300 son del Magisterio y 680 de Gobierno y Asamblea.
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En promedio, cada beneficiario tiene una jubilación de ¢3,8 millones, pero recibe una media de ¢2,6 millones tras las deducciones.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó que las pensiones con cargo al Presupuesto se comen el 22% de los ingresos recaudados en impuestos por el país, lo que equivale a más de ¢1 billón.
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A su vez, el director de Pensiones precisó que imponer el tope de ¢2,6 millones permitiría ahorrar ¢52.000 millones aplicándolo a cinco regímenes.
Explicó que solo el 2% de los pensionados con cargo al Presupuesto Nacional recibe más de ¢3 millones mensuales, pero que estos acaparan el 14% del monto destinado para ese fin.
Otro 15%, en cambio, recibe menos de ¢250.000 mensuales dijo.
Añadió que el problema es que los sistemas son deficitarios, es decir, que no existen cotizaciones para respaldarlas. Se financian en un 8% con aportes y en un 92% con recursos del Gobierno.
Para ilustrar el costo de las altas pensiones, explicó que, para acceder a una estas actualmente, una persona tendría que cotizar el 35% del salario durante 30 años.
“Hemos creado un régimen desigual inequitativo y esto ha permeado sus bases, porque tienen dos tipos de sostenibilidad, contable y social. “La sostenibilidad social ha ido perdiendo filiación en el país y ha creado un problema de legitimidad. Estamos quedándonos muy cortos para mantener la estabilidad contable de los regímenes con cargo al presupuesto”, expuso.
“No podemos recargar absolutamente todo en los afiliados, aun así el tema sí tiene un tema amplio de razonabilidad”, agregó.
¿Quiénes son estos pensionados?
Casi la mitad de las pensiones de lujo proviene de las universidades públicas. Un total de 1.733 provienen de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED.
La mayor parte viene de la Universidad de Costa Rica (UCR), de donde salieron 975 de estas jubilaciones. Muchos provienen de puestos de catedráticos, por ejemplo.
En las U públicas, la pensión promedio es de ¢3,4 millones y, en la UCR, de ¢4,1 millones. Tras las deducciones, tales montos pasan a ¢2,7 millones y ¢2,9 millones, respectivamente.
Las jubilaciones universitarias incluso superan las del Poder Judicial, entidad que, en promedio, cancela las pensiones netas más costosas del país. Sin embargo, ni estas ni las del régimen de Capitalización del Magisterio serían tocadas por el tope que se discute en Sala IV, pues no les alcanza la ley de 1998.
Quien ostenta la pensión más alta en el país es Bernardo Montero Bolaños, un excatedrático de la UCR. Él recibe un monto bruto de ¢12 millones y uno neto de ¢9,2 millones.
En el caso del régimen administrado por el Ministerio de Trabajo, la mayor cantidad de pensionados proviene de la Asamblea Legislativa (124 personas).
No obstante, allí quienes más dinero reciben provienen de bancos como el Nacional (BN) y el Popular (BP), así como de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las pensiones de las universidades públicas son parte del régimen del Magisterio, de donde proviene la mayoría de las jubilaciones de lujo.